La provincia incorporó nuevas herramientas para el monitoreo ambiental, la transparencia y la planificación del cierre de los proyectos mineros durante todo su ciclo de vida
La provincia de Santa Cruz dio un nuevo paso en la consolidación de su política de cierre de minas con la puesta en vigencia de la Disposición N° 153/2026, una norma impulsada por la Secretaría de Estado de Minería que amplía el alcance de la Ley Provincial N° 3751 e incorpora herramientas orientadas a fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la sostenibilidad en la gestión de los proyectos mineros.
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La iniciativa forma parte de la estrategia que lleva adelante el Gobierno Provincial para modernizar los mecanismos de control de la actividad y consolidar un modelo que contemple no solo la etapa productiva de una mina, sino también su planificación desde el punto de vista ambiental, social y territorial una vez finalizada su vida útil.
Lejos de considerar el cierre como una instancia que comienza cuando cesa la explotación, la nueva disposición plantea que ese proceso debe diseñarse desde las primeras etapas de desarrollo de cada proyecto. Bajo ese criterio, incorpora instrumentos que permiten mejorar el seguimiento ambiental, ampliar la participación de las comunidades y disponer de información cada vez más precisa para la toma de decisiones.
Uno de los principales cambios introducidos por la normativa es la implementación de monitoreos ambientales participativos, que deberán realizarse al menos una vez por año en todos los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación. Estos controles contarán con la participación de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera Provincial, buscando fortalecer la transparencia de los procesos y generar mayor confianza sobre la información ambiental que producen las operaciones.
Los monitoreos deberán abarcar, como mínimo, el seguimiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, aunque podrán ampliarse a otros componentes como flora, fauna y distintos indicadores ambientales de acuerdo con las características particulares de cada emprendimiento. Además, los resultados obtenidos deberán ponerse a disposición de la comunidad e incorporarse a los mecanismos oficiales de reporte y seguimiento establecidos por la autoridad de aplicación.
La Disposición N° 153/2026 también introduce la incorporación progresiva de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) dentro de los sistemas de evaluación de los proyectos. En ese marco, las empresas deberán avanzar en la medición de indicadores vinculados con la huella hídrica, la huella de carbono, la gestión de residuos, la economía circular, los derechos humanos, la perspectiva de género, la gobernanza corporativa y las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Toda esa información será integrada en un sistema unificado de reporte ambiental que permitirá al Estado contar con datos comparables y verificables para evaluar el desempeño de cada proyecto, fortalecer las tareas de fiscalización y mejorar la planificación de políticas públicas vinculadas al desarrollo minero sostenible.
Desde la Secretaría de Estado de Minería destacaron que esta nueva etapa de implementación de la Ley N° 3751 busca consolidar un modelo provincial que vincula el cierre de minas con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia, fortaleciendo al mismo tiempo el rol del Estado en la planificación y el control de la actividad.
La medida también acompaña la tendencia internacional de incorporar estándares cada vez más exigentes en materia ambiental y de gobernanza para la industria minera. En ese sentido, la provincia busca integrar herramientas que hoy forman parte de las mejores prácticas aplicadas en los principales distritos mineros del mundo, adaptándolas a la realidad de Santa Cruz y a las características de sus proyectos.
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Con la entrada en vigencia de la Disposición N° 153/2026, Santa Cruz profundiza una política que pretende anticiparse a los desafíos del cierre de minas, promoviendo una planificación de largo plazo que combine desarrollo productivo, protección ambiental, participación social y una gestión más transparente de los recursos naturales.






























