Editorial Extremo Minero
El conflicto que atravesó a Newmont en los últimos días dejó una discusión que va más allá de las inspecciones, los reclamos y las posiciones enfrentadas. Cuando una operación minera de esta dimensión entra en una crisis que involucra al Estado, trabajadores, sindicatos, proveedores y comunidades, la sociedad también espera algo de la empresa: que explique, que escuche y que dé la cara.
Hay una pregunta que quizás todavía no se hizo con suficiente claridad en medio de todo lo ocurrido en Cerro Negro: ¿qué esperamos de una empresa minera cuando atraviesa una crisis de esta magnitud?
No es una pregunta menor. Tampoco es una pregunta dirigida exclusivamente a Newmont.
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En una provincia como la nuestra, donde la minería ocupa un lugar central en la economía, una operación de la dimensión de Cerro Negro trasciende largamente los límites físicos del yacimiento. Allí trabajan personas, se contratan servicios, se movilizan transportistas, compran proveedores, se sostienen familias y se genera una actividad económica que alcanza a numerosas localidades y sectores.
Por eso, cuando algo sucede dentro de una operación de esas características, la preocupación tampoco queda adentro.
En los últimos días vimos cómo cada uno de los actores fue tomando la palabra. El Gobierno provincial explicó las razones de las inspecciones y las observaciones realizadas. Los sindicatos expresaron sus posiciones frente a las condiciones de seguridad y al cumplimiento de la normativa. Los proveedores hicieron pública su preocupación por el impacto que una eventual interrupción de la actividad podría generar sobre el empleo y la cadena de valor. La situación llegó a los tribunales y requirió incluso la intervención de la fuerza pública.
La sociedad santacruceña, mientras tanto, recibió información fragmentada desde distintos lugares y en esa conversación faltó, hasta ahora, una explicación pública integral de la propia empresa.
Newmont sí comunicó internamente que iniciaría una desmovilización progresiva de personal y equipos, en el marco de una situación que calificó de extraordinaria. También dejó en claro que la medida no debía interpretarse como un cierre definitivo de Cerro Negro. Pero hacia afuera, la compañía no desarrolló públicamente una explicación equivalente sobre lo sucedido, sobre su posición frente a las observaciones realizadas durante las inspecciones ni sobre el escenario que enfrenta la operación.
Es ahí donde aparece una cuestión que merece ser discutida sin prejuicios. ¿El silencio es realmente la mejor estrategia cuando una empresa está atravesando una crisis? Probablemente no.
Y decirlo no significa afirmar que Newmont sea responsable de las irregularidades que se le atribuyen, ni que las observaciones realizadas por los organismos provinciales deban darse por ciertas antes de que concluyan las actuaciones correspondientes. Tampoco significa desconocer que una empresa puede tener razones jurídicas para no referirse públicamente a determinados aspectos de un expediente en curso.
Significa algo mucho más sencillo: una compañía puede defender su posición y, al mismo tiempo, explicar lo que está ocurriendo. De hecho, debería hacerlo.
Una empresa que entiende la comunicación solamente como una herramienta para anunciar inversiones, nuevos proyectos, resultados positivos o incorporaciones de personal queda incompleta cuando llega el momento de enfrentar una situación adversa. La verdadera comunicación corporativa se pone a prueba precisamente cuando la noticia no es buena y lo ocurrido días atrás en Cerro Negro es un caso concreto.
La sociedad no pide una confesión, pide una explicación
Hay una diferencia sustancial entre reconocer una responsabilidad y explicar una situación. Newmont podría haber dicho que no coincide con determinadas observaciones. Podría haber informado que estaba analizando los resultados de las inspecciones. Podría haber anticipado que presentaría los descargos correspondientes. Podría haber explicado qué medidas estaba tomando para garantizar la seguridad de los trabajadores y cómo pensaba preservar la continuidad de la operación dentro del marco que las circunstancias permitieran.
Nada de eso habría significado aceptar las acusaciones, por el contrario, habría permitido que la posición de la compañía formara parte de la discusión pública con sus propios argumentos y no solamente a través de interpretaciones de terceros.
Porque cuando una empresa no habla, la información no desaparece. La conversación continúa.
Los funcionarios siguen hablando. Los sindicatos siguen hablando. Los proveedores siguen hablando. Los trabajadores hablan. Los medios informan. Las redes sociales reproducen versiones, opiniones, conclusiones y el espacio que una compañía deja libre termina siendo ocupado por otros y ese es, probablemente, el verdadero costo del silencio.
No solamente el riesgo reputacional. También la pérdida de capacidad para explicar el contexto, ordenar la información y diferenciar aquello que está comprobado de aquello que todavía es materia de discusión.
Quizás allí esté el principal error de interpretación cuando se habla de comunicación de crisis. A veces parece suponerse que hablar equivale a conceder. No es así.
Una compañía puede ser absolutamente firme en la defensa de sus intereses y, al mismo tiempo, mantener una comunicación abierta con la sociedad, puede cuestionar una decisión del Gobierno y dialogar con el Gobierno. Puede recurrir administrativa o judicialmente una medida y explicar públicamente que lo hará. Puede considerar que determinadas observaciones son incorrectas y, mientras las discute, informar qué medidas preventivas adopta. Puede preservar información sensible y, aun así, brindar certezas sobre aquello que sí puede comunicar.
Ese equilibrio es justamente lo que se espera de una organización que atraviesa una crisis.
No se trata de salir a responder cada declaración ni de entrar en una disputa pública con cada actor. Tampoco de transformar un problema operacional o institucional en una batalla mediática. Se trata de establecer una voz clara, responsable y reconocible. Una voz capaz de decir qué ocurrió desde la perspectiva de la empresa, qué está confirmado, qué se encuentra en análisis y cuáles serán los próximos pasos. En una crisis, eso vale mucho.
Porque cuando las personas no tienen información, construyen hipótesis. Y cuanto mayor es la incertidumbre, más difícil resulta recuperar después la confianza.
También está en juego la relación con Santa Cruz
Hay otra razón por la que el silencio adquiere una dimensión particular en este caso. Newmont no llegó ayer a Santa Cruz. Cerro Negro tiene una historia de años y la compañía ha construido alrededor de esa operación una relación con trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades y autoridades.
Durante ese tiempo, la empresa también habló de inversión, crecimiento, seguridad, desarrollo y continuidad. Hace pocas semanas, por ejemplo, su conducción había destacado públicamente la importancia de la seguridad jurídica, la institucionalidad y el diálogo con los gobiernos y las comunidades como condiciones necesarias para sostener inversiones mineras de largo plazo y ese discurso forma parte de la relación de una compañía con la sociedad.
Por eso, cuando llega una crisis, también es razonable esperar que esos mismos principios se expresen en la manera de enfrentarla.
Si el diálogo es importante cuando todo funciona, debería ser todavía más importante cuando las relaciones se tensan. Si la seguridad es una prioridad, la sociedad debería poder conocer qué medidas está adoptando la empresa frente a los cuestionamientos vinculados con ella.
Si la continuidad de la inversión es estratégica, sería lógico explicar qué impacto tiene la situación actual sobre los planes de la operación y si la relación con Santa Cruz es considerada de largo plazo, también debería existir una explicación sobre cómo piensa la compañía reconstruir los canales institucionales necesarios para superar este momento.
No hace falta tener todas las respuestas, hace falta demostrar que se está trabajando para encontrarlas.
Quizás la mayor enseñanza de esta crisis sea que una operación minera nunca funciona en soledad. Detrás de cada yacimiento existe una estructura mucho más amplia. Hay trabajadores y familias, empresas contratistas, proveedores, transportistas, comercios y comunidades. También hay un Estado que tiene la obligación de controlar y una sociedad que observa qué ocurre con una actividad que genera empleo e ingresos en su territorio.
Cuando una operación se detiene o reduce su actividad, el impacto no queda necesariamente limitado a la empresa que la administra.
Por eso resultó significativa la preocupación expresada por los proveedores santacruceños durante estos días. No se trata solamente de una discusión entre una minera y el Gobierno. Cualquier alteración prolongada de la actividad puede terminar trasladándose por la cadena de valor. Ese aspecto también merecía una explicación.
¿Qué significa la desmovilización anunciada para los contratistas? ¿Qué actividades continuarán? ¿Cuál será el horizonte para los proveedores? ¿Qué ocurrirá con los trabajadores afectados? ¿Qué condiciones deberían darse para recuperar la normalidad?
Son preguntas razonables en una sociedad que, de una u otra manera, participa de la actividad minera.
La comunicación también construye licencia social
Durante mucho tiempo, la llamada licencia social para operar fue asociada principalmente con el vínculo de las empresas con las comunidades. Hoy el concepto es bastante más amplio.
La confianza también se construye a través de la transparencia, de la capacidad de diálogo y de la forma en que una compañía responde cuando atraviesa dificultades.
Una empresa no puede pretender que la sociedad confíe en ella solamente cuando anuncia una inversión o inaugura un proyecto. La confianza se pone a prueba cuando aparecen los problemas. Es allí donde una compañía demuestra si entiende realmente el lugar que ocupa y este concepto no vale solamente para Newmont, aplica para todas las empresas y compañías que trabajan en la provincia.
También debería aplicarse al Estado, que tiene que ejercer sus facultades de control con rigor pero evitando que una fiscalización se convierta en una disputa política; a los sindicatos, que tienen el legítimo derecho de defender a los trabajadores pero también la responsabilidad de actuar dentro de los canales institucionales, a los proveedores y cámaras empresarias, que deben defender el empleo y la actividad sin convertir la defensa de la minería en una justificación automática de cualquier conducta empresarial y también a nosotros, los medios. Que debemos informar pero no generar especulaciones o alarmas innecesarias, mucho menos opinión, lo que debemos hacer es informar, lo más clara y objetivamente posible, los acontecimientos.
Todos tenemos una responsabilidad y todos deberíamos entender que una crisis no se supera profundizando las trincheras.
Lo que Santa Cruz debería esperar
Tal vez, después de todo lo ocurrido, la pregunta inicial tenga una respuesta bastante sencilla.
¿Qué espera la sociedad santacruceña de una empresa minera cuando llega una crisis? y las respuestas empiezan a brotar con en un brainstorming:
Que cumpla las leyes. Que cuide a sus trabajadores. Que defienda sus derechos cuando considere que fueron vulnerados. Que dialogue con las autoridades. Que proteja los puestos de trabajo. Que cuide a sus proveedores. Que preserve sus inversiones y fundamentalmente que explique qué está haciendo.
No se le pide que se declare culpable. No se le pide que renuncie a defenderse. No se le pide que acepte una versión oficial como verdad definitiva.
Se le pide algo mucho más básico: que participe de la conversación que inevitablemente genera una situación de estas características.
Porque una empresa que tiene presencia económica y social en una provincia también tiene una responsabilidad frente a esa sociedad y esa responsabilidad no termina cuando comienza una crisis.
Tal vez ocurra exactamente lo contrario.
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El desafío que queda después de Cerro Negro
Todavía habrá que esperar el resultado de las actuaciones iniciadas, conocer los descargos de la compañía y determinar qué corresponde corregir, qué responsabilidades existen y qué medidas deberán adoptarse. También habrá que reconstruir los canales de diálogo que permitan que Cerro Negro vuelva a una situación de normalidad y que los distintos actores recuperen previsibilidad.
Pero hay algo que no necesita esperar ningún expediente. La necesidad de recuperar la conversación.
Porque Santa Cruz necesita minería. Necesita inversión, empleo, proveedores, actividad económica y proyectos que puedan desarrollarse durante décadas. Pero también necesita un Estado que controle, trabajadores protegidos por la legislación y empresas que comprendan que operar en una provincia significa construir una relación permanente con la sociedad que las rodea.
En ese equilibrio no hay lugar para los extremos, excepto el minero (esto es un chascarrillo para distender). Ni para una minería que pretenda operar al margen de las reglas. Ni para controles que conviertan cada conflicto en una confrontación institucional. Ni para sindicatos que confundan la defensa de los trabajadores con la imposición o para batallar entre sí. Ni para empresas que entiendan que guardar silencio es siempre la mejor manera de atravesar una crisis.
La minería necesita reglas claras, pero también necesita instituciones maduras. Y las instituciones maduras saben que, aun cuando no exista acuerdo, siempre hay una diferencia entre confrontar y dialogar.
Hoy, Cerro Negro todavía tiene un camino por recorrer para superar esta crisis, ese camino deberá construirse con cumplimiento, seguridad, trabajo, inversión y diálogo. Pero también con algo que suele subestimarse hasta que hace falta:
la capacidad de dar la cara.
Porque cuando una empresa forma parte durante años de la vida económica de una sociedad, esa sociedad no espera que sea infalible. Espera que, cuando las cosas se complican, esté presente, explique, escuche y asuma la responsabilidad de participar de la solución. Eso no es una concesión, es parte del contrato de confianza que hace posible que una operación minera pueda permanecer durante décadas en Santa Cruz.
