Santa Cruz sigue consolidada como el eje central de la minería argentina. Durante 2024, la provincia concentró el 80,5 % de las exportaciones mineras nacionales, totalizando US$ 1.789 millones, reflejo de la solidez de su base productiva y del potencial geológico del Macizo del Deseado. Sin embargo, la dinámica del sector enfrenta hoy nuevas variables: la reciente sanción de la Ley 90/10, que prioriza empleo local, y un contexto electoral que condiciona la implementación normativa y la percepción de riesgo regulatorio, generando tensiones entre desarrollo económico, competitividad y justicia social.
La base productiva de la provincia se sustenta en operaciones de clase mundial. Cerro Negro, de Newmont, confirmó una inversión de US$ 540 millones para extender la vida útil del proyecto hasta 2034, operando tres subniveles activos y desarrollando los depósitos Emilia y San Marcos. Además, implementó la primera operación remota de máquinas subterráneas de Newmont en Sudamérica, un hito tecnológico. San José, de Hochschild Mining, mantiene un procesamiento diario de 1.700 toneladas, con 10.270 miles de onzas de plata equivalente (Ag Eq) en 2024, aunque la ley promedio del mineral bajó de 369 g/t en 2022 a 253 g/t en 2024, reforzando la necesidad de campañas exploratorias que repongan reservas de alta ley.
Don Nicolás, de Cerrado Gold, produjo 11.163 onzas equivalentes de oro en el primer trimestre de 2025 y proyecta alcanzar entre 55.000 y 60.000 GEO anuales hacia octubre de 2025, mientras ejecuta un plan de perforación de 20.000 metros y optimiza su mina subterránea. Cerro Vanguardia, de AngloGold Ashanti, avanza en la etapa de cierre tras más de US$ 2.100 millones invertidos, presentando su Plan de Cierre de Minas ante la autoridad provincial y reportando a través de la plataforma digital CyMA Santa Cruz, un modelo que establece estándares en gobernanza ambiental y licencia social.
A estos proyectos se suma Cerro Moro, operado por Pan American Silver, que combina explotación a cielo abierto y subterránea. La empresa acordó con el gobierno provincial, mediante FOMICRUZ, una inversión de US$ 4 millones destinada a extender la vida útil del yacimiento Bahía Laura y fortalecer la exploración en esta zona estratégica al este de Tres Cerro. Desde su inicio en 2018, Cerro Moro ha sido un motor económico para Puerto Deseado y localidades cercanas, y la articulación público-privada refuerza un modelo que integra capital privado, recursos estatales, empleo local y compromiso comunitario.
El crecimiento futuro de Santa Cruz se apoya en la exploración junior, que atrae inversiones principalmente de Canadá y Australia. Unico Silver Limited, con sus proyectos Joaquín y Cerro León, ejecuta un plan agresivo de perforación de 30.000 metros, con otros 20.000 proyectados hasta marzo de 2026, buscando alcanzar más de 200 millones de onzas de plata equivalente globales, lo que podría convertirlos en un objetivo estratégico para grandes corporaciones. Paralelamente, el proyecto Virginia, operado por Mirasol Resources mediante un acuerdo de farm-in y opción de compra por US$ 8 millones con Ampere Metals, ya cuenta con 11,7 millones de onzas de plata indicadas, asegurando continuidad exploratoria y combinando riesgo geológico con capital de desarrollo.
El atractivo de Santa Cruz se sustenta además en un marco legal y una fiscalización ambiental sólidos. La Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras ofrece estabilidad fiscal y permite constituir previsiones deducibles de hasta el 5 % de los costos operativos para prevenir y remediar alteraciones ambientales. La autoridad provincial profesionalizó la supervisión mediante la plataforma CyMA Santa Cruz, donde todos los proyectos deben cargar sus monitoreos de agua, aire y suelo, incluso en etapa de cierre, promoviendo transparencia y cumplimiento ambiental.
El dilema del 90/10
En este escenario se inscribe la Ley 90/10, que establece que el 90 % de la mano de obra sea santacruceña, con un 30 % residente en la localidad del proyecto, y prevé sanciones por incumplimiento. Aunque busca fortalecer el empleo local, la aplicación de la norma genera tensiones prácticas: la escasez de profesionales capacitados limita la cobertura del 90 %, ciertos puestos críticos no pueden ser reemplazados fácilmente, y la rigidez normativa aumenta el riesgo de desinversión y posibles conflictos judiciales. Operativos iniciales en Caleta Olivia relevaron 569 trabajadores no residentes, evidenciando la complejidad de implementar la ley en proyectos de gran escala y alta especialización.
El contexto político y electoral agrega otra variable: la norma fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal y aprobada unánimemente por la Legislatura, constituyéndose en una bandera política provincial. Su aplicación y control masivo son observados como indicadores de gestión, convirtiéndose en un tema de comunicación política y posibles discusiones en campañas electorales. La gobernabilidad del sector depende así no solo de la eficiencia productiva, sino de la capacidad del gobierno para equilibrar desarrollo económico, empleo local y competitividad frente a otras provincias y mercados internacionales.
En conjunto, la minería en Santa Cruz refleja una dinámica dual: estabilidad operativa garantizada por los Majors hasta 2034, extensión de operaciones clave como Cerro Moro mediante acuerdos público-privados, y un potencial de expansión asegurado por la exploración junior. La Ley 90/10 y el contexto electoral introducen nuevos desafíos, que obligan a conciliar productividad, empleo local y gobernanza. La provincia no solo se juega la próxima década de producción minera, sino también la manera de equilibrar desarrollo económico y equidad social en un entorno regulatorio y político cada vez más complejo.
