La minería santacruceña atraviesa un momento de redefinición estructural. Con una participación del 80,5% en las exportaciones mineras del país y un valor que superó los 1.789 millones de dólares en 2024, la provincia continúa siendo el principal polo extractivo de Argentina. Sin embargo, el sector enfrenta varios desafíos simultáneos: la madurez de sus yacimientos, la contracción nacional del empleo minero y la entrada en vigencia de nuevas normativas que transforman la relación entre capital, trabajo y territorio.
En el plano nacional, la Ley 27.742 —parte del paquete de la Ley Bases— busca introducir reformas sustanciales a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Ampliar los períodos de prueba hasta un año en empresas pequeñas, habilitar el Fondo de Cese Laboral como alternativa al sistema indemnizatorio y eliminar multas por registración deficiente. En conjunto, estas medidas reducen los costos judiciales y buscan ofrecer a los inversores previsibilidad y flexibilidad en la contratación.
Para el sector minero, donde la formación técnica y los entornos operativos son de alta especialización, esta reforma representa una oportunidad de gestión más eficiente del talento. Sin embargo, el impacto directo dependerá de la negociación colectiva con gremios como AOMA, ASIJEMIN y ASIMRA entre otros, quienes podrían condicionar la adopción del Fondo de Cese a mejoras salariales o garantías adicionales.
RIGI y 90/10: dos modelos en pugna por el futuro del empleo minero
En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer capitales con estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria. Pero su aplicación en Santa Cruz choca con un marco local más restrictivo: la Ley 3141 modificada, conocida como Ley 90/10, que eleva la obligación de empleo local al 90% y exige seis años de residencia efectiva para los trabajadores.
El gobernador Claudio Vidal impulsó esta modificación con un objetivo claro: blindar el empleo provincial y evitar que los beneficios de la minería se concentren fuera del territorio. El Ministerio de Trabajo santacruceño implementó controles estrictos, incluyendo el sistema SIREL y operativos en rutas, para fiscalizar el cumplimiento.
Desde la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), en tanto, se advierte que esta medida resulta de “difícil cumplimiento” en roles técnicos y gerenciales, donde la escasez de talento local es estructural. El organismo sostiene que el 90/10 podría “elevar los costos y desalentar nuevas inversiones”, afectando la competitividad frente a provincias como San Juan o Catamarca, donde las condiciones de contratación son más flexibles.
Frente a esta tensión, la provincia creó un subrégimen RIGI, que establece un esquema de 60% de empleo provincial y 30% local para proyectos que ingresen bajo ese marco federal. Se trata de un intento de equilibrio: permitir el ingreso de grandes capitales sin renunciar al control social sobre el empleo.
En términos legales, los analistas advierten que la superposición entre las leyes nacionales (RIGI y 27.742) y la normativa provincial (90/10) podría derivar en conflictos de jerarquía normativa, dado que la legislación laboral es materia federal, pero el desarrollo industrial y territorial es competencia provincial.
El resultado es un entorno dual: a nivel nacional, la flexibilización busca reducir la litigiosidad y los costos judiciales; a nivel provincial, la protección laboral eleva las exigencias de cumplimiento y el costo de gestión de personal. En conjunto, esto configura un nuevo “premium de riesgo” para la inversión minera en Santa Cruz, que podría impactar en la radicación de los 25 proyectos actualmente en evaluación.
El desafío, coinciden las cámaras y los gremios, será encontrar un punto de equilibrio entre previsibilidad empresarial y desarrollo local genuino. Para las operadoras, esto implica invertir en capacitación técnica santacruceña, fortalecer el compliance laboral y sostener un diálogo institucional fluido con el gobierno y los sindicatos.
Resulta esencial comprender que tanto el RIGI como el principio del 90/10 no deben interpretarse como posturas enfrentadas, sino como mecanismos que, correctamente articulados, pueden fortalecer la competitividad del país y la sustentabilidad de las comunidades mineras de Santa Cruz. Argentina necesita atraer inversiones, pero también garantizar que los beneficios productivos, laborales y fiscales se traduzcan en desarrollo regional. La minería es una de las pocas actividades capaces de lograr ese equilibrio, siempre que exista una visión estratégica compartida entre Nación, provincias y empresas, donde el crecimiento sea medido no solo por las exportaciones, sino también por el fortalecimiento del tejido local.
