El diputado por Puerto Deseado impulsó la Resolución 290/26, aprobada por la Legislatura, que solicita al Ejecutivo provincial que intime a las empresas mineras a establecer oficinas en localidades cercanas a los yacimientos. La iniciativa se suma a otras intervenciones de Aberastain vinculadas con el empleo local, el diálogo sindical y el desarrollo de proveedores santacruceños.
La minería santacruceña atraviesa una etapa en la que la discusión ya no se limita a cuánto producen los yacimientos o cuánto empleo generan. El debate comenzó a concentrarse también en cuánto de la actividad económica permanece efectivamente en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
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En ese escenario, el diputado por el pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, viene construyendo una agenda legislativa y política que coloca el concepto de arraigo en distintos niveles: empleo santacruceño, proveedores locales, diálogo entre los actores de la industria y, ahora, presencia territorial de las propias empresas mineras.
El último paso fue la aprobación de la Resolución N°290/26, presentada por Aberastain, durante la décima sesión ordinaria del 53° período legislativo. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Energía y Minería, intime a las empresas operadoras y concesionarias de yacimientos que desarrollan actividades en Santa Cruz a establecer oficinas en localidades cercanas a los proyectos donde trabajan.
El objetivo planteado es acercar la presencia administrativa de las compañías a las comunidades directamente vinculadas con la actividad minera.
La importancia de la iniciativa aparece con mayor claridad cuando se la observa junto con el resto de la agenda que la provincia viene desarrollando alrededor del denominado compre local y el empleo santacruceño.
De la mano de obra y los proveedores al arraigo empresarial
Santa Cruz cuenta desde hace años con instrumentos específicos para intentar que una mayor proporción del movimiento económico generado por sus recursos naturales permanezca dentro de la provincia.
La legislación sobre empleo local establece preferencias para trabajadores santacruceños y, con las modificaciones más recientes, el régimen apunta a elevar sustancialmente la participación de mano de obra local en actividades como la minería. La normativa vigente contempla además requisitos específicos de residencia provincial y local.
En paralelo, la Ley 3616 creó el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas, RUPAE, como herramienta para vincular a proveedores santacruceños de obras, bienes, insumos y servicios con las empresas que operan en la provincia y promover el compre local.
La propuesta de Aberastain agrega una dimensión diferente a esas políticas.
Si el empleo local busca que los santacruceños ocupen una mayor proporción de los puestos de trabajo y el compre local procura que una mayor parte del gasto de las operaciones llegue a empresas provinciales, el planteo sobre oficinas apunta a que las propias compañías tengan una presencia permanente en las comunidades vinculadas con los yacimientos.
No es un detalle menor.
Una oficina local puede constituirse en un espacio de contacto permanente con trabajadores, proveedores, municipios, instituciones y comunidades. Puede facilitar la vinculación comercial y administrativa y, dependiendo de cómo se instrumente, generar nuevas necesidades de servicios y puestos de trabajo.
Pero hay que marcar con precisión el alcance de la decisión legislativa: la Resolución 290/26 no es una ley que obligue directamente a las empresas a instalar oficinas. Lo aprobado es un pedido al Poder Ejecutivo para que avance en esa dirección a través del Ministerio de Energía y Minería. La eventual implementación, las empresas alcanzadas, las localidades involucradas y las condiciones deberán definirse posteriormente.
La iniciativa, por lo tanto, abre una discusión institucional que ahora deberá continuar en el ámbito del Ejecutivo.
Una agenda que Aberastain viene construyendo
La resolución tampoco aparece aislada de las últimas intervenciones del legislador en materia minera.
Días atrás, en medio del conflicto generado alrededor de Cerro Negro, Aberastain destacó la reunión mantenida entre el Gobierno provincial y un frente conformado por AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP.
Los cinco gremios habían llevado a la mesa reclamos vinculados con el empleo santacruceño, las condiciones de seguridad y otros aspectos relacionados con el funcionamiento de la operación. El encuentro fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal y el ministro de Energía y Minería, en una instancia que buscó encauzar institucionalmente el conflicto.
La participación de los distintos sindicatos tuvo además una particularidad: se trató de una acción conjunta de organizaciones con representación en diferentes segmentos de la cadena minera.
Aberastain valoró públicamente esa instancia de diálogo y viene planteando la necesidad de generar mecanismos permanentes de articulación entre el Gobierno, los trabajadores, las empresas y los proveedores.
La secuencia resulta significativa.
El diputado por Puerto Deseado viene colocando sobre la agenda minera cuestiones diferentes pero conectadas entre sí: quién trabaja en los yacimientos, quiénes participan de la cadena de proveedores, cómo se canalizan los conflictos laborales y qué presencia tienen las empresas en las comunidades donde desarrollan sus proyectos.
En esa lógica también se inscribe su propuesta de avanzar hacia una instancia de diálogo sectorial que reúna a los diferentes actores de la actividad minera.
La discusión sobre el arraigo empresarial completa ese esquema desde otro ángulo.
Porque una política de desarrollo minero territorial no se limita a exigir que haya trabajadores santacruceños. También implica construir una cadena de proveedores capaz de atender las necesidades de la industria, generar mecanismos de diálogo que permitan anticipar conflictos y conseguir que las compañías mantengan una relación permanente con las localidades donde producen.
Para Puerto Deseado, y para otras comunidades vinculadas con la minería santacruceña, esta discusión tiene especial importancia.
El desafío es que el impacto económico de la minería no quede circunscripto al perímetro de los yacimientos. Que alcance a los trabajadores, empresas de servicios, proveedores, comercios, instituciones y comunidades que forman parte del territorio productivo.
En ese punto, la iniciativa de Aberastain tiene un valor político concreto: lleva al recinto legislativo el concepto de arraigo empresarial y lo incorpora formalmente a la discusión minera provincial.
Ahora resta saber qué hará el Ejecutivo con ese pedido y, eventualmente, cómo se traducirá en la práctica.
Porque la verdadera discusión no termina con la aprobación de una resolución. Empieza allí.
La pregunta que queda planteada es sencilla, pero de enorme impacto para Santa Cruz: si las empresas extraen recursos del territorio, ¿hasta dónde debe llegar su presencia económica, institucional y empresarial en las comunidades que rodean a esos proyectos?
Aberastain ya puso esa pregunta sobre la mesa. Y la respuesta tendrá que involucrar al Estado, a los sindicatos, a las empresas y, especialmente, a las comunidades mineras santacruceñas.
