La tensión en torno a Cerro Negro sumó este viernes una nueva mirada política luego de la decisión de cinco organizaciones sindicales de confluir en un mismo reclamo y declararse en estado de alerta.
AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP plantearon ante el Gobierno provincial sus cuestionamientos por el cumplimiento del régimen 90/10 de empleo local, las condiciones de seguridad y el funcionamiento de las empresas contratistas, mientras desde el ámbito gremial ya se advierte sobre la posibilidad de avanzar hacia una medida de fuerza si no aparecen respuestas concretas.
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En ese escenario, el diputado por el municipio de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, dialogó con Extremo Minero y puso el foco en un aspecto que considera central: la necesidad de contrastar el discurso de la compañía con lo que sucede alrededor de la operación.
El legislador tomó como referencia las declaraciones realizadas por la country manager de Newmont Argentina, María Eugenia Sampalione, quien recientemente destacó las inversiones previstas para Cerro Negro y puso énfasis en la seguridad, el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo santacruceño.
Para Aberastain, existe una contradicción que debe ser discutida.
“En el mismo momento que los el estado provincial y los gremios estaban analizando la compleja situación del empleo local, estaba la country manager de Newmont hablando maravillas de la inversión, apuntando a la seguridad, al desarrollo de proveedores locales y al trabajo santacruceño”, señaló.
A partir de allí, el diputado trasladó la discusión al territorio y mencionó la situación de proveedores santacruceños que, según sostuvo, atraviesan dificultades mientras empresas de fuera de la provincia continúan participando de la cadena de contrataciones.
“Yo miro para el costado y, a cinco cuadras de mi casa, tengo un proveedor santacruceño que se está fundiendo”, afirmó Aberastain, quien cuestionó el funcionamiento del sector de compras y lo que definió como la permanencia de proveedores extraprovinciales.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace años a la minería santacruceña: cuánto del movimiento económico generado por los grandes yacimientos permanece efectivamente dentro de la provincia y cuánto termina saliendo a través de contrataciones de bienes y servicios externos.
Para el diputado, la discusión no puede limitarse al porcentaje de trabajadores santacruceños incorporados por las compañías. También debe contemplar la construcción de una red de proveedores locales capaz de acompañar el crecimiento de la actividad y generar un mayor derrame económico en las localidades donde se desarrolla la minería, lo que sin duda alguna, generaría mayor empleabilidad además. Es un circulo virtuoso que las grandes operadoras si o si deberían comprender.
La seguridad constituye el otro eje de su cuestionamiento. Aberastain recordó los dos fallecimientos ocurridos en Cerro Negro y sostuvo que también se produjeron otras situaciones que, según su interpretación, expusieron a trabajadores a riesgos.
“Hablan de seguridad y no solamente murieron dos trabajadores en el ejercicio de sus funciones, sino que han corrido riesgos muchísimos más”, manifestó.
El legislador señaló además que persisten dudas sobre determinados procedimientos y aclaró que, desde su lugar, no puede garantizar que actualmente todas las condiciones de seguridad sean las adecuadas. Precisamente por eso, planteó la necesidad de generar espacios institucionales que permitan discutir y controlar estas cuestiones de manera permanente.
Cinco gremios, tres reclamos y una posible escalada
En este punto aparece uno de los elementos que, para Aberastain, diferencia el actual escenario de otros conflictos. La decisión de AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP de presentarse conjuntamente representa una confluencia poco habitual entre organizaciones que representan distintos sectores de la actividad vinculada al yacimiento.
El diputado consideró que esa coincidencia demuestra que existe un reclamo transversal alrededor de tres cuestiones: el trabajo santacruceño, el desarrollo de proveedores locales y la seguridad de los trabajadores.
“Hoy la provincia y los sindicatos, entendiendo que el recurso es nuestro y que es fundamental y urgente un cambio de rumbo en este aspecto, profundizaron la determinación de defender el trabajo santacruceño, a nuestros proveedores y garantizar la seguridad de cada uno de los que esté operando en el yacimiento”, sostuvo.
La situación adquiere mayor relevancia porque, tal como adelantamos en nuestra publicación de anoche, referentes gremiales consultados por Extremo Minero ya anticiparon que, si no existen respuestas, las organizaciones podrían avanzar hacia un paro masivo en Cerro Negro. Por el momento se trata de una posibilidad y no de una medida confirmada, pero la advertencia introduce un escenario de mayor tensión para una operación considerada estratégica dentro de la minería santacruceña.
Aberastain entiende que la salida no debería limitarse a resolver el conflicto puntual, sino que debería establecerse un mecanismo permanente de diálogo entre todos los sectores involucrados.
En ese sentido, destacó el proyecto de ley que impulsa para crear una Mesa de Trabajo Minero Santacruceña, con el objetivo de reunir en un mismo espacio a representantes del Gobierno, las organizaciones sindicales, las empresas mineras, los proveedores y la cámara empresaria.
“Mi proyecto de ley es sentar a todos estos actores que estuvieron reunidos ayer, más las empresas y la cámara empresaria, para discutir justamente todos estos temas”, explicó.
Para el legislador, la actividad todavía tiene una deuda pendiente con Santa Cruz en materia de derrame económico, desarrollo de proveedores y seguridad laboral.
La iniciativa también busca generar una instancia de discusión que permita anticiparse a los conflictos en lugar de intervenir una vez que las diferencias ya derivaron en medidas de fuerza.
Aberastain valoró además las gestiones que vienen realizando el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, aunque sostuvo que todavía existen dificultades para conseguir la misma predisposición por parte de la empresa. Según explicó, el Gobierno provincial decidió continuar utilizando las herramientas disponibles para avanzar sobre los tres ejes que considera prioritarios.
El escenario, entonces, combina una operación que atraviesa una etapa de fuertes inversiones con una creciente presión para que ese crecimiento se traduzca en empleo, contratación de proveedores y mejores condiciones laborales dentro de Santa Cruz.
La posibilidad de un paro general en Cerro Negro todavía está condicionada a la evolución del diálogo y a las respuestas que reciban los sindicatos. Sin embargo, la confluencia de cinco gremios alrededor de un mismo reclamo constituye un antecedente que modifica el escenario.
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Y mientras el Gobierno busca sostener las instancias de diálogo y fiscalización, desde el sector político y sindical la demanda comienza a ser planteada de manera conjunta: que el crecimiento de Cerro Negro no se mida solamente en dólares invertidos y producción, sino también en trabajo santacruceño, proveedores locales y seguridad para quienes sostienen diariamente la operación.
El próximo movimiento estará, ahora, en manos de la empresa y de las autoridades provinciales.
