La inversión de Newmont en Cerro Negro vuelve a poner en primer plano una de las discusiones centrales para el futuro minero de Santa Cruz: cuánto de los grandes desembolsos que requiere una operación puede traducirse en actividad económica, empleo, desarrollo empresario y capacidades que permanezcan en la provincia. Durante el 62° Coloquio de IDEA, la directora ejecutiva de Newmont Argentina, María Eugenia Sampalione, aportó un dato concreto sobre ese proceso: según explicó, unos US$160 millones de las inversiones vinculadas a los proyectos de Cerro Negro involucran a alrededor de 55 empresas proveedoras locales.
El dato adquiere dimensión cuando se lo coloca dentro del programa de inversiones que Newmont puso en marcha este año. En febrero, la compañía confirmó el reinicio de Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), con una inversión aproximada de US$800 millones destinada a mejorar la productividad y extender la vida útil de la operación más allá de 2035. El proyecto contempla la reactivación de más de 30 obras en superficie y en el interior de la mina.
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No se trata, por lo tanto, de una inversión puntual asociada a una única obra. El programa busca darle un nuevo horizonte productivo a Cerro Negro, una operación madura del Macizo del Deseado que necesita nuevas inversiones para sostener y ampliar su actividad. En agosto, además, Newmont informó que ya había destinado US$93 millones a contrataciones locales de proveedores dentro del proceso de expansión. Esa cifra corresponde a un momento anterior de ejecución y no debe sumarse automáticamente a los US$160 millones mencionados posteriormente por Sampalione, porque las fuentes no permiten establecer que se trate de montos adicionales y completamente independientes.
A la expansión de CNE1 se agregó durante septiembre otro desarrollo dentro de Cerro Negro. Newmont anunció una inversión superior a US$60 millones para una iniciativa de explotación a cielo abierto, Open Pit, que busca fortalecer la productividad de la operación. La compañía informó que el proyecto generará alrededor de 100 puestos de trabajo y que contempla la participación de empresas santacruceñas en la provisión de bienes y servicios.
La sucesión de anuncios permite observar una cuestión que trasciende los números de cada proyecto. Una operación minera no funciona de manera aislada: necesita contratistas, transporte, mantenimiento, construcción, servicios técnicos, logística, seguridad, alimentación, equipamiento y una extensa red de bienes y servicios. El grado en que esa cadena puede ser atendida por empresas radicadas en la provincia constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales una inversión minera puede ampliar su impacto territorial.
En este caso, Newmont aporta una cifra concreta: 55 empresas proveedoras locales vinculadas, según Sampalione, con unos US$160 millones de esas inversiones. No significa que esos US$160 millones representen necesariamente un beneficio económico neto para Santa Cruz ni que la totalidad de ese monto corresponda a valor agregado provincial. Sí permite afirmar que existe una participación identificada de empresas locales dentro de la cadena de contratación de los proyectos. Esa diferencia es importante para medir el impacto de manera objetiva.
La propia Sampalione ubicó esta cuestión dentro de lo que definió como el “efecto multiplicador” de la minería. Durante el panel “Asumir el desafío de competir: empresas en primera persona”, sostuvo que la Argentina debe desarrollar cadenas de valor, tecnología, comunidades, diálogo público y las instituciones necesarias para dar previsibilidad a inversiones que, en el caso minero, se piensan con horizontes de 30, 40, 50 y hasta 60 años.
La elección del ámbito tampoco fue casual. El 62° Coloquio de IDEA, realizado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, tuvo entre sus ejes la estabilidad, la competitividad y las condiciones necesarias para transformar las capacidades productivas argentinas en crecimiento sostenido. Sampalione participó precisamente del panel dedicado a las empresas y el desafío de competir.
Desde esa perspectiva, el caso Cerro Negro permite trasladar una discusión nacional al territorio santacruceño. La competitividad minera no depende solamente de la calidad del recurso o del precio internacional del oro. También intervienen la infraestructura disponible, los costos logísticos, la formación de trabajadores, la capacidad de los proveedores, los estándares de seguridad y calidad, los tiempos administrativos y la previsibilidad necesaria para sostener inversiones durante décadas.
La infraestructura aparece como otro componente de esa ecuación. Sampalione señaló durante IDEA que Newmont ya aportó US$40 millones durante los últimos años para una línea eléctrica que vinculará Bajo Caracoles con Los Antiguos. Según la estimación presentada por la ejecutiva, la obra implicaría un ahorro de unos US$8 millones para el Estado provincial y beneficiaría a unas 15.000 familias de Perito Moreno y Los Antiguos. El mismo proyecto había sido presentado previamente por Sampalione en el Council of the Americas, donde también se explicó que la infraestructura busca reemplazar el actual abastecimiento mediante generación a gasoil y mejorar las condiciones energéticas de la zona.
En este punto también corresponde mantener una distinción. Los US$40 millones corresponden a una contribución de infraestructura diferente de la inversión de US$800 millones de CNE1 y de los US$160 millones asociados por Sampalione a proveedores locales. No corresponde presentarlos como partes de un mismo desembolso ni sumarlos para construir artificialmente una cifra total de inversión.
El desarrollo de proveedores plantea, además, un desafío que excede la cantidad de empresas contratadas. Para que la participación local tenga efectos duraderos, las compañías santacruceñas necesitan capacidad financiera, escala operativa, tecnología, certificaciones, recursos humanos especializados y estándares compatibles con las exigencias de las grandes operaciones mineras. Cuando una empresa logra superar esos requisitos, la actividad minera puede convertirse no solamente en un cliente sino también en una plataforma de profesionalización y crecimiento.
La capacitación ocupa un lugar importante dentro de esa ecuación. En IDEA, Sampalione señaló que formar a un operario minero básico puede demandar entre dos y tres años, fundamentalmente por las exigencias vinculadas con la seguridad. La afirmación refleja una característica estructural de la actividad: la disponibilidad de trabajadores no equivale necesariamente a disponibilidad inmediata de trabajadores calificados para determinadas funciones.
Ese punto tiene una relación directa con el desafío que enfrenta Santa Cruz frente a la expansión de sus proyectos mineros. El crecimiento de la actividad exige no solamente incorporar trabajadores, sino generar trayectorias de formación que permitan cubrir progresivamente posiciones técnicas y especializadas. Para la provincia, esa construcción de capacidades puede tener un valor que trascienda la vida de una operación particular.
La mirada de largo plazo planteada por Newmont también alcanzó el momento posterior a la actividad minera. Sampalione sostuvo que el ciclo de una mina debe contemplar desde su inicio el cierre y que la planificación anticipada permite orientar inversiones hacia infraestructura, turismo y otras actividades capaces de formar parte de un escenario posterior a la minería. En ese contexto mencionó el trabajo relacionado con la Cueva de las Manos y el desarrollo turístico de la zona.
La idea introduce una dimensión particularmente relevante para Santa Cruz. Las operaciones mineras tienen una vida útil determinada y las comunidades vinculadas a ellas necesitan que las capacidades económicas, humanas y de infraestructura construidas durante los años de producción puedan proyectarse hacia el futuro. Pensar ese proceso con anticipación forma parte de la planificación de largo plazo que requiere la industria.
Cerro Negro se encuentra hoy en una etapa en la que esa discusión puede observarse con números concretos. Los aproximadamente US$800 millones de CNE1 buscan extender la vida de la operación más allá de 2035; el nuevo Open Pit incorpora más de US$60 millones y alrededor de 100 puestos de trabajo; y Sampalione informó que unos US$160 millones de las inversiones vinculadas a los proyectos involucran a unas 55 empresas proveedoras locales.
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El desafío para Santa Cruz será que esa actividad no se mida únicamente por el volumen de capital que ingresa al yacimiento. También será necesario observar cuánto de ese capital se transforma en contratos para empresas provinciales, cuánto empleo se genera, qué capacidades técnicas quedan instaladas, qué trabajadores avanzan en su formación, qué infraestructura permanece y qué empresas logran crecer a partir de su participación en la cadena minera.
En ese sentido, el dato de los US$160 millones y las 55 empresas constituye un punto de partida concreto para medir la integración local de una de las principales inversiones mineras actualmente en marcha en la provincia. No alcanza por sí solo para determinar el impacto económico total de Cerro Negro, pero sí aporta una referencia verificable sobre la participación de proveedores locales.
La discusión que Sampalione llevó al Coloquio de IDEA, entonces, puede leerse también desde Santa Cruz: en una industria que necesita inversiones de largo plazo para sostener operaciones maduras y desarrollar nuevos recursos, la competitividad no termina en la puerta de la mina. También se juega en la capacidad de una provincia para formar trabajadores, desarrollar proveedores, mejorar infraestructura y convertir una parte creciente de la inversión minera en capacidades productivas propias.
Para Santa Cruz, esa es probablemente una de las preguntas centrales que dejan los nuevos desembolsos de Cerro Negro: no solamente cuánto se invertirá en la mina, sino cuánto valor, conocimiento, empleo y capacidad empresarial podrá consolidarse alrededor de ella.
