Análisis editorial
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a materializarse en decisiones concretas y, en esa primera fotografía del nuevo esquema productivo nacional, la minería aparece como uno de los sectores claramente favorecidos. De los diez proyectos que ya obtuvieron aprobación formal, cuatro pertenecen a la actividad minera y concentran más de US$ 6.300 millones, sobre un total cercano a los US$ 17.000 millones comprometidos en todo el régimen.
Litio, cobre y oro dominan esta etapa inicial. Dos de los proyectos aprobados están vinculados al litio, uno al cobre y otro al oro, confirmando la prioridad que el Estado nacional y los inversores asignan a los minerales considerados estratégicos en el contexto de la transición energética y la demanda global de metales. Sin embargo, detrás de estos números hay una ausencia que no puede pasar inadvertida: ninguno de los proyectos RIGI aprobados hasta el momento se desarrolla en Santa Cruz.
La paradoja es evidente. La provincia que durante más de dos décadas sostuvo el liderazgo de la minería metalífera argentina, que explica cerca del 40% de las exportaciones nacionales de oro y plata y cuya economía depende en más de un 90% de la actividad minera, hoy no logra insertarse en el principal esquema de promoción a las grandes inversiones del país.
Nuestra realidad
Lejos de tratarse de una falta de recursos geológicos, la explicación es más profunda y revela un conjunto de desajustes estructurales entre el diseño del RIGI y la realidad productiva de Santa Cruz.
La minería santacruceña se apoya, casi en su totalidad, en yacimientos de oro y plata ubicados en el Macizo del Deseado, muchos de los cuales se encuentran en fases avanzadas de explotación. Se trata de operaciones maduras que requieren inversiones constantes para sostener producción, extender vida útil y acceder a mineralización más profunda. Estas inversiones son estratégicas para el empleo y la recaudación provincial, pero rara vez alcanzan la escala mínima de US$ 200 millones que exige el RIGI.
Mientras los megaproyectos de cobre en San Juan o los desarrollos de litio en el NOA demandan desembolsos de miles de millones de dólares y encajan de forma natural en el régimen, la minería aurífera santacruceña queda atrapada en un limbo: necesita capital para sobrevivir, pero no califica para los beneficios diseñados para la gran escala.
Este desfasaje se agrava por un problema histórico que el RIGI, en su versión actual, no logra resolver: la infraestructura. La minería en Santa Cruz opera mayoritariamente aislada del Sistema Interconectado Nacional, dependiendo de autogeneración energética a costos elevados y con una huella ambiental cada vez más difícil de sostener. A ello se suman rutas en estado crítico y una logística que incrementa de manera significativa los costos operativos.
En este contexto, los incentivos fiscales y cambiarios del RIGI pierden eficacia. Sin energía confiable, sin conectividad vial adecuada y sin obras estructurales que acompañen la inversión privada, los beneficios del régimen quedan neutralizados por una realidad operativa que resta competitividad frente a otras provincias.
A este escenario se suma un factor menos visible, pero decisivo: la credibilidad institucional. El incumplimiento histórico de la estabilidad fiscal prometida por la Ley de Inversiones Mineras dejó una marca profunda en el sector. Retenciones, cambios en las reglas cambiarias y modificaciones impositivas posteriores erosionaron la confianza de los inversores, que hoy observan el RIGI con cautela, especialmente en proyectos que no son nuevos, sino extensiones de operaciones existentes.
Santa Cruz también enfrenta tensiones regulatorias propias. La reciente implementación de la Ley de Empleo Santacruceño, con exigencias elevadas de mano de obra local, refleja una demanda social legítima, pero introduce rigideces en un sector que requiere perfiles técnicos altamente especializados y que, en muchos casos, no se forman aún en la provincia. La falta de una estrategia integral de capacitación termina transformando una política de inclusión en un factor de incertidumbre para la inversión.
El resultado de esta combinación de factores es claro: el RIGI avanza en el país, pero no dialoga con la estructura productiva actual de Santa Cruz. El régimen está pensado para una minería de expansión, de gran escala y de nuevos metales estratégicos, mientras que la provincia enfrenta el desafío de sostener una minería madura, intensiva en empleo y dependiente de inversiones medianas pero constantes.
Esto no implica que Santa Cruz esté fuera del futuro minero. Los proyectos de exploración avanzada en marcha, como Joaquín y Cerro León, demuestran que aún existe potencial para una nueva etapa. Sin embargo, para que ese potencial se traduzca en inversiones productivas será necesario algo más que un régimen nacional genérico: se requiere infraestructura, seguridad jurídica y herramientas específicas que contemplen la realidad de la Cuenca del Deseado.
La ausencia de proyectos RIGI en Santa Cruz no es un dato menor ni coyuntural. Es una señal de alerta. Marca el agotamiento de un modelo que ya no encuentra respuestas en los esquemas tradicionales y plantea una disyuntiva estratégica: o la provincia logra adaptarse al nuevo mapa de inversiones mineras, o corre el riesgo de quedar relegada en un ciclo que ya se está consolidando en otras regiones del país.
El debate está abierto y excede largamente una lista de proyectos aprobados. Lo que está en juego es el lugar que Santa Cruz ocupará en la minería argentina de las próximas décadas.
