La reciente modificación de la Ley 26.639 de Glaciares no solo reabrió el debate sobre ambiente y desarrollo, sino que dejó en evidencia una profunda fractura en la representación política de Santa Cruz en el Congreso Nacional.
El proceso legislativo tuvo dos momentos determinantes: la media sanción en el Senado y la aprobación final en Diputados. En ese recorrido, la provincia mostró una conducta dispar, con posiciones que no lograron alinearse ni siquiera dentro de los mismos espacios políticos.
En el Senado, la postura fue uniforme. Los tres representantes santacruceños —Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano— votaron en contra de la reforma. Los fundamentos coincidieron en cuestionar la falta de claridad del proyecto, los cambios introducidos sobre el final del debate y los riesgos de interpretación que podría generar la nueva redacción.
La senadora Alicia Kirchner fue contundente: “El agua es vida. Yo apuesto a la vida y a las reglas claras”, advirtiendo además que el proyecto “no tiene seguridad jurídica” y que, de avanzar en esas condiciones, “va a ser intervenida”. También cuestionó las modificaciones de último momento y la falta de participación en el debate.
En la misma línea, José María Carambia sostuvo: “Como estaba la ley anterior es mucho mejor, por eso vamos a votar en contra”. Además, alertó que la reforma está “muy mal redactada” y que puede generar “muchísima interpretación”, lo que —según su visión— podría habilitar situaciones sin garantías técnicas claras.
Por su parte, Natalia Gadano acompañó el rechazo, alineada con su bloque, sin intervención destacada en el recinto.
Desde esa mirada, se planteó la necesidad de preservar un esquema normativo más restrictivo, priorizando la seguridad jurídica y la protección de los recursos hídricos.
Pero en Diputados, el escenario cambió de manera significativa. Allí, Santa Cruz se partió en dos.
A favor de la reforma votaron José Luis Garrido y Jairo Guzmán. En particular, Garrido argumentó que la discusión debe centrarse en el respeto al dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, señalando que son las jurisdicciones las que están en mejores condiciones de definir cómo administrar sus territorios. También remarcó que la reforma no implica la eliminación de controles ambientales.
En contraposición, Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho votaron en contra, alineados con Unión por la Patria. Desde ese espacio se advirtió que la modificación podría representar un retroceso en materia ambiental y abrir conflictos jurídicos a futuro.
Garrido defendió su postura con una definición clara: “¿Quién mejor que los santacruceños vamos a cuidar nuestros propios recursos?”. En ese sentido, planteó que las provincias deben tener un rol central en la toma de decisiones y remarcó: “Son los gobernadores quienes mejor conocen y cuidan su territorio”. Además, aseguró que la reforma “no elimina controles ni estudios de impacto ambiental”.
Guzmán, en línea con el oficialismo nacional, acompañó la iniciativa sin intervenciones públicas destacadas en el debate.
En contra votaron Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho, quienes se alinearon con el bloque de Unión por la Patria.
Desde ese espacio, la diputada Sabrina Selva sintetizó la postura opositora calificando el debate como “deshonesto” y advirtiendo que la norma es “inconstitucional y regresiva”, posición que fue acompañada por los representantes santacruceños.
El dato político central es la falta de una posición unificada de Santa Cruz frente a una ley estratégica. Mientras el Senado rechazó en bloque la reforma, en Diputados se configuró una división que expone tensiones políticas y diferencias de enfoque sobre el desarrollo productivo.
En ese contexto, también se inscribe la postura del gobernador Claudio Vidal, quien ha manifestado su acompañamiento a iniciativas que impulsen la producción, señalando que la normativa anterior “paralizaba proyectos productivos” y que la provincia necesita generar condiciones para atraer inversiones.
El dato político que atraviesa toda la discusión es la falta de una estrategia unificada desde Santa Cruz. Mientras el Senado expresó un rechazo total, en Diputados se consolidó una división que replica tensiones más amplias dentro de la política provincial.
En ese contexto, también se inscribe la postura del gobernador Claudio Vidal, quien ha manifestado su intención de acompañar iniciativas orientadas a dinamizar la producción y atraer inversiones, en un escenario donde la minería aparece como un eje central.
El resultado final deja números claros:
Santa Cruz no aportó votos positivos en el Senado (3 en contra), mientras que en Diputados registró 2 votos a favor y 3 en contra.
Más allá del resultado legislativo, lo que queda expuesto es un debate de fondo que seguirá abierto: cómo equilibrar la protección ambiental con el desarrollo de actividades productivas en una provincia donde la minería tiene un peso estratégico.
La nueva ley ya está vigente. A partir de ahora, el foco se trasladará a su aplicación concreta y al rol que asumirán las provincias en la gestión de sus recursos.
Desde Extremo Minero, entendemos que este tipo de definiciones requieren información clara, responsabilidad política y un seguimiento permanente, ya que impactan directamente en el presente y futuro del sector.
