La suspensión preventiva de parte de las actividades de Calcatreu abrió durante la última semana un fuerte debate en Río Negro sobre el cumplimiento de la Ley 5.804, conocida como 80/20, la contratación de trabajadores de la Región Sur y las condiciones laborales en uno de los proyectos metalíferos más importantes de la provincia. Tras varios días de tensión y cruces entre autoridades, empresa, sindicatos y representantes del sector minero, el Gobierno provincial y Minera Calcatreu alcanzaron finalmente un acuerdo que permitirá normalizar la actividad.
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La medida había sido dispuesta por la Secretaría de Trabajo de Río Negro luego de una inspección realizada en el yacimiento, ubicado en cercanías de Ingeniero Jacobacci. Según informó la empresa en su comunicado del 21 de agosto, se labraron dos actas: una relacionada con cuestiones de seguridad, entre ellas cartelería, y otra vinculada con el cumplimiento de la Ley Provincial 5.804, que establece un régimen de prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina.
La suspensión alcanzó de manera preventiva, parcial y temporal a las actividades de exploración, mina y extracción de minerales, trituración y zaranda y obras civiles. La empresa aclaró que continuó desarrollando las tareas consideradas esenciales para garantizar la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores.
El punto que concentró la mayor parte de la discusión fue el empleo local. Minera Calcatreu informó que sobre una dotación de 233 empleados directos, 175 son residentes de Río Negro y 109 viven en Ingeniero Jacobacci. De acuerdo con esos datos, la compañía sostiene que el 75% de su plantilla directa es rionegrina.
La empresa también desagregó la situación de los trabajadores comprendidos por el convenio de AOMA. Sobre un total de 154 trabajadores bajo convenio, 143 pertenecen a AOMA Río Negro, mientras que 93 tienen vinculación con AOMA Jacobacci. Para la compañía, esos números muestran un nivel significativo de inserción laboral provincial y local.
Sin embargo, la Secretaría de Trabajo manejó un cálculo diferente y ubicó el cumplimiento del régimen 80/20 en torno al 71%. La diferencia entre el 71% informado por la autoridad laboral y el 75% comunicado por la empresa se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión. La propia cobertura periodística sobre las negociaciones posteriores reflejó que las partes utilizaban criterios diferentes para medir el cumplimiento.
Pero reducir el conflicto exclusivamente a una diferencia porcentual sería insuficiente. La Provincia también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos acordados para canalizar las búsquedas laborales, particularmente la utilización del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) y la Bolsa de Empleo Municipal de Ingeniero Jacobacci. Además, reclamó avanzar en la capacitación de trabajadores locales para que puedan acceder a puestos que actualmente requieren experiencia específica en minería.
La discusión tiene un componente estructural. Calcatreu representa una de las primeras operaciones metalíferas de escala industrial que se desarrollan en Río Negro y la provincia todavía no cuenta con una masa amplia de trabajadores con experiencia en operaciones de este tipo. La propia empresa señaló que la generación de capacidades mineras locales es un proceso progresivo y que, para determinadas posiciones, resulta necesario incorporar profesionales y técnicos con experiencia.
Ese argumento fue cuestionado por la autoridad laboral, que planteó que la falta de experiencia también puede abordarse mediante capacitación y prácticas dentro de la propia operación. De hecho, la formación de trabajadores rionegrinos terminó convirtiéndose en uno de los componentes centrales de la salida acordada.
El conflicto tampoco pasó inadvertido para el sector empresario. La Cámara de Minería de Río Negro (CAMIR) respaldó el cumplimiento de la normativa y la aplicación de la Ley 80/20, pero reclamó priorizar el diálogo institucional y advirtió sobre el impacto que una paralización puede generar sobre trabajadores, proveedores, contratistas y la previsibilidad necesaria para atraer nuevas inversiones.
Del otro lado, el Gobierno provincial sostuvo que la decisión no implicaba una oposición al proyecto ni a la actividad minera. La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, planteó que Río Negro acompaña la inversión y la minería, pero que el desarrollo debe traducirse también en empleo, capacitación y oportunidades concretas para los habitantes de la provincia y, especialmente, de la Región Sur.
El desenlace llegó el 26 de agosto. Gobierno y empresa acordaron la incorporación progresiva de 30 trabajadores rionegrinos y la capacitación de otras 30 personas, de acuerdo con las necesidades laborales del proyecto. La formación será financiada por Minera Calcatreu con hasta $2 millones por participante.
El acuerdo también establece que las futuras búsquedas laborales deberán continuar canalizándose mediante el SER, la Bolsa de Empleo Municipal y los mecanismos institucionales establecidos, priorizando y agotando las posibilidades de contratación de trabajadores rionegrinos antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.
A esto se suma la reactivación de la Mesa de Trabajo local, que incorporará a la comunidad Lof Peñi Mapu, y un esquema de seguimiento permanente sobre empleo, capacitación y condiciones laborales. La empresa, además, deberá avanzar en la regularización de las observaciones efectuadas en materia de higiene y seguridad y presentar un plan de trabajo para corregir los aspectos señalados durante la inspección.
El episodio deja así una discusión que excede la coyuntura. Calcatreu ya se encuentra en producción de oro y plata y constituye una operación estratégica para la Región Sur rionegrina. La compañía comenzó las operaciones de lixiviación en abril de 2026 y en junio informó el primer despacho de doré producido en el proyecto.
La cuestión de fondo será ahora observar cómo se cumple el nuevo acuerdo y si las 30 incorporaciones y las 30 capacitaciones permiten reducir efectivamente la brecha entre la demanda de perfiles mineros y la disponibilidad de trabajadores locales. También será relevante verificar cómo evolucionan los mecanismos de selección y si el sistema acordado consigue generar una mayor participación de habitantes de Ingeniero Jacobacci.
Más allá del ruido político y mediático que produjo la suspensión, los hechos permiten una lectura más precisa: no hubo cierre del proyecto ni una ruptura entre la Provincia y la compañía. Hubo una intervención de la autoridad laboral, observaciones sobre empleo y seguridad, una disputa sobre la forma de medir el cumplimiento del régimen 80/20 y una negociación que terminó con nuevos compromisos.
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Calcatreu vuelve así a poner en el centro de la agenda minera argentina una discusión conocida: cómo compatibilizar la necesidad de contar con trabajadores capacitados y experimentados con las políticas de empleo local que buscan que los proyectos extractivos generen capacidades y oportunidades duraderas en los territorios donde se desarrollan. En Río Negro, el desafío ahora será comprobar que el acuerdo alcanzado no quede solamente en porcentajes y compromisos formales, sino que se traduzca efectivamente en más trabajadores locales capacitados, mayor participación de proveedores de la Región Sur y una relación institucional más sólida alrededor de la operación.
