Cada vez más, los actores de la industria energética y minera reconocen que sin licencia social para operar, ninguna estrategia de negocios puede sostenerse en el tiempo. La reflexión, expresada recientemente por Adolfo Sánchez, gerente de Asuntos Públicos de YPF, pone en palabras un concepto que atraviesa la agenda de las empresas que trabajan en territorios con fuerte arraigo social y productivo, como lo son muchas de las comunidades del interior argentino.
Sánchez fue categórico: “La aceptación de una comunidad no es un trámite, es una condición habilitante para operar de forma legítima y sustentable”. Esa afirmación cobra especial sentido en provincias como Santa Cruz, donde la minería y la producción hidrocarburífera conviven a diario con realidades sociales, culturales y económicas muy particulares. En este contexto, la licencia social no puede pensarse como un simple aval tácito, sino como un pacto de construcción conjunta que requiere presencia, coherencia, y compromiso sostenido.
Más allá de la norma
Uno de los puntos centrales que plantea Sánchez en su análisis es que “no alcanza con cumplir la norma”. Y esto, lejos de ser una frase de campaña, refleja un aprendizaje concreto que muchas empresas han internalizado a partir de experiencias en territorio. Cumplir con la legislación vigente es solo el punto de partida: para operar con legitimidad, hace falta construir confianza, algo que no se impone por decreto ni se compra con inversión. Se construye día a día, en el contacto con las personas, en el respaldo a las economías locales, en la generación de empleo calificado, en el respeto por la cultura del lugar.
Aprendizajes del silencio
A lo largo de los últimos años, en Santa Cruz y otras provincias con fuerte actividad extractiva, se ha vuelto evidente que aquellas empresas que no logran establecer un canal de diálogo con la comunidad, o que optan por un perfil bajo sin una estrategia clara de vinculación territorial, tienden a enfrentar mayores dificultades para sostener sus operaciones. En muchos casos, el problema no fue la falta de inversiones ni la calidad técnica de los proyectos, sino la ausencia de una mirada integral que incorpore a las comunidades como protagonistas del desarrollo.
En palabras del gerente de YPF: “La comunidad no es un obstáculo. Es un actor clave, capaz de habilitar —o bloquear— cualquier iniciativa. Su apoyo es el mejor aliado de largo plazo”. Esa visión interpela directamente a aquellas empresas que todavía abordan la gestión social como un apéndice de la comunicación institucional o del cumplimiento normativo. Porque lo que está en juego no es solo la reputación, sino la continuidad misma de los proyectos.
El valor de estar presentes
En contraposición, hay experiencias locales que demuestran que cuando las empresas se integran de forma genuina al entramado comunitario, los resultados son notoriamente distintos. Desde la generación de empleo local calificado, hasta el acompañamiento a iniciativas productivas o sociales impulsadas por actores de la comunidad, las acciones concretas que promueven valor compartido son las que construyen una base sólida para sostener la actividad.
En muchos distritos, los proyectos que han logrado continuidad en el tiempo coinciden en un aspecto clave: la decisión de “estar” en el territorio, más allá de los balances trimestrales o las etapas de producción. Esa presencia sostenida —y no oportunista— es la que permite alinear intereses y construir consensos que trascienden las coyunturas.
Lo que se gana, también puede perderse
Una idea fundamental que hoy recorre los debates internos de muchas compañías es que la licencia social no es un logro permanente. Puede perderse. La legitimidad social se sostiene con hechos concretos, y no admite desconexiones prolongadas ni retrocesos en materia de compromiso con la comunidad.
La historia reciente de la minería y los hidrocarburos en Argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando una empresa, habiendo conseguido inicialmente respaldo, descuida el vínculo con el territorio. A veces, basta un conflicto laboral mal gestionado, una obra incumplida, o una actitud distante frente a una problemática local para quebrar años de construcción de confianza.
Por eso, como señala Sánchez, “la licencia no se pide: se gana”. Y en el contexto actual, ganarla es tan importante como mantenerla viva, activa y dinámica.
