La designación de Sebastián Santillán como coordinador de las delegaciones de Trabajo de la Zona Norte de Santa Cruz marca un nuevo paso del Gobierno provincial para profundizar la aplicación de la Ley 90/10. La decisión llega después del reclamo conjunto de cinco gremios vinculados a Cerro Negro y en un momento en que la Provincia busca transformar el cumplimiento del empleo local en un esquema permanente de control.
El Gobierno de Santa Cruz decidió reforzar su presencia en materia laboral en la Zona Norte y designó a Sebastián Santillán como responsable de la coordinación de las delegaciones de Trabajo de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos.
La presentación fue realizada por el gobernador Claudio Vidal junto al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, ante los delegados de las distintas localidades. Según informó oficialmente la Provincia, Santillán tendrá entre sus principales objetivos articular el trabajo territorial y profundizar los controles destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa de empleo local.
La decisión adquiere especial relevancia para la actividad minera porque se produce apenas dos días después de una reunión entre Vidal, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y representantes de cinco organizaciones sindicales vinculadas al proyecto Cerro Negro, operado por Newmont.
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En ese encuentro, AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP reclamaron el cumplimiento efectivo del régimen 90/10, mayores controles sobre las empresas contratistas, condiciones adecuadas de seguridad y trabajo y responsables dentro del yacimiento con capacidad real de decisión. Los sindicatos se declararon además en estado de alerta y advirtieron que podrían evaluar medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas.
La coincidencia temporal entre ambos movimientos no es menor. La Provincia había anunciado durante los últimos meses que la fiscalización del empleo local sería una de las herramientas centrales de su política minera y ahora incorpora una estructura territorial específica para sostener esos controles en una región donde convergen los principales proyectos mineros, petroleros y de servicios de Santa Cruz.
Santillán ya había asumido en febrero de este año como coordinador del Gobierno provincial en Pico Truncado, con funciones vinculadas al seguimiento de gestiones y a la articulación entre organismos. En aquella oportunidad, desde el Ejecutivo se señaló que una de las cuestiones prioritarias de la zona era precisamente la situación laboral y la necesidad de coordinar acciones con empresas mineras para capacitación y eventuales incorporaciones.
Ahora su ámbito de intervención se amplía a toda la Zona Norte y, de acuerdo con la comunicación oficial, deberá trabajar junto a la Secretaría de Trabajo, los ministerios y otros organismos provinciales para incrementar los controles sobre el empleo.
Una ley que pasó de la discusión política al control operativo
La Ley Provincial 3960, sancionada en septiembre de 2025 y promulgada en octubre, modificó la Ley 3141 y elevó el porcentaje de empleo local exigido a las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas, mineras, pesqueras y otras industrias.
La norma establece como regla general la preferencia por la contratación de un 90% de mano de obra local, con un requisito de seis años de residencia efectiva en Santa Cruz, domicilio registrado en el DNI y certificado de residencia. También establece mecanismos específicos para verificar el cumplimiento y prevenir irregularidades.
Para las actividades alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la propia ley establece una distribución particular dentro de ese 90%: un 60% debe corresponder a trabajadores con residencia efectiva en Santa Cruz y otro 30% a residentes de la localidad o ciudad donde se desarrolla el proyecto. El esquema mantiene así un 10% para trabajadores que no encuadren dentro de esos requisitos.
La reglamentación aprobada por el Ministerio de Trabajo incorporó además el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una herramienta mediante la cual las empresas operadoras, contratistas y subcontratistas deben informar la nómina total de trabajadores, el porcentaje de personal residente en Santa Cruz y las situaciones que requieran justificar contrataciones por fuera del requisito de residencia.
La información debe actualizarse cada 30 días y la autoridad laboral quedó facultada para realizar inspecciones y cruces de información con organismos nacionales, provinciales y municipales. El incumplimiento del porcentaje establecido o la presentación de información falsa o inexacta puede derivar en sanciones previstas por la legislación laboral provincial.
La reglamentación también contempla una cuestión particularmente sensible para la minería: la disponibilidad de profesionales y trabajadores altamente especializados.
Cuando una empresa demuestre que no existe en el mercado laboral santacruceño personal con las competencias necesarias para cubrir un determinado puesto, puede solicitar una excepción. Pero para acceder a ella debe acreditar esa falta de recursos humanos y presentar un denominado Proyecto de Capacitación 3141, destinado a formar trabajadores santacruceños para ocupar progresivamente esas posiciones.
Ese punto resulta central para una industria que necesita perfiles técnicos, profesionales y operativos cuya formación puede demandar años. De hecho, desde el sector minero se había advertido que el desafío del 90/10 no se presenta de la misma manera en todos los niveles de una operación: mientras el empleo operativo puede ofrecer mayores posibilidades de incorporación local, las posiciones altamente especializadas requieren procesos de capacitación más prolongados.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que la capacitación debe ser precisamente parte de la solución y no una razón para postergar indefinidamente la incorporación de trabajadores santacruceños.
El antecedente inmediato es la reunión de enero de este año entre funcionarios provinciales y representantes de las principales empresas mineras que operan en Santa Cruz. En aquella oportunidad, la Provincia intimó a las compañías a presentar información sobre el cumplimiento de la normativa, avanzar en capacitación y elaborar planes de reconversión laboral para reemplazar progresivamente puestos ocupados por trabajadores no locales. También anunció el fortalecimiento de los controles en los accesos a los yacimientos y exigió el cumplimiento del registro de empleo local por parte de operadoras y contratistas.
Profundización territorial de la política de empleo local
La Zona Norte concentra una parte significativa de la actividad productiva santacruceña y es, además, un territorio donde la minería convive con la industria hidrocarburífera y una extensa red de empresas contratistas y proveedores. Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno y Los Antiguos forman parte de una trama laboral que excede ampliamente a los trabajadores directos de las operadoras.
Por eso, el verdadero alcance de la medida no estará solamente en controlar cuántos trabajadores santacruceños ingresan a un yacimiento. El desafío será determinar cómo se aplica la normativa sobre toda la cadena de contratación, cómo se acreditan las excepciones, cómo se controla la residencia efectiva y qué capacidad tendrá el Estado para detectar incumplimientos.
La propia reglamentación coloca a las empresas contratistas y subcontratistas dentro del esquema de fiscalización.
En este escenario, la presentación de Santillán aparece como una señal política y administrativa concreta: el Gobierno provincial busca que el 90/10 deje de ser solamente una discusión entre empresas, sindicatos y funcionarios y se convierta en una política de control permanente en territorio.
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El resultado de esa estrategia dependerá ahora de la capacidad del Estado para fiscalizar, de la respuesta de las empresas y de la disponibilidad real de trabajadores formados para ocupar los puestos que demanda una minería que, al mismo tiempo, necesita mantener sus niveles de producción, sostener inversiones y ampliar su impacto económico en las comunidades santacruceñas.
La discusión sobre empleo local entra así en una nueva etapa. Con Santillán como articulador laboral de la Zona Norte, la Provincia busca pasar de la norma escrita al control cotidiano de su cumplimiento.
