El crecimiento de las grandes inversiones mineras bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una discusión que excede el volumen de dólares comprometidos. Mientras el Gobierno nacional destaca el ingreso de capitales y el potencial exportador, desde ASIJEMIN plantearon otra variable para medir el impacto de esta nueva etapa: cuánto de esa expansión se transforma efectivamente en empleo, capacitación y actividad para trabajadores y empresas argentinas.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, el RIGI reúne 23 proyectos aprobados por alrededor de US$49.766 millones. Doce de esas iniciativas corresponden a la minería. En paralelo, existen proyectos en evaluación por un monto que ronda los US$159.000 millones, aunque la cantidad consignada en las distintas actualizaciones cambió en las últimas semanas.
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La cifra de 25 proyectos en evaluación que circuló originalmente quedó desactualizada después de la aprobación del proyecto Agua Rica, de Glencore, anunciada el 2 de octubre. Una actualización publicada posteriormente consignó 24 iniciativas en evaluación, mientras que los 23 proyectos aprobados acumulan inversiones por unos US$49.700 millones.
Más allá de esa diferencia estadística, el dato central no cambia: la magnitud de las inversiones proyectadas coloca a la minería frente a una oportunidad de expansión que también plantea desafíos en materia de empleo, proveedores y desarrollo territorial.
La discusión sobre el impacto de las inversiones
El planteo de ASIJEMIN parte de una posición que el sindicato expresa como acompañamiento al crecimiento de la actividad minera y a la llegada de inversiones, pero sostiene que los resultados no deberían evaluarse exclusivamente por el capital comprometido o por las exportaciones futuras.
Humberto Coria, director Regional Centro de ASIJEMIN, sostuvo que el volumen de inversiones debe traducirse también en oportunidades concretas para los trabajadores argentinos, particularmente en puestos técnicos y jerárquicos.
El reclamo apunta además a la participación de empresas nacionales y provinciales en las cadenas de abastecimiento que se generen alrededor de los grandes proyectos. La cuestión resulta especialmente relevante en minería, donde una parte importante de la inversión se concentra en infraestructura, construcción, equipamiento, transporte, servicios especializados y otros rubros que pueden generar actividad antes incluso del inicio de la producción.
Desde esa perspectiva, la pregunta que plantea el sindicato no es solamente cuánto dinero ingresa al país, sino qué parte de ese movimiento económico queda efectivamente dentro del entramado productivo argentino.
Inversión minera y empleo local
El debate adquiere una dimensión particular en las provincias mineras. El desarrollo de un proyecto puede generar miles de puestos de trabajo durante la construcción y una cantidad menor, pero sostenida, durante la operación. También puede movilizar proveedores, contratistas, transporte, servicios profesionales, logística y actividades vinculadas directa e indirectamente con la producción.
Pero una inversión aprobada no equivale automáticamente a puestos de trabajo ejecutados. El propio Gobierno nacional diferencia entre proyectos aprobados y proyectos en evaluación, mientras que los cronogramas de inversión y empleo corresponden a estimaciones asociadas a cada iniciativa.
Esa distinción es relevante para el debate minero: entre el anuncio de una inversión, su aprobación bajo el RIGI, el inicio efectivo de las obras y la generación concreta de empleo existe un proceso que puede extenderse durante años.
En ese recorrido aparece uno de los principales desafíos para las provincias: contar con trabajadores capacitados y empresas preparadas para responder a la demanda cuando los proyectos pasen de la etapa de planificación a la construcción y posteriormente a la producción.
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Capacitación: una condición para aprovechar la expansión
ASIJEMIN también puso el acento en la formación profesional. El planteo es que, si la minería argentina efectivamente atraviesa una etapa de crecimiento de la magnitud que anticipan los proyectos aprobados y en evaluación, será necesario preparar con anticipación a los trabajadores que deberán ocupar esos puestos.
No se trata solamente de incorporar mano de obra, sino de contar con técnicos, profesionales y trabajadores especializados capaces de responder a las nuevas exigencias operativas y tecnológicas.
El propio historial de ASIJEMIN muestra que la capacitación forma parte de su agenda institucional. En 2024, por ejemplo, el sindicato firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Juan orientado a fortalecer la formación profesional de trabajadores mineros.
Un debate que también alcanza a Santa Cruz
Para Santa Cruz, esta discusión tiene una particular relevancia. La provincia posee una minería metalífera consolidada, una extensa red de proveedores y trabajadores con experiencia en operaciones de oro y plata, además de una estructura institucional vinculada al desarrollo de la actividad.
Por eso, el debate sobre las grandes inversiones no debería reducirse a la llegada de nuevos proyectos. También involucra la capacidad de las provincias productoras para capturar una mayor proporción del movimiento económico generado por la minería.
En Santa Cruz, además, ASIJEMIN ya había planteado esta discusión. En agosto de 2024 el sindicato solicitó una reunión con la Cámara de Diputados provincial para abordar específicamente el RIGI y su posible aplicación al sector minero.
Ese antecedente permite ubicar el planteo actual dentro de una discusión que no comenzó con las cifras actuales de inversión.
La cuestión central será ahora observar qué ocurre cuando los proyectos pasen de los anuncios y las aprobaciones a las etapas de construcción y operación: cuántos trabajadores argentinos acceden efectivamente a los puestos generados, qué proporción de los bienes y servicios es abastecida por empresas nacionales y provinciales y cuánto de la actividad económica permanece en los territorios donde se desarrollan los emprendimientos.
El RIGI fue diseñado para atraer grandes inversiones y otorgar un marco de incentivos y estabilidad para proyectos de elevada escala. El Gobierno nacional presenta al régimen como una herramienta para impulsar inversiones, exportaciones y empleo.
La discusión que incorpora ASIJEMIN agrega otra dimensión: medir también el resultado de esas inversiones desde el trabajo, la capacitación y el desarrollo de las cadenas de proveedores.
Para las provincias mineras, esa diferencia no es menor. La inversión puede medirse en dólares, pero su impacto territorial se termina verificando en obras ejecutadas, trabajadores incorporados, empresas contratadas, capacidades desarrolladas y actividad económica que efectivamente queda en cada territorio.
