El proceso de cierre del yacimiento Manantial Espejo, operado por Minera Tritón Argentina —subsidiaria de Pan American Silver Corp.— se convirtió en uno de los episodios más sensibles para la minería santacruceña reciente. La secuencia de hechos, extendida entre 2022 y 2024, dejó un impacto económico y social que todavía repercute en Gobernador Gregores.
La cronología es elocuente: en diciembre de 2022 se produjo el cese definitivo de actividades; en enero de 2023 comenzaron los telegramas de despido —luego frenados por conciliación obligatoria—; en marzo de ese año se registró una toma simbólica impulsada por Asociación Obrera Minera Argentina; y finalmente en septiembre de 2024 se oficializó ante la comunidad el cierre total de la operación.
Durante todo ese proceso, los actuales referentes de Pan American silver en Puerto Deseado, fueron la cara visible de la compañía, participando incluso de la presentación del denominado “Plan de Cierre Social” junto a la entonces secretaria de Minería provincial, Nadia Ricci, en un encuentro con la intendenta Carina Bosso.
«Lo que el viento se llevó»
El diagnóstico local fue contundente y la propia jefa comunal de Gregores no dejó margen para interpretaciones. Carina Bosso definió la situación sin eufemismos: “Es un desastre para Gregores y tiene un impacto tremendo que aún no se puede medir”. También remarcó que “el impacto para la localidad es algo tremendo”, advirtiendo consecuencias directas en empleo, tejido social y dinámica cultural.
Los números ayudan a dimensionar el cuadro: se estiman alrededor de 600 empleos directos e indirectos perdidos; de unos 380 trabajadores activos en 2022 se pasó a cerca de 80 tras el cierre; y la mina había operado durante 16 años, desde 2008.
En el plano económico, la localidad enfrentó subas abruptas de alquileres y transporte, retracción comercial y desaparición de pymes vinculadas a la cadena minera. Incluso se instaló con fuerza el debate por el pasivo ambiental remanente, un punto que distintos actores señalaron como insuficientemente abordado.
El cierre de Manantial Espejo acumuló críticas desde distintos frentes. Entre los principales cuestionamientos se mencionaron la falta de comunicación formal a los trabajadores sobre el cese productivo, presiones para aceptar retiros voluntarios bajo condiciones discutidas, denuncias de hostigamiento laboral y una percepción generalizada de ausencia de planificación.
Un estudio académico publicado en 2024 —“Cierre de mina: el punto ciego de la gran minería transnacional: el caso de Minera Triton – Manantial Espejo”— fue particularmente duro. Allí se concluyó que los vínculos entre actores con poder en Santa Cruz habrían facilitado incumplimientos en los mecanismos de control estatal, y que la falta de transparencia hacia la comunidad fue notoria tanto por parte de la empresa como del propio gobierno provincial.
Las explicaciones técnicas, sobre el porque se llegó al cierre de la mina, apuntan a un combo de factores: resultados exploratorios negativos que redujeron reservas, aumento de costos operativos, cambios en el régimen laboral (de 14×14 a 7×7) que encarecieron la estructura y un yacimiento que, según diversas fuentes, ya venía operando con márgenes cada vez más ajustados.
Sin embargo, más allá de las razones económicas, en Gregores quedó instalada la sensación de que la etapa final careció de previsibilidad y de un esquema de transición robusto para la comunidad.
La analogía que enciende luces en Puerto Deseado
Hoy, dentro del ecosistema minero santacruceño, crece una preocupación silenciosa: ¿podría repetirse un escenario similar en Puerto Deseado si determinadas variables continúan deteriorándose?
El interrogante no es antojadizo. Puerto Deseado, que se repone lentamente de una enorme crisis pesquera, mantiene una fuerte dependencia de la actividad minera y ya ha atravesado ciclos de expansión y retracción. La experiencia de Gregores dejó lecciones claras sobre lo que ocurre cuando convergen maduración de yacimientos, presión de costos, incertidumbre exploratoria, falta de planificación territorial y fundamentalmente falta de comunicación adecuada con la comunidad. Un cheque por $ 1.4 M al municipio no es un free pass para desconocer las responsabilidades que una licencia social implica.
La historia reciente muestra que los cierres mineros no son eventos aislados sino procesos previsibles cuando los proyectos entran en fase madura. La diferencia entre una transición ordenada y una crisis abrupta suele estar en la anticipación, la transparencia y la articulación temprana entre empresa, Estado y comunidad.
Mientras tanto, el tablero minero de Santa Cruz muestra contrastes que no pasan desapercibidos. Por un lado, la expansión de Cerro Negro, anunciada ayer por el propio gobernador Vidal, avanza con una fuerte apuesta de la operadora para extender la vida útil del complejo, en paralelo con movimientos exploratorios incipientes en el Macizo del Deseado que comienzan a mostrar actividad incluso desde la propia Fomicruz y de otras compañías que buscan sostener reservas a mediano plazo.
Sin embargo, en ese mismo mapa productivo, la operación de Cerro Moro —también bajo la órbita de Pan American Silver Corp.— mantiene un silencio que en el sector empieza a generar inquietud, pese a que la mina continúa exhibiendo sólidos indicadores operativos y marcas productivas destacadas. La combinación de récords en planta con escasa visibilidad pública sobre horizontes de largo plazo configura un escenario que, para muchos observadores de la industria, merece un seguimiento atento para evitar repetir experiencias que la provincia todavía no termina de procesar.
El caso Manantial Espejo quedó como un precedente incómodo en la memoria productiva de Santa Cruz. Más allá de responsabilidades puntuales, expuso debilidades estructurales en la gestión del cierre de minas y en la preparación de las localidades dependientes de la actividad.
Si algo dejó claro Gobernador Gregores es que los impactos sociales llegan mucho antes que las soluciones cuando la planificación falla. En ese espejo —nunca mejor dicho— muchos en la industria empiezan a mirar con atención la situación de Puerto Deseado.
La minería santacruceña sigue siendo un motor clave, pero la sostenibilidad del modelo exige aprender de los episodios recientes. Ignorar las señales tempranas podría salir muy caro.
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