La provincia de Santa Cruz volvió a fijar posición en uno de los debates más sensibles para el desarrollo productivo: la relación entre minería, hidrocarburos y protección ambiental. Tras el reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en territorio provincial, desde el Ejecutivo salieron a llevar claridad y, sobre todo, previsibilidad.
El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, reconoció que la decisión judicial generó sorpresa, pero rápidamente puso el foco en un punto clave: Santa Cruz no depende exclusivamente del marco nacional, sino que cuenta con herramientas propias que ordenan la actividad desde hace más de una década.
En declaraciones a LU14 Radio Provincia, el funcionario remarcó que la provincia dispone desde 2009 de la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una norma que incluso antecede a la legislación nacional sobre glaciares y que define con precisión dónde puede y dónde no puede desarrollarse actividad productiva.
Ordenamiento territorial y previsibilidad
La ley de zonificación minera no es un dato menor. En un contexto donde la discusión suele plantearse en términos absolutos, Santa Cruz sostiene un esquema técnico que delimita áreas, protege ecosistemas sensibles y, al mismo tiempo, habilita el desarrollo en zonas aptas.
Según explicó Álvarez, esta normativa contempla no solo la protección de glaciares, sino también nacientes de ríos y bosques nativos, consolidando un enfoque integral del territorio. En términos concretos, esto se traduce en una afirmación contundente: no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos en cercanías de glaciares dentro de la provincia.
El mensaje no es menor en un escenario nacional donde la discusión sobre la Ley de Glaciares suele generar incertidumbre en inversores y actores del sector. Aquí, la provincia busca diferenciarse con reglas claras y sostenidas en el tiempo.
Producción y ambiente: un equilibrio necesario
Otro de los ejes centrales de las declaraciones oficiales fue la defensa del modelo de desarrollo basado en el equilibrio entre producción y cuidado ambiental. En este punto, el funcionario fue categórico: Santa Cruz no avanzará sobre sus recursos naturales estratégicos, especialmente el agua, en una región donde su valor es crítico.
Además, se destacó que la reciente modificación de la ley nacional refuerza el rol de las provincias en la administración de sus recursos, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina, que establece el dominio originario de los mismos.
Este punto no es técnico solamente: es político y estructural para la minería argentina. Define quién toma decisiones y bajo qué criterios, un aspecto clave para cualquier proyecto de inversión.
Un mensaje alineado con la gestión provincial
La postura expresada por el Ministerio de Energía y Minería se enmarca dentro de la estrategia impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que busca consolidar un esquema de desarrollo productivo con fuerte presencia estatal, planificación y reglas de juego claras.
En ese sentido, el mensaje es doble: hacia la comunidad, llevando tranquilidad respecto al resguardo ambiental; y hacia la industria, garantizando previsibilidad en un contexto donde la seguridad jurídica es determinante.
Santa Cruz, principal productora de oro y plata del país, vuelve así a pararse sobre un eje que intenta sostener desde hace años: desarrollo sí, pero con orden territorial y bajo parámetros definidos.
