Un relevamiento sobre la distribución de los tributos derivados de la actividad minera en Argentina volvió a poner en discusión la equidad fiscal entre Nación y las provincias productoras. Según los datos difundidos, de cada 100 pesos que recauda la minería en el país, el 75% queda en manos del Tesoro Nacional, mientras que las jurisdicciones donde se produce el recurso apenas perciben el 22%, y los municipios con operaciones mineras solo el 3%.
En este esquema, Santa Cruz, primera provincia exportadora del país y líder en minas activas en producción —con yacimientos como Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Don Nicolás, Cerro Moro y Minera Santa Cruz —, concentra una porción significativa de la generación de riqueza minera nacional, pero recibe una participación fiscal que muchos actores consideran desproporcionada frente a su aporte real.
El Impuesto a las Ganancias, con una alícuota del 35% sobre utilidades netas, representa el tributo de mayor peso en la recaudación minera. Este impuesto está incluido en la Ley de Coparticipación Federal (23.548), que distribuye los recursos entre Nación y provincias. Sin embargo, el reparto se realiza por una fórmula general que no distingue el origen del mineral ni privilegia a las provincias productoras, lo que diluye el impacto económico directo en Santa Cruz.
En segundo término se ubica el IVA, con tasas del 10,5% o 21%, que si bien es recuperable en las exportaciones, constituye una fuente relevante para el fisco nacional. A esto se suman los derechos de exportación —actualmente reducidos a 0% para la mayoría de los minerales, excepto litio y plata que mantienen una alícuota del 4,5%—, los derechos de importación (0% a 14%), el impuesto a los débitos y créditos bancarios (1,2%) y las contribuciones a la seguridad social, que en conjunto configuran un esquema tributario de alta carga concentrado en la órbita nacional.
En el ámbito provincial, el principal instrumento recaudatorio es el de las regalías mineras, fijadas por la Ley de Inversiones Mineras con un tope del 3% del valor boca de mina. No obstante, provincias como Santa Cruz aplican adicionales de hasta el 3,5%, junto a impuestos locales como ingresos brutos, inmobiliario y cánones por hectárea concesionada. También existen fondos y fideicomisos específicos, como el Fondo Minero Provincial en San Juan o los fideicomisos de desarrollo local en Santa Cruz, que buscan canalizar parte del beneficio económico hacia las comunidades cercanas.
En el caso de los municipios, la participación es marginal. Las tasas de inspección, seguridad e higiene representan entre 0,5% y 2% de la facturación local, con diferencias según ordenanzas y nivel de actividad. En localidades santacruceñas como Perito Moreno, Puerto San Julián, Gobernador Gregores o Puerto Deseado, donde la minería es motor de empleo y actividad económica, la baja participación en la recaudación total se traduce en una menor capacidad para acompañar el crecimiento urbano e infraestructura vinculada a la minería.
El debate por una distribución más equitativa se reaviva en un contexto donde Santa Cruz aporta más del 45% de las exportaciones metalíferas del país y encabeza los indicadores de producción aurífera. Desde distintos sectores económicos y políticos de la provincia se plantea que, si bien la Nación concentra los tributos principales, las jurisdicciones productoras asumen los costos sociales, ambientales y logísticos de la actividad, sin recibir un retorno proporcional.
En ese sentido, el reclamo por una mayor participación provincial y municipal en la renta minera aparece como una demanda estructural del federalismo argentino. Mientras tanto, Santa Cruz continúa liderando la producción nacional, sosteniendo su papel como columna vertebral de la minería argentina, pero con una distribución fiscal que aún no refleja el peso real de su aporte.
