La conversión de YCRT en Sociedad Anónima genera fuerte preocupación entre los trabajadores. Desde ATE y otros gremios advierten sobre el posible vaciamiento de derechos laborales, mientras que el interventor Pablo Gordillo asegura que el control estatal está garantizado y que se trabaja para ordenar la empresa sin despidos ni privatizaciones encubiertas.
El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima mantiene un clima de tensión entre los trabajadores y las autoridades. Mientras los gremios insisten en que el nuevo esquema amenaza la estabilidad laboral y los convenios colectivos de trabajo, desde la intervención se busca llevar tranquilidad y remarcar los aspectos organizativos y jurídicos del cambio.
En ese marco, Delgado reclamó la urgente participación del gobernador en las negociaciones, y advirtió sobre la necesidad de un plan productivo que garantice la permanencia de los puestos de trabajo. “Nos vamos a seguir sentando a discutir siempre y cuando esté toda la gente adentro”, advirtió.
Gordillo afirmó que la ATEP (Agencia de Transformación de Empresas Públicas) ya fue notificada para que avance en una definición concreta sobre el esquema laboral. Además, reconoció que hay plazos que vencen en las próximas semanas, y que parte de las demoras se deben a la judicialización impulsada por ATE, que denunció la inconstitucionalidad de artículos claves del decreto.
Gordillo explicó además que la prioridad actual es ordenar la estructura jurídica y contable de YCRT para avanzar luego en una eventual reactivación productiva. “El Estado nos dijo que no pondrá más fondos hasta que la empresa esté organizada bajo el nuevo esquema. Luego se evaluarán inversiones”, indicó.
En cuanto a la comercialización, el interventor detalló que se comenzó a desarrollar un área específica para evaluar precios y oportunidades de venta de carbón, algo que históricamente estuvo desatendido. También se están por incorporar las reservas certificadas como activos, lo cual fortalecería el perfil de la empresa ante posibles compradores o inversores.
Respecto al puerto de Punta Loyola, donde YCRT tiene instalaciones estratégicas, Gordillo reveló que se avanzó en un convenio de uso conjunto con la empresa CGC, y que se busca incluir al puerto en los proyectos provinciales de desarrollo, como zonas francas e iniciativas vinculadas al hidrógeno verde.
Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en alerta. Para ellos, la falta de precisiones concretas sobre los convenios y la incertidumbre sobre la continuidad de sus condiciones laborales son señales preocupantes. La defensa de los derechos adquiridos y la garantía de no despidos siguen siendo los ejes de su reclamo.
Así, en medio de promesas de reordenamiento y advertencias de retroceso laboral, el futuro de YCRT se debate entre la palabra oficial y la desconfianza sindical. Una vez más, el destino del yacimiento carbonífero parece encender una pulseada clave entre el Estado, los trabajadores y un modelo de desarrollo aún incierto.
Fuente: TIEMPO SUR
