Editorial Extremo Minero
La situación registrada durante los últimos días en Cerro Negro expuso una tensión que trasciende a Newmont y alcanza a trabajadores, gremios, proveedores, cámaras empresarias, Gobierno y al conjunto de la actividad minera. El desafío ahora será transformar lo ocurrido en una oportunidad para fortalecer controles, seguridad, empleo local y previsibilidad, sin poner un interés por encima de otro.
Lo ocurrido durante los últimos días en Cerro Negro difícilmente pueda reducirse a una discusión entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont, ni tampoco a una disputa estrictamente sindical o empresaria. Lo que quedó expuesto es bastante más amplio: una actividad minera que necesita producir, trabajadores que tienen derecho a hacerlo en condiciones seguras, proveedores que dependen de la continuidad de las operaciones, gremios que reclaman representación y cumplimiento de derechos, cámaras que buscan defender los intereses de sus asociados y un Estado que tiene la obligación de controlar que las reglas se cumplan.
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Pero hay algo más, el episodio también dejó al descubierto una realidad que palpita desde siempre, latente pero implícita en la cotidianeidad de la minería santacruceña actual. Dentro de cada uno de esos sectores existen intereses, representaciones y miradas diferentes y esa dimensión resulta importante para comprender lo ocurrido sin reducirlo a una confrontación entre dos partes.
Lo ocurrido durante los últimos días en Cerro Negro no tuvo solamente una disputa entre empresa y Estado. Tuvo, en paralelo, distintas discusiones dentro del universo sindical, entre las cámaras de proveedores, entre empresas contratistas y operadoras, y alrededor de qué significa realmente ser una empresa local y cuánto valor debe quedar en Santa Cruz.
La situación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que la provincia conoce desde hace años, pero que todavía no termina de resolver de manera definitiva: cómo construir una minería capaz de generar inversión, empleo y desarrollo local sin relativizar las obligaciones laborales, ambientales, productivas y de seguridad que pesan sobre todos los actores.
La discusión adquiere una dimensión particular en Cerro Negro porque no parte de cero.
El 9 de abril de 2024, dos trabajadores murieron en el yacimiento. Newmont confirmó entonces los fallecimientos y anunció la suspensión de las actividades y una investigación sobre las causas del hecho. El Gobierno provincial dispuso posteriormente el cese preventivo de actividades y reclamó documentación vinculada con las condiciones de seguridad.
Aquel antecedente sigue formando parte de la discusión actual. De hecho, durante 2024 y nuevamente en 2026, la Provincia mantuvo distintas instancias de seguimiento con la compañía para analizar medidas correctivas y condiciones de seguridad. En junio de este año, el Ministerio de Trabajo volvió a reunir a representantes de Newmont y AOMA después de nuevas inspecciones, con el objetivo de avanzar sobre las irregularidades detectadas y el cumplimiento de la normativa laboral y del régimen de empleo santacruceño.
Por eso, las inspecciones de septiembre no aparecen aisladas.
Según informó el Gobierno provincial, durante los últimos controles se detectaron distintas irregularidades, se dispusieron seis ceses de tareas y fue necesaria la intervención policial y una orden judicial para concretar el ingreso de los inspectores al establecimiento.
Son hechos suficientemente relevantes como para que el Estado ejerza sus facultades de fiscalización. Y también suficientemente relevantes como para que cualquier análisis responsable evite convertir esas actuaciones en una conclusión anticipada sobre responsabilidades que, cuando correspondan, deberán determinarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
El conflicto tuvo distintos niveles y ninguno puede explicar por sí solo lo ocurrido
La posición del Gobierno provincial quedó expresada con claridad: Santa Cruz quiere inversión, producción, empleo y proveedores santacruceños, pero nada de eso puede estar por encima de la vida, la seguridad y el cumplimiento de las normas.
Es una definición difícil de discutir en términos conceptuales.
La autoridad laboral tiene precisamente la responsabilidad de controlar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y en una actividad de alto riesgo como la minería, la fiscalización no debería interpretarse como una interferencia sobre la producción, sino como parte de las condiciones que permiten que esa producción sea sostenible, el problema aparece cuando el ejercicio del control y la continuidad productiva quedan planteados como opciones contrapuestas. No deberían serlo.
Una minería seria necesita controles. Pero también necesita reglas previsibles, criterios objetivos y capacidad de respuesta. Las empresas deben saber qué deben cumplir, los trabajadores deben conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, los gremios necesitan mecanismos institucionales para plantear sus reclamos y los proveedores necesitan previsibilidad suficiente para sostener estructuras, inversiones y puestos de trabajo.
Y en Cerro Negro esa discusión atravesó también al universo sindical.
AOMA tiene una representación central entre los trabajadores mineros de la operación y en los últimos días manifestó su estado de alerta frente a las observaciones de seguridad realizadas por la autoridad provincial. ASIMRA, por su parte, también respaldó públicamente las inspecciones y puso el foco en las condiciones de seguridad para los trabajadores que representa.
ASIJEMIN por su parte ocupa otro espacio dentro de ese escenario: representa al personal jerárquico, profesional y técnico y mantiene una agenda propia respecto de las condiciones laborales, la negociación colectiva y la representación sindical. La organización ya había intervenido frente a conflictos laborales en Cerro Negro y durante septiembre cuestionó públicamente no haber sido convocada a determinadas instancias de diálogo provincial.
Esto no significa necesariamente que exista una confrontación permanente entre AOMA, ASIMRA y ASIJEMIN, pero sí demuestra que el frente gremial no es homogéneo.
Cada organización representa colectivos diferentes, tiene sus propias estructuras y procura ocupar un lugar en las discusiones que afectan a sus afiliados. En una operación que reúne alrededor de 1.200 trabajadores y una diversidad importante de tareas, contratistas y niveles de responsabilidad, esa diferencia de representaciones adquiere relevancia.
La propia agenda previa al conflicto lo había demostrado. En agosto, el Gobierno provincial mantuvo una mesa de trabajo con AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP, donde aparecieron reclamos vinculados con el empleo santacruceño, las condiciones laborales y la seguridad.
Por eso, sería simplificar demasiado interpretar todo lo ocurrido solamente como una disputa entre el Gobierno y Newmont. Hay también una discusión sobre quién representa a quién, quién participa de las mesas de diálogo y qué reclamos tienen prioridad.
Las cámaras empresarias y otra discusión que venía creciendo
Una situación similar puede observarse entre las organizaciones que representan a proveedores y empresas vinculadas con la minería.
CAPROMISA viene sosteniendo una agenda fuertemente vinculada con las pymes santacruceñas, el compre local, la continuidad de las operaciones y la necesidad de que la actividad minera genere trabajo efectivo para empresas radicadas y arraigadas en la provincia.
En los últimos días, la cámara reclamó previsibilidad frente al impacto que la interrupción de Cerro Negro estaba generando sobre sus asociados y advirtió sobre empresas que comenzaban a enfrentar dificultades laborales. Al mismo tiempo, dejó expresamente planteado que no estaba solicitando una reapertura sin condiciones adecuadas de seguridad.
En necesario recordar también que CAPROMISA venía trabajando con Newmont sobre capacitación, compras locales y mecanismos para mejorar la participación de proveedores santacruceños en las licitaciones.
CAPPEMA, por su parte, mantiene una agenda relacionada con proveedores de insumos y prestadores de servicios de los sectores energético, minero y ambiental. También viene reclamando mayor apertura, previsibilidad y transparencia en los procesos de contratación y una mayor participación de empresas santacruceñas.
Aquí tampoco sería correcto hablar simplemente de una pelea entre dos cámaras. Hay coincidencias evidentes: ambas reclaman mayor participación local y mejores oportunidades para las empresas de Santa Cruz.
Pero también existen diferencias de enfoque, intereses empresariales y formas de interpretar qué debe considerarse una empresa local, cómo deben segmentarse los contratos y cuáles son los mecanismos más adecuados para ampliar la participación santacruceña.
La discusión alrededor de algunas adjudicaciones vinculadas con Cerro Negro volvió particularmente visible ese problema.
¿Qué significa ser una empresa local?; ¿Alcanza con tener domicilio en Santa Cruz?; ¿Debe considerarse la cantidad de trabajadores santacruceños?; ¿La inversión realizada en la provincia?; ¿La contratación de proveedores locales?; ¿Los años de permanencia?; ¿El aporte concreto a las comunidades?
No son preguntas menores. Son parte de una discusión mucho más profunda sobre el modelo de desarrollo que Santa Cruz quiere construir alrededor de la minería.
CAPROMISA puso el acento recientemente en la trayectoria, la inversión, el empleo y el valor que determinadas empresas dejan en el territorio. CAPPEMA, en distintas instancias de diálogo con Newmont, también planteó la necesidad de mejorar los procesos de contratación, segmentar oportunidades y ampliar el acceso de empresas santacruceñas.
La diferencia está menos en el objetivo que en la forma de alcanzarlo y esa diferencia también forma parte de la realidad minera provincial.
Newmont, en el centro de todas las discusiones
En medio de estas tensiones aparece naturalmente Newmont.
La compañía es la operadora de Cerro Negro y, por su dimensión, tiene una responsabilidad central sobre la seguridad de sus trabajadores, el cumplimiento de la normativa, la continuidad de la operación y la relación con el entramado productivo santacruceño. Pero también es una empresa que viene anunciando inversiones importantes para extender y optimizar la operación.
A fines de agosto comunicó una inversión superior a US$60 millones para una iniciativa de cielo abierto vinculada con la optimización de Cerro Negro, con una previsión de alrededor de 100 puestos de trabajo. La compañía también mantiene su estrategia de largo plazo sobre el proyecto y el desarrollo de Cerro Negro Expansion 1.
Esos anuncios son relevantes para Santa Cruz.
La provincia necesita inversiones de esa magnitud. Necesita producción, exportaciones, empleo directo e indirecto y una cadena de proveedores que pueda crecer alrededor de los proyectos mineros. Pero justamente por eso la exigencia también es mayor.
Una empresa que proyecta permanecer durante años en Santa Cruz necesita previsibilidad, pero el Estado necesita poder fiscalizarla. Los trabajadores necesitan empleo, pero también seguridad. Los proveedores necesitan contratos, pero deben ser competitivos. Los gremios necesitan canales institucionales, pero también deben contribuir a la construcción de soluciones. Nadie puede ser mas que el resto, cada eslabón tiene la misma importancia, la misma responsabilidad y el mismo objetivo: Minería sostenible, sustentable y segura.
El Estado también queda frente a su propio desafío
El Gobierno provincial logró instalar una agenda de mayor control sobre Cerro Negro y encontró respaldo de organizaciones sindicales para las inspecciones realizadas. Ese respaldo constituye un dato político y gremial importante, pero también aumenta la responsabilidad del propio Estado.
Si la Provincia decide profundizar la fiscalización, deberá sostenerla con criterios técnicos, continuidad, transparencia y una misma vara para todas las operaciones mineras, no es suficiente con controlar cuando existe conflicto o a una sola empresa. Santa Cruz es la provincia que mas minas activas tiene en el país, la principal exportadora de oro y plata y la mayor concentradora de empleo. El verdadero desafío será construir un sistema permanente de fiscalización que permita detectar problemas antes de que se transformen en crisis.
Lo mismo ocurre con el cumplimiento del régimen de empleo santacruceño. La discusión por el 90/10 no puede aparecer solamente cuando existe tensión entre trabajadores, contratistas, gremios y empresas. Debe formar parte de una política permanente, con información verificable y mecanismos claros para determinar quién cumple y quién no, en ese sentido, el Estado también tiene una oportunidad.
Convertir el conflicto en institucionalidad.
Que las inspecciones no dependan de una coyuntura determinada. Que los reclamos tengan canales formales. Que las empresas sepan qué documentación y condiciones deben cumplir. Que los trabajadores conozcan sus derechos. Que los gremios tengan espacios de participación. Y que las cámaras empresarias puedan discutir contrataciones y desarrollo de proveedores sobre la base de reglas conocidas.
Lo que queda después de toda esta situación
La desmovilización progresiva comunicada en las últimas horas agrega una nueva dimensión al escenario.
Ahora aparecen interrogantes concretos que deberán resolverse por las vías correspondientes: cuál será el alcance efectivo de la desmovilización, cuánto tiempo demandarán las medidas correctivas, cómo se garantizarán los ingresos y derechos laborales durante ese período y de qué manera se evitará que el impacto termine trasladándose a los proveedores y contratistas.
También habrá que observar qué sucede con las relaciones internas entre las distintas organizaciones sindicales, cómo se reconstruyen los espacios de diálogo y qué lugar tendrá cada representación en las futuras discusiones.
Del mismo modo, será necesario observar si CAPROMISA, CAPPEMA y los demás actores empresarios logran transformar sus diferencias de enfoque en propuestas concretas para mejorar el acceso de las empresas santacruceñas a la cadena de valor.
Son preguntas legítimas.
Pero no deberían resolverse mediante versiones, especulaciones o enfrentamientos públicos. Tampoco debería instalarse la idea de que controlar la seguridad significa atacar a la minería, ni la contraria, que defender la continuidad productiva implica relativizar las condiciones laborales.
Ambas simplificaciones son equivocadas.
El Estado tiene derecho y obligación de inspeccionar. Las empresas tienen derecho a operar y producir dentro del marco legal. Los trabajadores tienen derecho a condiciones seguras. Los gremios tienen derecho a representar y defender a sus afiliados. Las cámaras tienen derecho a reclamar por los intereses de sus asociados. Y los proveedores tienen derecho a reclamar previsibilidad y oportunidades dentro de una cadena de valor que se desarrolla en territorio santacruceño.
La cuestión de fondo es otra: que cada uno cumpla la parte que le corresponde.
Newmont deberá responder ante los organismos competentes por las observaciones que hayan sido formalmente constatadas y deberá implementar las medidas correctivas que correspondan.
El Gobierno tendrá que sostener los controles con criterios técnicos, transparencia y continuidad, evitando que la fiscalización dependa de la coyuntura o de la presión pública.
Los gremios deberán continuar ejerciendo su representación y defendiendo los derechos de los trabajadores, pero también contribuir a que los conflictos se canalicen institucionalmente.
Las cámaras empresarias deberán continuar defendiendo a sus asociados, pero también encontrar mecanismos para que la discusión sobre el compre local no quede limitada a una disputa por contratos individuales, sino que contribuya a desarrollar una cadena de proveedores más competitiva y sostenible.
Y las empresas proveedoras deberán poder desarrollar sus actividades en un escenario donde las reglas de contratación y continuidad sean suficientemente previsibles para permitir inversiones y generación de empleo.
Nada de esto implica ser más o menos riguroso. Implica ser justo.
Porque una ley que se aplica solamente cuando conviene pierde autoridad. Pero una regulación aplicada de manera imprevisible también genera incertidumbre y termina perjudicando a trabajadores, empresas y comunidades.
Santa Cruz necesita una misma vara para todos: para una multinacional, para una contratista, para una pyme proveedora, para un trabajador, para un gremio, para una cámara empresaria y para el propio Estado.
La minería sostenible y sustentable que la provincia pretende desarrollar no puede construirse solamente sobre toneladas producidas, inversiones anunciadas o puestos de trabajo generados, tampoco exclusivamente sobre controles y sanciones.
Se construye cuando producción, seguridad, ambiente, empleo, proveedores locales, representación laboral y cumplimiento normativo forman parte de una misma política. Lo vivido estos días en Cerro Negro deja, en ese sentido, una advertencia pero también una oportunidad.
La advertencia es que ningún proyecto minero, por importante que sea, puede quedar al margen de las reglas.
La oportunidad es demostrar que el cumplimiento de esas reglas no tiene por qué convertirse en un obstáculo para invertir, producir y generar trabajo.
También deja otra enseñanza: la minería santacruceña es demasiado importante y demasiado compleja como para reducirla a una sola voz.
Hay trabajadores con diferentes representaciones sindicales. Hay empresas con diferentes intereses. Hay cámaras que expresan miradas distintas sobre el desarrollo de proveedores. Hay un Estado que debe controlar y, al mismo tiempo, generar condiciones para la inversión. Hay comunidades que esperan empleo y desarrollo. Y hay compañías mineras que necesitan previsibilidad para sostener proyectos de largo plazo.
Todos forman parte de la misma ecuación. El objetivo debería ser exactamente el contrario al enfrentamiento: que las reglas claras permitan invertir con previsibilidad, trabajar con seguridad, controlar con legitimidad, contratar con transparencia y producir de manera responsable.
La discusión de estos días dejará seguramente distintas interpretaciones sobre lo ocurrido, sobre las responsabilidades y sobre las decisiones adoptadas. Cada actor tendrá su propia lectura y corresponderá a los organismos competentes determinar aquello que deba determinarse.
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Pero hay una conclusión que debería poder ser compartida por todos.
Santa Cruz necesita minería. Necesita inversiones. Necesita empleo. Necesita proveedores locales. Necesita representación gremial. Necesita un Estado que controle. Y necesita trabajadores que vuelvan a sus casas después de cumplir sus rosters
Para que todo eso sea posible, las reglas deben ser claras, conocidas y aplicadas de la misma manera para todos. No se trata de ser más rigurosos. Se trata de que la ley sea pareja.
Y quizás ese sea el verdadero desafío que deja Cerro Negro: demostrar que una minería sostenible y sustentable no se construye eligiendo entre producción y seguridad, entre inversión y proveedores locales, entre empresa y trabajadores, o entre control estatal y continuidad productiva, se construye haciendo que todos esos intereses puedan convivir dentro de un mismo marco de responsabilidad.
Porque, en definitiva, el verdadero éxito de una política minera no debería medirse por quién ganó un conflicto, sino por si después del conflicto todos quedaron en mejores condiciones para seguir trabajando.
