El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) volvió a colocar a la Patagonia en el centro de una discusión estratégica que excede lo ambiental y se proyecta sobre el modelo de desarrollo, el federalismo de los recursos naturales y la distribución de la renta minera. En ese escenario, los posicionamientos de los principales referentes políticos de Chubut y Santa Cruz exponen diferencias profundas, incluso dentro de una misma región.
Mientras algunos dirigentes plantean la necesidad de sostener una protección ambiental estricta sin excepciones, otros reclaman reglas claras, control provincial efectivo y una mayor participación de las provincias en los beneficios económicos que genera la actividad minera.
Chubut: la protección ambiental como límite político
En Chubut, el senador Carlos Linares se consolidó como una de las voces más críticas frente a la reforma impulsada por el Ejecutivo nacional. Su postura combina una defensa cerrada de la Ley de Glaciares vigente con fuertes cuestionamientos al método legislativo y a los intereses que, según sostiene, impulsan los cambios.
Linares advierte que los glaciares constituyen una reserva estratégica de agua a futuro, particularmente relevante en un contexto de cambio climático, y considera que cualquier flexibilización normativa pone en riesgo las cuencas hídricas. Desde su mirada, la discusión no puede reducirse a una dicotomía entre producción y ambiente, sino que debe priorizar la preservación del recurso hídrico como bien común.
El senador chubutense también cuestionó con dureza el tratamiento acelerado del proyecto en el Senado, calificándolo como irregular y anticipando su voto negativo. En ese marco, denunció una avanzada de intereses corporativos sobre los recursos estratégicos y planteó que la reforma responde a una lógica de desregulación que amenaza la soberanía ambiental.
Santa Cruz: federalismo, control y mayor renta para la provincia
Desde Santa Cruz, el enfoque es diferente. Tanto el senador José María Carambia como el gobernador Claudio Vidal expresaron reparos al proyecto, pero desde una lógica centrada en el federalismo de los recursos naturales y en la necesidad de que la minería deje mayores beneficios económicos en el territorio.
Carambia fue protagonista de los cruces más intensos en las comisiones de Ambiente y Minería. Su principal cuestionamiento apunta a la ambigüedad técnica de la nueva redacción, en particular al uso de conceptos como la prohibición de actividades que alteren los glaciares “de modo relevante”. Según el senador, esta falta de precisión genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
En paralelo, Carambia puso en agenda un reclamo histórico de las provincias mineras: la suba de regalías. Defendió la potestad provincial para fijar mayores porcentajes y sostuvo que los recursos son de las provincias, por lo que las empresas deben aportar más a las economías locales. Para el legislador, el acompañamiento al tratamiento legislativo estuvo condicionado a que estos reclamos sean efectivamente respetados.
El gobernador Claudio Vidal, en tanto, sostiene un discurso marcadamente productivista, con foco en el empleo, el desarrollo local y el control del Estado provincial. Vidal remarca que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que Santa Cruz debe capturar valor agregado, tanto a través de regalías como mediante la radicación de trabajadores y proveedores locales.
Sin desconocer la existencia de pasivos ambientales, el mandatario santacruceño insiste en que el camino es más control, más Estado y más participación provincial, y no la paralización de la actividad. En esa línea, plantea que el desarrollo debe darse con reglas claras y sin acuerdos que se definan por fuera del interés de la población local.
La posición intermedia de Ignacio Torres
En este escenario aparece la figura del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, con una postura que se ubica en un punto intermedio entre el rechazo absoluto y el enfoque productivista santacruceño.
Torres sostiene que la Ley de Glaciares debe garantizar la protección del agua, pero advierte que las normas ambiguas terminan generando parálisis productiva y judicialización permanente. Desde su mirada, Nación debe fijar presupuestos mínimos ambientales, pero la autoridad de aplicación y el control efectivo deben quedar en manos de las provincias, en línea con el federalismo consagrado en la Constitución.
El gobernador chubutense también pone énfasis en la licencia social y la transparencia. Señala que sin controles ambientales creíbles no hay proyectos viables, pero al mismo tiempo cuestiona que se utilice la legislación ambiental como un mecanismo de bloqueo generalizado a cualquier actividad productiva.
Una discusión que trasciende la ley
Con el proyecto ya dictaminado y a la espera de su tratamiento en el recinto, la llamada “grieta patagónica” refleja dos visiones que hoy conviven en tensión: una que concibe cualquier modificación como una amenaza directa al ambiente y otra que exige reglas claras, control provincial y una distribución más justa de la renta minera.
Para provincias como Santa Cruz, el debate no se limita a la protección de glaciares, sino que involucra el futuro del empleo, la inversión y la capacidad del Estado provincial de decidir sobre sus propios recursos. El desenlace legislativo será clave para definir no solo el alcance de la Ley de Glaciares, sino también el modelo de desarrollo que la Patagonia pretende para los próximos años.
