Desempleo y minería, según la Fundación FUSSO
Una publicación de la Fundación FUSSO vinculó el nivel de desocupación registrado en Río Gallegos con el desempeño de la minería santacruceña y concluyó que la actividad no habría resuelto el problema del empleo. El dato de desempleo es real. La conclusión, sin embargo, requiere bastante más evidencia de la que aporta la publicación.
Río Gallegos registró una tasa de desocupación del 8,5% durante el primer trimestre de 2026, por encima del 7,8% nacional y como el valor más elevado entre los aglomerados patagónicos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. El dato surge de las estadísticas oficiales del INDEC y no está en discusión.
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El problema aparece cuando ese indicador se utiliza para afirmar que la minería santacruceña no genera empleo o que, después de casi tres décadas de actividad, la industria no habría producido resultados laborales acordes con sus exportaciones.
Una tasa de desocupación de una ciudad no permite establecer por sí sola esa relación causal.
Vamos a partir de la base de que la minería no es —ni debería presentarse— como la solución de todos los problemas económicos y sociales de Santa Cruz. No es una actividad mágica, ni una garantía de empleo, ni puede reemplazar políticas públicas destinadas a mejorar la educación, la capacitación, la infraestructura, la diversificación productiva o el funcionamiento general del mercado laboral.
Pero exactamente por la misma razón tampoco resulta válido utilizar una tasa de desempleo para concluir que la minería no genera trabajo.
La desocupación de Río Gallegos refleja el comportamiento del conjunto de su mercado laboral. Allí intervienen el sector público, comercio, construcción, servicios, actividad hidrocarburífera, turismo, transporte, profesionales independientes y numerosas actividades que no tienen relación directa con la minería.
Además, buena parte de la producción minera metalífera de Santa Cruz se desarrolla fuera de Río Gallegos. Por eso, convertir el 8,5% de la capital provincial en una especie de balance laboral de toda la minería santacruceña supone mezclar escalas territoriales y variables económicas diferentes.
Para evaluar realmente el aporte laboral de la actividad habría que analizar empleo minero directo, contratistas, proveedores, empleo indirecto e inducido, salarios, compras locales, servicios, inversión y evolución de esos indicadores a lo largo del tiempo.
Ese análisis es muy diferente de decir: “Santa Cruz exportó mucho y Río Gallegos tiene desempleo; por lo tanto, la minería no genera trabajo”.
Santa Cruz no exporta solamente una cifra: existe una cadena económica detrás
La propia información oficial muestra el peso que tiene actualmente la minería en el comercio exterior santacruceño. En 2025, Santa Cruz explicó el 39,5% de las exportaciones mineras argentinas, con el oro y la plata concentrando prácticamente la totalidad de sus exportaciones mineras. Ese año la provincia registró alrededor de USD 2.383 millones en exportaciones mineras, equivalentes al 86,2% de sus ventas mineras al exterior según la Secretaría de Minería.
Y durante 2026 la actividad mantuvo una fuerte dinámica exportadora. En los primeros cinco meses del año, Santa Cruz acumuló USD 1.552 millones en exportaciones mineras, con una participación del 88,3% sobre las exportaciones totales provinciales en ese período.
Esto tampoco significa que cada dólar exportado se transforme automáticamente en empleo santacruceño. Sería otra simplificación.
Significa algo más concreto: la minería es una actividad económica de enorme peso en la estructura exportadora de Santa Cruz y, como cualquier industria, debe ser evaluada por la totalidad de sus impactos económicos, laborales, fiscales, territoriales y ambientales.
La discusión seria debería avanzar precisamente en esa dirección: cuánto empleo directo e indirecto genera, cuánto compran las operaciones dentro de la provincia, cuánto participan las empresas santacruceñas en la cadena de abastecimiento, cuánto aportan las regalías y otros conceptos y qué condiciones existen para que una mayor proporción del valor generado quede en las comunidades.
No hace falta convertir a la minería en la salvación de Santa Cruz para reconocer esa realidad.
Una afirmación ambiental también necesita pruebas
La publicación de FUSSO incorpora además una afirmación mucho más delicada: sostiene que, después de casi tres décadas de extracción intensiva, existen “ríos, acuíferos y ecosistemas afectados”, algunos con una recuperación “difícil o imposible”. Una afirmación de esa magnitud no puede quedar planteada como una conclusión general y para sostenerla deberían identificarse los proyectos, los cuerpos de agua involucrados, los parámetros ambientales analizados, los niveles de afectación, los estudios científicos utilizados y los organismos que hayan determinado esos impactos. También debería diferenciarse entre impactos potenciales, impactos constatados, incumplimientos ambientales y daños efectivamente acreditados.
La discusión ambiental es demasiado importante como para reducirla a consignas.
FUSSO tiene una trayectoria pública vinculada principalmente con la defensa de la salud y con problemáticas del sistema sanitario. Su presidente, Fernando Urbano, se presenta como médico sanitarista y la Fundación obtuvo su personería jurídica en 2012. La organización también ha difundido históricamente contenidos críticos sobre los posibles efectos sanitarios de la megaminería.
Ese posicionamiento forma parte del contexto y debe ser conocido por quienes reciben sus publicaciones. Pero tampoco invalida automáticamente sus argumentos. Lo que corresponde es algo más sencillo: cada afirmación debe sostenerse con la evidencia correspondiente.
La precisión también importa
Hay, además, un detalle que podría parecer menor, pero que no debería serlo cuando se pretende construir una publicación sobre la realidad productiva de la Patagonia: el mapa utilizado por FUSSO para ilustrar su publicación ni siquiera representa correctamente el territorio patagónico argentino.
Puede parecer una cuestión estética o anecdótica, pero la cartografía no es un elemento decorativo cuando se habla de minería, empleo, exportaciones y ambiente.
La ubicación territorial de los proyectos, las ciudades, las cuencas y las actividades productivas forma parte de los datos que se pretenden analizar. Si una organización que busca instalar una mirada crítica sobre una actividad económica no se toma siquiera el trabajo de utilizar correctamente el mapa de la región sobre la que está opinando, es razonable preguntarse con qué nivel de rigurosidad fueron elaborados y contrastados los demás datos, relaciones causales y afirmaciones que presenta.
El error cartográfico no demuestra que el resto de la información sea incorrecta, pero sí constituye una señal que obliga a revisar con mayor atención las fuentes y la metodología detrás de sus conclusiones.
En definitiva, nadie necesita afirmar que la minería “soluciona” el desempleo de Santa Cruz. Porque no lo hace, ni esa es la función de una industria. Pero tampoco se puede demostrar que la minería “no genera empleo” tomando como única evidencia el desempleo de Río Gallegos.
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Santa Cruz tiene derecho a discutir qué minería quiere, cuánto valor agrega, cuánto empleo local genera, cuánto compra a sus proveedores, qué controles ambientales necesita y cómo se distribuyen los beneficios de la actividad, pero esa discusión merece datos.
Y justamente por eso, ni el discurso de que la minería resolverá todos los problemas ni el argumento de que la minería es responsable de que esos problemas existan alcanzan para explicar la realidad santacruceña.
