El ministro de Energía y Minería sostuvo que la Provincia acompaña la llegada de capitales privados, pero remarcó que las empresas deben asumir compromisos concretos con el territorio: Eempleo santacruceño, cumplimiento de la Ley 90/10, participación de proveedores locales y respeto por la legislación ambiental, hídrica y minera forman parte de las condiciones que planteó el funcionario para esta nueva etapa del yacimiento.
La recuperación de Manantial Espejo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el desarrollo de la minería santacruceña: qué beneficios concretos debe generar una inversión privada para la provincia que aporta los recursos naturales y sostiene las condiciones para que esa actividad pueda desarrollarse.
En ese contexto, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, se refirió al compromiso que el Gobierno provincial espera de las compañías que desarrollan actividades extractivas y sostuvo que el acompañamiento estatal a las inversiones debe tener como contrapartida una participación efectiva de la economía local en los proyectos.
El planteo adquiere particular relevancia frente a la nueva etapa que comienza a transitar Manantial Espejo, luego de que Cerrado Gold, a través de su subsidiaria Minera Don Nicolás, concretara la adquisición de los activos de Minera Triton, titular del yacimiento que permanece sin producción desde diciembre de 2022.
Para Álvarez, la relación entre el Estado y las compañías mineras debe construirse sobre una lógica de reciprocidad: la Provincia tiene que generar condiciones para atraer inversiones, pero las empresas también deben asumir responsabilidades respecto del empleo, los proveedores, el cumplimiento normativo y el impacto económico de sus operaciones.

Inversión privada y compromiso con Santa Cruz
El ministro fue explícito al señalar que el respaldo provincial a la actividad privada no debe entenderse solamente como una política destinada a facilitar la llegada de capitales, sino también como una oportunidad para fortalecer la economía santacruceña.
«Es muy importante que la actividad privada tenga un compromiso con la provincia de Santa Cruz. Así como se apoya fuertemente que haya inversores privados y trabajo genuino en la provincia, y la provincia está al lado de los del sector privado como un aliado estratégico», expresó Álvarez.
En esa misma línea, el funcionario vinculó esta posición con la reciente puesta en funcionamiento de la Ley de Promoción Industrial N.º 4011, que actualizó el régimen provincial de incentivos a las inversiones y amplió las herramientas disponibles para impulsar proyectos productivos.
«Hace pocos días atrás se promulgó y se puso en funcionamiento la Ley de Promoción Industrial por directiva del gobernador. Es justamente buscar inversión privada, tratar de favorecer y de ayudar a las inversiones», explicó.
La referencia no es menor. La normativa provincial busca generar condiciones para atraer nuevos emprendimientos, ampliar actividades existentes y promover la generación de empleo en Santa Cruz. Entre sus instrumentos contempla beneficios fiscales y otros incentivos vinculados a la radicación y desarrollo de inversiones productivas.
De esta manera, el planteo del ministro establece una relación directa entre las herramientas que ofrece el Estado y los resultados que espera obtener de quienes deciden invertir en el territorio provincial.
Ley 90/10 y proveedores locales: el impacto que debe quedar en la provincia
Uno de los puntos más concretos de las declaraciones de Álvarez estuvo relacionado con la contratación de trabajadores santacruceños y la participación de empresas proveedoras radicadas en la provincia.
«Por el lado de la empresa minera tiene que haber esa responsabilidad de decir: bueno, invierto en Santa Cruz, la mano de obra es local, voy a cumplir con la Ley 90/10, voy a tratar de que la mayor cantidad de los proveedores de insumos y los prestadores de servicios sean locales», sostuvo.
La mención a la Ley 90/10 adquiere especial importancia en una actividad que demanda perfiles técnicos, operativos y profesionales de distintas especialidades. Su cumplimiento constituye uno de los ejes de la política laboral provincial y una referencia fundamental para evaluar el impacto de las operaciones mineras sobre el empleo santacruceño.
En el caso de Manantial Espejo, la recuperación de la operación representa una oportunidad para volver a incorporar trabajadores con experiencia en el yacimiento y generar nuevas posibilidades laborales en Gobernador Gregores y su zona de influencia.
Pero el impacto no se limita a la contratación directa. La demanda de transporte, mantenimiento, alimentación, servicios industriales, logística, insumos y asistencia técnica puede movilizar a numerosas empresas de la cadena de valor minera.
Por eso, el planteo de Álvarez también pone el foco en la capacidad de las compañías para integrar a los proveedores santacruceños en sus esquemas de contratación. No se trata solamente de que una mina vuelva a producir, sino de que una parte significativa de la actividad económica que genera pueda traducirse en oportunidades para las empresas y los trabajadores de la provincia.
Este aspecto resulta particularmente relevante para las PyMEs locales, cuya participación en los proyectos mineros constituye una de las principales vías para ampliar el alcance económico de las inversiones.
El compromiso que reclama el Gobierno provincial también comprende las obligaciones legales y ambientales que deben cumplir las compañías extractivas. Por tal motivo el ministro Álvarez incluyó expresamente entre las responsabilidades empresariales el respeto por la legislación vinculada con los recursos hídricos, los aspectos ambientales y la normativa minera.
En sus palabras, las empresas deben asumir el compromiso de «respetar la legislación en lo que tiene que ver con los recursos hídricos, los aspectos ambientales y la legislación minera».
La referencia cobra especial importancia en una provincia donde la actividad minera se desarrolla en un territorio con características ambientales particulares y donde el uso responsable del agua, la gestión de los residuos, el control de las instalaciones y el cumplimiento de los planes de gestión y cierre forman parte de las obligaciones inherentes a cada emprendimiento.
En Manantial Espejo, esta dimensión tendrá una relevancia concreta durante el proceso de recuperación de las instalaciones y la preparación para una futura reanudación productiva. Las tareas previstas incluyen el desagote de sectores de la mina subterránea, la rehabilitación de infraestructura y la revisión de las condiciones operativas del establecimiento.
La recuperación de la actividad, por lo tanto, deberá desarrollarse dentro del marco de las autorizaciones y exigencias que corresponden a una operación minera, sin que la expectativa de volver a producir sustituya las responsabilidades técnicas, ambientales y regulatorias de la empresa.
Que los recursos generados permanezcan en Santa Cruz
El planteo del ministro también incorpora una dimensión económica que va más allá de los puestos de trabajo y las contrataciones directas.
«En definitiva, los recursos directos o indirectos, a través de impuestos y a través de la actividad económica que genera, quedan en la provincia de Santa Cruz», expresó Álvarez.
La afirmación sintetiza el criterio que el Gobierno busca aplicar a las inversiones extractivas: que la actividad no se limite a la explotación de un recurso natural, sino que contribuya a generar ingresos fiscales, movimiento comercial, demanda de servicios y oportunidades para el entramado productivo provincial.
En ese sentido, el funcionario concluyó que esa es «la responsabilidad que se le está pidiendo a todas las empresas que realizan actividades extractivas en la provincia de Santa Cruz».
La recuperación de Manantial Espejo ofrece un escenario concreto para observar cómo se traduce ese planteo en una operación minera. La adquisición de los activos abre una nueva posibilidad productiva, pero el proceso de recuperación todavía requiere trabajos de acondicionamiento, planificación operativa y una progresiva reconstrucción de la actividad.
La empresa deberá avanzar en esas etapas para alcanzar el objetivo de volver a producir, mientras que el impacto sobre el empleo y los proveedores dependerá de las decisiones que se adopten durante la puesta en marcha y el desarrollo de la operación.
Una inversión minera genera valor para Santa Cruz cuando logra articular producción, empleo, proveedores, ingresos fiscales y cumplimiento de las obligaciones legales. Ese es, en definitiva, el compromiso que Álvarez puso sobre la mesa y uno de los aspectos centrales para evaluar la nueva etapa de Manantial Espejo: no solamente cuánto mineral puede volver a producir el yacimiento, sino también cuánto trabajo, actividad económica y desarrollo puede generar para la provincia.




























