La reforma Ley de Glaciares que aprobó la Cámara de Diputados el 9 de abril marcó un antes y un después para la minería argentina. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, el Congreso convirtió en ley un cambio que el sector esperaba desde hace años: más claridad regulatoria para desplegar proyectos de cobre y litio en la cordillera.
¿Qué cambia realmente en las reglas del juego minero?
El nuevo texto no elimina la protección de glaciares, pero redefine su alcance. El Inventario Nacional se concentrará en aquellos cuerpos de hielo y geoformas periglaciales con funciones hídricas estratégicas, y cada provincia tendrá la potestad de identificar qué zonas califican bajo ese criterio. Además, la omisión del IANIGLA ya no podrá invalidar una autorización ambiental provincial otorgada tras el proceso de evaluación correspondiente.
En la práctica, el centro de gravedad de la ley se desplaza desde una lógica nacional y preventiva hacia una evaluación provincial caso por caso. Tal como detalla Minería en Línea, la reforma responde a reclamos históricos de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y busca ordenar la protección alrededor de funciones hídricas relevantes sin bloquear proyectos con sólido respaldo técnico.
Una cartera de inversiones que no puede esperar
El contexto económico explica la urgencia. Argentina lleva años sin producir cobre desde el cierre de Alumbrera en 2018, pero reúne hoy una cartera robusta de proyectos listos para dar el salto. El proyecto Vicuña (BHP y Lundin) prevé acercarse a los 800 millones de dólares de inversión en 2026, Los Azules busca un financiamiento total de 4.000 millones y Taca Taca estima 5.250 millones con 4.000 empleos en construcción.
En litio, los números son igualmente contundentes: Rio Tinto aseguró 1.175 millones de dólares para Rincón, en Salta, dentro de un proyecto total de 2.500 millones orientado a 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Cauchari-Olaroz, en Jujuy, apunta a 85.000 toneladas anuales hacia 2029. Analistas estiman que el nuevo marco regulatorio podría habilitar más de 30.000 millones de dólares en inversiones mineras durante la próxima década.
Sin embargo, la victoria legislativa no garantiza paz regulatoria. Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales ya anuncian acciones judiciales, y sectores científicos —CONICET, FAUBA y equipos de la UBA— advierten que trasladar la definición de áreas protegidas a autoridades provinciales expone las decisiones a intereses económicos locales. Si los tribunales intervienen, la promesa de mayor velocidad podría evaporarse.
La pregunta de fondo que deja el debate es quién tiene la última palabra sobre qué se protege y qué se habilita en la cordillera. Argentina puede transformar su geología en exportaciones de largo aliento, pero necesita que las reglas que ordenan esa transformación sean confiables, técnicamente sólidas y socialmente legítimas. La reforma es un paso firme en una dirección; los pasos siguientes dependerán de cómo cada provincia ejerza la nueva responsabilidad que el Congreso acaba de depositar en sus manos.
Fuente: Minería en Línea
