El contraste entre las nuevas posibilidades de ingreso a la minería y el reclamo de trabajadores desvinculados de Cerro Negro vuelve a poner en discusión el empleo local, la continuidad laboral y las respuestas de la empresa, el sindicato y el Gobierno provincial. Mario Carrizo asegura que lleva tres meses sin trabajo y que, después de recurrir a distintas instancias, decidió viajar a Río Gallegos junto a sus compañeros para exigir una solución.
La minería santacruceña tiene dos realidades que conviven y merecen ser observadas en conjunto. Por un lado, las nuevas oportunidades laborales que se abren para personas que buscan ingresar a la actividad sin experiencia previa. Por el otro, trabajadores que ya formaron parte de la industria, acumularon experiencia y hoy reclaman una respuesta después de haber sido desvinculados de Cerro Negro, el yacimiento operado por Newmont.
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El contraste no implica que una situación invalide la otra. La incorporación de nuevos trabajadores es una noticia positiva para Santa Cruz, donde ampliar las posibilidades de acceso a la minería constituye una demanda permanente. Pero también obliga a preguntarse qué sucede con quienes ya conocen la actividad, tienen experiencia laboral y, tras perder sus puestos, deben comenzar nuevamente la búsqueda de empleo.
Ese interrogante tomó dimensión provincial con el reclamo de un grupo de trabajadores frente a Casa de Gobierno, en Río Gallegos. Los afectados llevaban alrededor de tres semanas desvinculados de sus tareas en Cerro Negro, y ante la falta de respuestas decidieron profundizar la protesta. Uno de ellos se encadenó frente al edificio gubernamental en busca de una respuesta que, según denunciaron, todavía no había llegado.
«Somos afectados, somos cinco personas de la empresa Cerro Negro», explicó Carrizo al describir la situación. Más adelante, en la misma entrevista, habló de seis trabajadores en total y señaló que uno había conseguido empleo en otra empresa. La cantidad exacta de personas que continuaban reclamando al momento de la protesta debe ser confirmada, pero el testimonio permite reconstruir el recorrido de un conflicto que llevaba meses sin una salida satisfactoria para los involucrados.
Carrizo aseguró que su desvinculación se produjo mediante un despido sin causa, bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. «El 245 da pie a que vos te vas sin causa y da pie a que vos cobrés tu liquidación», explicó. Y agregó: «Nosotros no buscamos hablar de nadie, nosotros venimos a buscar una solución porque queremos trabajar».
La frase resume el planteo que los trabajadores llevaron a Río Gallegos: no reclaman solamente una discusión sobre el monto de una indemnización, sino una posibilidad de recuperar sus puestos o encontrar una salida laboral concreta.
Tres meses sin trabajo y una respuesta que no llega, según los trabajadores
En el caso de Carrizo, el telegrama de despido había llegado tres meses. Según su relato, después de las primeras gestiones legales, los trabajadores recurrieron al sindicato AOMA y a las autoridades laborales, sin obtener una solución que consideraran suficiente.
«Hemos hecho toda la parte legal», contó. También aseguró que viajaron a San Julián para buscar asistencia sindical y que no recibieron el acompañamiento que esperaban. «Seguimos esperando todavía respuesta, no teníamos nada concreto», sostuvo al explicar por qué decidieron trasladar el reclamo a la capital provincial.
El trabajador describió una situación personal y económica compleja, compartida —según dijo— por sus compañeros. «Tenemos familia, tenemos hijos, compañeros tienen que están alquilando», expresó. Luego enumeró las obligaciones que continúan pese a la pérdida del salario: «Te quedan cuentas, te quedan tarjetas a pagar y todas esas cosas, se complica todo».
La protesta frente a Casa de Gobierno llegó después de varias semanas en Río Gallegos. Carrizo señaló que el grupo había recibido compromisos verbales y referencias a gestiones en curso, pero que no veía resultados concretos. «El día viernes tomé la decisión, porque ya nos habíamos como que cansado de los discursos del ministro de Trabajo», relató en referencia a la decisión de avanzar con la medida.
En otro tramo de la entrevista, explicó que la intención era permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta. «No nos queda otra», afirmó, al justificar una medida que describió como difícil para los propios trabajadores y sus familias.
El reclamo también puso en discusión el papel de AOMA. Carrizo cuestionó la atención recibida y sostuvo que el sindicato no había intervenido de la manera que esperaba para defenderlos. Sin embargo, sus declaraciones reflejan la posición de los trabajadores y no permiten, por sí solas, establecer cuál fue la actuación completa de la organización gremial ni las razones de las desvinculaciones.
El punto más delicado de su testimonio aparece cuando plantea una posible relación entre sus diferencias con representantes sindicales y la pérdida del empleo. Carrizo recordó que había expresado desacuerdos con determinadas medidas gremiales porque, según contó, entendía que podían derivar en descuentos salariales y no estaban vinculadas directamente con sus reclamos.
«Yo no estaba de acuerdo», dijo al recordar una asamblea en la que cuestionó una retención. Según su versión, posteriormente le descontaron esos días de su salario. El trabajador sospecha que esa posición pudo haber influido en su desvinculación y señaló que había recibido comentarios de compañeros que todavía trabajaban en el yacimiento.
«Yo creo que vino por ahí», sostuvo al referirse a la posible intervención de delegados sindicales en el conflicto.
Se trata de una acusación que requiere ser contrastada con la posición de la empresa y del sindicato. No hay en el testimonio elementos suficientes para afirmar que existió una represalia ni para atribuir a esa circunstancia una relación causal comprobada con el despido. Precisamente por eso, conocer las explicaciones de las partes resulta indispensable para esclarecer el caso.
El artículo 245, la indemnización y el debate sobre el empleo santacruceño
El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo regula la indemnización por antigüedad cuando se produce un despido sin justa causa dentro del régimen general. Su aplicación no demuestra por sí misma que una empresa haya cometido una irregularidad: establece las consecuencias indemnizatorias previstas para esa modalidad de desvinculación.
Pero cumplir con una obligación legal y resolver el impacto laboral de una desvinculación son cuestiones diferentes. Para quien pierde su salario, la indemnización puede representar una compensación económica, pero no garantiza un nuevo puesto de trabajo ni restablece automáticamente los ingresos que sostenían a su familia.
Carrizo reconoció esa diferencia al explicar la situación. «Fue un despido sin causa donde te pagan la liquidación, porque es lo que dice la ley», señaló. Su reclamo, sin embargo, apunta a otra cuestión: la posibilidad de volver a trabajar en una industria de la que ya formaba parte.
El trabajador sostuvo que Cerro Negro continuaba incorporando personal y contratando servicios. «Siguen haciendo ingresos, siguen contratando empresas», afirmó. También manifestó su preocupación por la presencia de trabajadores procedentes de otras provincias, mientras personas de Santa Cruz buscan una oportunidad laboral.
Esas afirmaciones deben contrastarse con información actualizada sobre las incorporaciones, la procedencia de los trabajadores, los perfiles requeridos y las necesidades operativas del yacimiento. El testimonio no permite establecer por sí solo cuántas personas fueron contratadas, de dónde provienen ni si las vacantes disponibles son compatibles con los perfiles de los despedidos.
Sin embargo, la cuestión merece atención. Santa Cruz sostiene desde hace años una discusión sobre la participación de los trabajadores locales en las actividades productivas, la formación de nuevos perfiles y la generación de oportunidades para sus habitantes. En ese marco, tanto el acceso de quienes todavía no tienen experiencia como la reinserción de quienes ya trabajaron en minería forman parte del mismo desafío.
La pregunta no es si deben abrirse las puertas a nuevos trabajadores o si debe priorizarse a quienes tienen experiencia. La actividad necesita incorporar nuevas capacidades y, al mismo tiempo, aprovechar el conocimiento acumulado por quienes ya se desempeñaron en ella. El desafío consiste en ampliar las oportunidades sin perder de vista las trayectorias laborales que quedan interrumpidas.
Para Newmont, el contraste plantea una discusión sobre su relación con el empleo local. Las nuevas búsquedas laborales pueden ampliar las posibilidades de ingreso a Cerro Negro, pero no responden por sí solas a los interrogantes que deja el reclamo de los trabajadores desvinculados. Tampoco permiten concluir, sin información adicional, que las vacantes anunciadas sean equivalentes a los puestos que se perdieron.
El Gobierno provincial también tiene un papel en esta discusión. Carrizo pidió una intervención que permita encontrar una solución y mencionó expresamente al ministro de Trabajo, Javier Aravena, y al gobernador Claudio Vidal. La respuesta oficial resulta relevante para conocer qué gestiones se realizaron, qué posibilidades de resolución existen y cuáles son los límites de la intervención estatal frente a una decisión empresarial de despido.
La situación exige, además, conocer la posición de Newmont y de AOMA. Qué motivos llevaron a las desvinculaciones, qué instancias de diálogo se abrieron, qué intervención tuvo el sindicato y qué alternativas laborales podrían existir son preguntas que no pueden resolverse solamente con el testimonio de una de las partes.
Mientras tanto, los trabajadores sostienen que su objetivo es volver a trabajar. «Tenemos la experiencia, tenemos todo para volver o ingresar en cualquier otra empresa», afirmó Carrizo. Y dejó en claro que su pedido no se limita a recuperar el puesto que tenía en Cerro Negro: también están dispuestos a encontrar una oportunidad en otra compañía.
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La minería santacruceña necesita generar empleo, formar nuevos trabajadores y ampliar la participación local en una actividad estratégica para la provincia. Pero esa discusión pierde una parte importante de su dimensión si solo se consideran las incorporaciones y no se observa qué ocurre con quienes quedan fuera.
Newmont abre oportunidades para nuevos perfiles; los trabajadores desvinculados de Cerro Negro reclaman una respuesta. Las dos realidades forman parte de una misma conversación sobre el empleo minero, la responsabilidad de las empresas y el papel del Estado.
La cuestión de fondo es cómo convertir la actividad minera en una fuente de oportunidades sostenidas para Santa Cruz: no solamente para quienes buscan ingresar por primera vez, sino también para quienes ya aportaron su experiencia y hoy necesitan volver a trabajar.
