La caída de la actividad hidrocarburífera y el estancamiento crónico de la pesca reactivan un debate que la provincia evitó durante más de 20 años. Esta vez, sin embargo, quienes empujan la discusión no son las mineras ni los técnicos de empresas extranjeras: son los sindicatos y los intendentes. Un cambio de actores que modifica por completo la naturaleza del conflicto y abre una grieta inédita en el mapa político-patagónico.
Chubut vuelve a hablar de minería. Pero el contexto, a diferencia de lo ocurrido a principios de los 2000 con el rechazo a proyectos como Esquel, ha mutado radicalmente. Ya no es un debate impulsado por promesas de inversión millonaria en abstracto ni por compañías que operan a miles de kilómetros de distancia. Ahora son los propios actores del modelo productivo tradicional —ligados al petróleo, al transporte y a la construcción— quienes plantean que la provincia necesita discutir seriamente el desarrollo minero para sostener el empleo, frenar la sangría de puestos de trabajo y diversificar una economía que hace agua por varios costados.
El dato político es contundente: al menos tres dirigentes sindicales fuertes, con décadas de militancia en sectores estratégicos como el petróleo y la logística, coinciden en que la minería debe formar parte de la agenda económica provincial. No lo hacen por conversión ideológica, sino por pragmatismo: ven contra las cuerdas el modelo que los contuvo durante años.
Sindicatos petroleros y del transporte: el empleo como eje del debate
El primero en marcar la cancha fue Jorge “Loma” Ávila, histórico referente del sindicalismo petrolero en Chubut, quien planteó sin ambages que la provincia no puede cerrarse a discutir minería en un contexto donde la actividad hidrocarburífera pierde dinamismo frente al crecimiento imparable de Vaca Muerta. “El petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge tiene sus días contados si no repensamos todo”, llegó a decir en reuniones internas.
Desde la construcción, Raúl Silva (UOCRA) fue más allá y propuso un plebiscito vinculante para que la ciudadanía defina el rumbo productivo. Una idea que, en otros tiempos, hubiera sido impensada desde un gremio tan ligado a la obra pública y al empleo estatal.
Pero ahora se suma con fuerza la voz de Jorge Taboada, líder del Sindicato de Camioneros en Chubut, quien calificó a la minería como una “necesidad urgente” para generar empleo de calidad ante la crisis combinada del petróleo y la pesca. Su planteo no es retórico ni testimonial: el transporte es uno de los sectores más sensibles cuando cae la actividad extractiva. Menos equipos, menos movimiento de cargas, menos combustible, menos repuestos, menos horas de trabajo. La cadena de valor del petróleo golpea directamente el bolsillo de los camioneros.
Taboada expone un diagnóstico que empieza a repetirse en las oficinas de los gremios y en los pasillos de los municipios: la provincia depende de sectores que muestran señales de agotamiento relativo (petróleo maduro, pesca con vedas y cuotas en baja), y sin nuevas inversiones productivas el empleo privado seguirá deteriorándose mes a mes.
Intendentes y referentes políticos: “dar el debate” sin tabúes
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, pidió encarar la discusión minera con información técnica, controles ambientales estrictos y participación ciudadana. Desde el corazón petrolero del sur argentino —una ciudad que respira kerosene y gasoil— la señal política es significativa. Macharashvili sabe que su electorado vive directa o indirectamente del petróleo, pero también sabe que los pozos cada vez rinden menos.
El exintendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, sostuvo que la provincia debe ampliar su matriz productiva y dejar de lado posturas dogmáticas que, a su juicio, condenan a Chubut a la dependencia crónica de recursos en declive.
El senador Carlos Linares reclamó un debate maduro, transparente y de cara a la gente. Sin eufemismos, sin ocultar información, sin temor a la discusión de fondo.
Y Pablo Das Neves, referente legislativo, remarcó que cualquier avance debe construirse con consenso social y garantías ambientales claras, anticipándose a las críticas que inevitablemente surgirán desde los sectores ambientalistas y desde una parte de la ciudadanía aún escarmentada por la experiencia de Esquel.
El patrón es evidente: el sistema político provincial comienza a habilitar una discusión que durante años fue considerada tóxica electoralmente. Lo que antes era sinónimo de derrota segura en las urnas, hoy empieza a ser visto como una conversación inevitable.
Chubut tiene recursos concretos: oro, plata y uranio
La provincia no debate una hipótesis ni una promesa lejana. Tiene proyectos definidos, con estudios de factibilidad avanzados y recursos medidos:
- Proyecto Navidad, uno de los mayores depósitos de plata sin desarrollar del mundo, ubicado en la zona de Gastre.
- Proyecto Suyai, con reservas de oro en la cordillera, cerca de Esquel —el mismo lugar donde el famoso plebiscito de 2003 dijo “no” a la minería a cielo abierto.
- Cerro Solo, estratégico para el desarrollo nuclear argentino y la producción de uranio.
- Lagunita Salada, entre otros recursos uraníferos en la Meseta Central.
Se trata de activos que, en otras provincias como San Juan, Santa Cruz o Catamarca, ya estarían en producción generando regalías y empleo directo. En Chubut, en cambio, permanecen como un potencial no explotado, a la espera de una decisión política.
La gran contradicción: el silencio del empresariado minero
Aquí aparece el punto más llamativo y, a la vez, más frustrante del momento.
Mientras los sindicatos petroleros, camioneros, intendentes y hasta algunos senadores piden discutir minería para sostener el empleo, no se observa una ofensiva comunicacional fuerte por parte de las empresas titulares de Suyai y Navidad (Pan American Silver y otros grupos internacionales).
No hay campañas masivas de información en medios locales.
No hay presencia territorial sostenida visible en las comunidades donde operarían.
No hay pedagogía minera sistemática en las escuelas, juntas vecinales o clubes de barrio.
No hay cifras claras, actualizadas y accesibles sobre regalías, cantidad de empleos directos e indirectos, o planes de cierre de mina.
Tampoco se escucha con intensidad a los referentes nucleados en CAPEM (Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros de Chubut) exponiendo públicamente datos concretos. El silencio empresarial es, cuando menos, llamativo.
Resulta paradójico: el clima político parece más abierto que en años anteriores, la opinión pública empieza a mostrar matices (ya no es un “no” automático como en 2003), y sin embargo el sector empresario no aparece liderando la construcción de licencia social. Parecen esperar que el deterioro económico haga el trabajo sucio por ellos.
Si la minería pretende desarrollarse en Chubut, deberá hacerlo con transparencia radical, datos técnicos accesibles para el ciudadano común, participación ciudadana real —no simulada— y presencia territorial permanente. No alcanza con esperar que el deterioro del petróleo incline la balanza por sí solo. La historia de Esquel demostró que subestimar a la sociedad civil es un error costoso.
El trasfondo: petróleo en declino, pesca estancada y presión fiscal insostenible
La producción de la Cuenca del Golfo San Jorge muestra un descenso progresivo frente al auge neuquino. Cada año que pasa, Vaca Muerta absorbe más inversiones, más equipos y más mano de obra calificada. Chubut, en cambio, asiste a una meseta de declinación que ningún gobierno provincial pudo revertir.
La pesca, por su parte, enfrenta tensiones biológicas (stock de merluza, langostino y calamar con capturas máximas recomendadas) y comerciales (competencia internacional, costos logísticos crecientes). El empleo público, tradicional válvula de escape política, está saturado y no puede seguir creciendo sin comprometer las cuentas provinciales.
La discusión minera reaparece entonces como respuesta a una ecuación económica cada vez más ajustada. No es un debate ideológico ni una concesión al “extractivismo salvaje” que denuncian las organizaciones ambientalistas. Es, a secas, un debate estructural: qué hace una provincia cuando sus recursos tradicionales empiezan a agotarse y no hay reemplazo a la vista.
¿Cambio de matriz o nueva frustración?
Chubut enfrenta una decisión histórica. Posee recursos estratégicos, experiencia extractiva (el petróleo lo ha formado en logística, seguridad y manejo de impacto ambiental), capital humano calificado y una red de proveedores que podría reconvertirse parcialmente al sector minero.
Pero también carga con el antecedente del plebiscito de Esquel y años de polarización social que dejaron heridas abiertas. El “no a la mina” se convirtió durante dos décadas en una suerte de mandato cultural en amplias zonas de la provincia.
Hoy la novedad es que quienes empujan el debate no son las mineras, sino los propios sindicatos del modelo productivo en crisis. Eso cambia las reglas del juego. Porque cuando los camioneros y los petroleros hablan de minería, no pueden ser fácilmente acusados de vendepatrias ni de ignorar la realidad local.
Si el empresariado minero no asume un rol activo en la construcción de confianza, información y transparencia, el escenario podría repetirse: expectativa política, tensión social, movilizaciones callejeras y bloqueo legislativo. La licencia social no se compra con folletos ni con promesas. Se construye día a día, puerta a puerta, en cada comuna.
La diferencia es que ahora el debate está atravesado por una urgencia concreta: sostener empleo y evitar que el declino petrolero arrastre a la provincia a un estancamiento prolongado, con más pobres, más desocupados y menos futuro para los jóvenes.
La pregunta ya no es solo si Chubut quiere minería. La pregunta es si puede permitirse no discutirla seria, informada y democráticamente, antes de que el tiempo y la economía le pasen por encima.
Fuente: SECTOR MINERO
