La discusión sobre el cierre de una operación minera suele aparecer asociada al momento en que deja de producir. Sin embargo, en Santa Cruz el marco regulatorio establece que ese proceso debe ser planificado con anticipación y contempla no solamente la recuperación ambiental de los yacimientos, sino también sus dimensiones sociales, económicas y territoriales.
En ese contexto, la semana pasada se realizó en Perito Moreno una nueva actividad vinculada con el Plan de Cierre de Minas de Cerro Negro, la operación de Newmont ubicada en el noroeste de Santa Cruz. El encuentro reunió a representantes del Estado, instituciones, referentes locales y la compañía, y tuvo como eje el intercambio de perspectivas sobre el futuro del territorio y los distintos aspectos que deberían contemplarse en una planificación de largo plazo.
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La actividad adquiere relevancia por dos razones. Por un lado, Santa Cruz cuenta con una legislación específica sobre cierre de minas y comienza a discutir nuevas herramientas vinculadas con el impacto social y económico de estos procesos. Por otro, Cerro Negro se encuentra actualmente en producción y atraviesa una etapa de inversiones destinada a prolongar su horizonte operativo.
Por eso, hablar hoy del cierre de Cerro Negro no equivale a hablar de un cierre inminente. La planificación forma parte del ciclo de vida de la operación y debe actualizarse mientras la actividad continúa.
Del cierre ambiental al futuro del territorio
La Ley Provincial 3751 establece un régimen específico para el cierre de minas en Santa Cruz y fue reglamentada mediante el Decreto 1494/22. El esquema contempla la planificación de las tareas de cierre, la rehabilitación de áreas, el monitoreo posterior, las garantías financieras y diferentes obligaciones destinadas a asegurar que los compromisos asumidos puedan ser cumplidos.
Uno de los aspectos relevantes de este marco es que el cierre no necesariamente debe entenderse como un único momento situado al final de la explotación. La normativa contempla la posibilidad de avanzar progresivamente con determinadas tareas de rehabilitación mientras otras áreas del proyecto continúan en actividad.
En Cerro Negro, el proceso de actualización del Plan de Cierre ya forma parte de las obligaciones de la operación. Durante 2026 se desarrollaron distintas instancias vinculadas con esa planificación, incluyendo el componente social y la participación de actores locales.
La actividad realizada ahora en Perito Moreno profundizó precisamente esa dimensión participativa. El intercambio permitió poner sobre la mesa expectativas, inquietudes y propuestas relacionadas con el futuro de la localidad y de la zona de influencia del proyecto.
Desde Newmont señalaron que este tipo de espacios busca comenzar a discutir el futuro del territorio antes de que llegue la etapa final de una operación. La empresa considera que la participación temprana permite incorporar diferentes miradas y trabajar con mayor anticipación sobre posibles escenarios.
Ese planteo, sin embargo, se inserta en una discusión que excede a la compañía.
Una mina no funciona de manera aislada del territorio. Durante sus años de producción genera empleo, demanda bienes y servicios, moviliza contratistas, proveedores y transportistas y tiene incidencia sobre distintas actividades económicas de las localidades cercanas. Por esa razón, cuando una operación llega al final de su ciclo, las consecuencias tampoco se limitan al área donde se encuentran las instalaciones mineras.
La experiencia de distintas regiones mineras demuestra que una transición de este tipo requiere tiempo. Preparar trabajadores, fortalecer proveedores, diversificar actividades económicas, identificar nuevos usos posibles para determinadas áreas y generar capacidades locales son procesos que difícilmente puedan resolverse cuando la producción ya terminó.
De allí surge una de las principales cuestiones que plantea el cierre social: cómo utilizar los años de actividad minera para preparar al territorio para una etapa posterior.
Una visión compartida, pero con responsabilidades diferentes
Uno de los conceptos destacados por Newmont luego de la actividad fue la necesidad de construir una visión compartida para el desarrollo.
La compañía planteó que el encuentro no debía limitarse a una instancia informativa, sino constituirse en un espacio de construcción colectiva en el que pudieran participar el sector privado, el Estado, las instituciones y la comunidad.
El concepto resulta particularmente relevante porque el futuro de una localidad minera no depende exclusivamente de la empresa. La compañía tiene responsabilidades específicas vinculadas con su operación y con las obligaciones establecidas por la legislación; el Estado tiene competencias regulatorias y responsabilidades sobre las políticas públicas y el desarrollo territorial; mientras que municipios, instituciones, trabajadores, proveedores y comunidades también forman parte de la estructura económica y social que se construye alrededor de una operación.
Por eso, la planificación del cierre requiere distinguir esas responsabilidades y, al mismo tiempo, encontrar espacios de articulación.
La participación comunitaria adquiere en este punto un papel importante. Las expectativas de quienes viven en el territorio, las necesidades de las instituciones locales y las posibilidades de desarrollo que puedan identificarse no necesariamente coinciden con las prioridades de una compañía minera o de un gobierno. Precisamente por eso, el diálogo puede aportar información que difícilmente aparezca en un estudio exclusivamente técnico.
La construcción de una visión compartida no significa necesariamente que todos los actores tengan la misma posición. Significa, en todo caso, generar un ámbito donde esas diferentes posiciones puedan ser conocidas y consideradas dentro de una planificación de largo plazo.
Cerro Negro sigue produciendo y proyecta extender su vida útil
El contexto productivo también resulta fundamental para comprender el momento en que se desarrolla esta discusión.
Cerro Negro no se encuentra actualmente ante una instancia de cierre operativo. Newmont anunció este año una inversión cercana a los US$800 millones vinculada con la continuidad y expansión de la operación, con obras destinadas a extender su horizonte productivo más allá de 2035.
La coexistencia de ambos procesos —inversión para ampliar la producción y planificación del cierre— puede parecer contradictoria a primera vista, pero responde a una característica propia de la actividad minera: los proyectos tienen un ciclo de vida y sus distintas etapas requieren planificación con años de anticipación.
Una operación puede modificar sus reservas, extender su vida útil, incorporar nuevos sectores productivos o cambiar sus cronogramas. El plan de cierre, por lo tanto, no constituye un documento estático, sino una herramienta que debe adaptarse a la evolución del proyecto y a las condiciones del territorio.
Esto también explica por qué el debate sobre Cerro Negro resulta relevante para Santa Cruz en su conjunto. La provincia tiene una extensa trayectoria de explotación metalífera y varias localidades mantienen una relación directa con los proyectos que funcionan en sus áreas de influencia.
La discusión sobre qué sucede después de la minería, por lo tanto, no es exclusiva de una operación ni debería comenzar cuando un proyecto anuncia su finalización.
Santa Cruz también discute cómo abordar el impacto social
El debate sobre el cierre de Cerro Negro coincide con una discusión legislativa que comenzó a desarrollarse en Santa Cruz durante agosto.
Un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone modificar la Ley 3751 para reforzar específicamente el componente social de los planes de cierre. Entre las herramientas planteadas aparecen la creación de un Área de Cierre Social, mecanismos de participación y una inversión mínima asociada con la producción para afrontar los impactos económicos y sociales derivados del cierre.
La iniciativa se encuentra en tratamiento legislativo y todavía no constituye una modificación vigente de la legislación.
Su presentación, no obstante, muestra que el concepto de cierre de minas está incorporando una dimensión que durante mucho tiempo quedó relegada frente a los aspectos estrictamente ambientales: qué ocurre con las comunidades, el empleo, los proveedores y las economías locales cuando una operación deja de producir.
Ese debate plantea también una cuestión de fondo para la política minera provincial. Santa Cruz puede discutir cómo garantizar que los beneficios generados durante los años de producción contribuyan a construir capacidades que permanezcan en los territorios.
No se trata de reemplazar a la minería antes de que termine ni de desconocer su importancia económica durante la etapa productiva. Se trata de evitar que la discusión sobre la diversificación aparezca recién cuando el ciclo minero ya está agotado.
En ese sentido, la experiencia de Cerro Negro puede convertirse en un caso relevante para observar cómo funciona en la práctica un proceso de planificación anticipada del cierre, cuáles son los mecanismos de participación utilizados, qué propuestas surgen desde el territorio y qué responsabilidades asume cada uno de los actores involucrados.
La discusión recién comienza y todavía quedan por delante distintas etapas de evaluación, actualización y definición.
Pero hay una conclusión que atraviesa tanto la normativa provincial como las experiencias internacionales de cierre responsable: una mina puede cerrar en una fecha determinada; la preparación del territorio para ese momento debe comenzar muchos años antes.
Para Perito Moreno, el desafío será que esa planificación no quede limitada al cierre físico y ambiental de Cerro Negro, sino que permita discutir con tiempo qué capacidades, actividades y oportunidades pueden consolidarse en la comunidad.
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Y para Santa Cruz, el desafío es todavía mayor: transformar la planificación del cierre en una política de Estado capaz de acompañar cada ciclo minero sin perder de vista lo que ocurre antes, durante y después de la extracción.
Porque el cierre de una mina no es solamente el final de una operación. También es una transición territorial que, para ser ordenada, necesita ser pensada cuando todavía hay producción, empleo, inversión y tiempo para tomar decisiones.
