“Son inconstitucionales”: Lucero apunta contra las leyes que protegen el empleo y los proveedores locales

La expansión que el Gobierno nacional proyecta para la minería argentina acaba de abrir un frente de discusión con las provincias productoras que puede terminar siendo tan relevante como el debate por los impuestos, las regalías o la infraestructura.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cuestionó durante el Forbes Mining Summit las leyes provinciales que establecen porcentajes obligatorios de contratación de trabajadores y proveedores locales y afirmó que, desde la perspectiva jurídica del Gobierno nacional, esas normas son inconstitucionales porque constituyen una suerte de “aduana interior”.

“Un argentino que creció en una provincia debería poder ir a trabajar a otra provincia si tiene una oportunidad, y esas leyes lo frenan”, sostuvo Lucero. El funcionario planteó la necesidad de alcanzar un consenso federal que permita eliminar este tipo de restricciones.

La posición de Nación no apareció en soledad. Días antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había cuestionado los regímenes de compre local y advertido que si cada provincia obliga a las compañías mineras y energéticas a contratar principalmente dentro de su territorio, se fragmenta el mercado y se dificulta la construcción de proveedores nacionales capaces de alcanzar escala.

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Pero el planteo nacional abre una pregunta que no puede responderse solamente desde Buenos Aires: ¿qué sentido tiene desarrollar una industria minera de escala mundial si las provincias donde se encuentran los recursos terminan capturando solamente una parte marginal del empleo, los servicios y los negocios que genera esa actividad? y nuestra provincia representa uno de los casos más claros de esta disputa.

Ya todos sabemos que Santa Cruz modificó la histórica Ley 3141 mediante la Ley 3960 y llevó el régimen de empleo local al denominado 90/10. La normativa establece una fuerte preferencia por trabajadores con residencia provincial y contempla, para determinadas actividades y proyectos, requisitos específicos de residencia. El régimen también prevé mecanismos para atender situaciones en las que no exista personal local con la capacitación requerida.

La discusión dejó de ser teórica. Durante 2026 la provincia comenzó a intensificar los controles sobre el cumplimiento de la legislación y, según información difundida por el Ministerio de Trabajo santacruceño, existen actualmente procedimientos sancionatorios vinculados con incumplimientos del régimen dentro de la actividad minera.

En paralelo, Santa Cruz cuenta con la Ley 3616, que creó el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y establece que las empresas alcanzadas deben realizar con proveedores santacruceños al menos el 50% del monto anual destinado a obras, bienes, insumos y servicios. El régimen contempla además una preferencia para empresas provinciales cuando su oferta se encuentre dentro de determinados márgenes respecto de otras propuestas.

Es decir, mientras Nación plantea que los cupos provinciales pueden convertirse en una barrera contra la circulación de trabajadores, bienes y servicios, Santa Cruz sostiene una política destinada precisamente a evitar que la riqueza generada por sus recursos naturales salga de la provincia sin dejar suficiente actividad económica local, y es ahí donde aparece el verdadero conflicto.

Ni una frontera económica provincial ni una minería sin territorio

Como en todas las cosas, hay argumentos atendibles de ambos lados. Nación, por su parte, tiene razón cuando advierte que una fragmentación extrema del mercado puede impedir que las empresas proveedoras alcancen escala, especialización y competitividad. Una mina de gran tamaño necesita contratistas capaces de responder a estándares técnicos, financieros y operativos muy elevados. Si una provincia obliga a contratar exclusivamente dentro de sus límites, incluso cuando no exista oferta suficiente o competitiva, puede terminar encareciendo proyectos y reduciendo su eficiencia.

Pero también sería equivocado asumir que cualquier política de desarrollo de proveedores locales constituye una “aduana interior”.

Una operación minera no funciona en un territorio abstracto. Consume infraestructura, utiliza rutas, requiere servicios públicos, genera impactos ambientales, modifica dinámicas sociales y demanda mano de obra durante décadas. La provincia que aporta el recurso y soporta buena parte de los costos asociados a la actividad tiene un interés legítimo en que una porción significativa de ese valor se transforme en empleo, empresas y capacidades productivas locales.

Sin ir más lejos, el propio régimen nacional ofrece una señal en ese sentido. El RIGI establece obligaciones vinculadas al desarrollo de proveedores locales y contempla la posibilidad de que las provincias implementen políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado.

Por eso, presentar la discusión como “compre local sí o no” simplifica demasiado el problema. La discusión verdaderamente importante, a nuestro entender, es cómo diseñar un compre local que no destruya competitividad, pero que tampoco permita que la minería genere enclaves productivos desconectados de las comunidades donde opera.

El camino que debería discutirse

El error sería convertir esta discusión en otra guerra entre Nación y provincias. Argentina necesita minería de escala mundial, pero también necesita que esa minería construya cadenas de valor nacionales y regionales. Ambas cosas no deberían ser contradictorias.

El camino razonable podría pasar por establecer reglas federales comunes, con estándares nacionales de competitividad y transparencia, pero permitiendo que las provincias productoras definan mecanismos concretos para desarrollar empleo y proveedores locales.

Eso supone abandonar los extremos.

Ni un cupo rígido que obligue a contratar a una empresa o trabajador solamente por su domicilio cuando no reúne las condiciones necesarias, ni un mercado completamente abierto que permita que una provincia minera aporte el recurso mientras la mayor parte del empleo calificado, los servicios y las contrataciones se generan fuera de ella.

Quizá el criterio debería ser otro: primero capacidad y competitividad; después desarrollo local; y cuando la oferta local no exista, mecanismos claros de capacitación, sustitución y desarrollo de proveedores para construirla.

Ese esquema permitiría resolver una de las principales críticas de Lucero sin desconocer la razón de fondo que llevó a las provincias a crear estas leyes.

Porque hay algo que tampoco puede ignorarse: si la única forma de que una provincia minera se beneficie de su propia minería es disputar judicialmente cada puesto de trabajo y cada contrato, el modelo de desarrollo nacional tendrá un problema estructural.

Y si, por el contrario, cada provincia levanta su propia frontera económica y obliga a las empresas a contratar sin considerar precio, calidad, capacidad o escala, la minería argentina difícilmente pueda convertirse en la industria competitiva que Nación promete.

El desafío, entonces, no es decidir quién tiene razón entre Lucero y las provincias. El desafío debería ser construir una regla federal que permita que la minería sea competitiva para invertir, pero también suficientemente arraigada como para que el territorio donde se extrae el recurso no sea apenas el lugar donde está ubicada la mina.

El escenario donde Nación puso sobre la mesa el conflicto

El Forbes Argentina Mining Summit llegó en septiembre de 2026 a su tercera edición y reunió en Buenos Aires a funcionarios nacionales, gobernadores de provincias mineras, ejecutivos de compañías, representantes de cámaras empresarias, especialistas, inversores y actores vinculados a la cadena de proveedores.

El encuentro se realizó el 3 de septiembre en el Four Seasons de Buenos Aires y fue organizado por Forbes Argentina junto con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La agenda abordó los principales desafíos de la expansión minera argentina: inversiones, RIGI, cobre, oro, plata y litio, infraestructura, financiamiento, proveedores, talento, energía, agua y la inserción del país en las cadenas globales de minerales críticos.

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La diversidad de participantes permite dimensionar el ámbito en el que Lucero formuló su cuestionamiento. Durante la jornada participaron, entre otros, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, además de ejecutivos de empresas mineras y proveedoras, representantes de CAEM, bancos, consultoras y organismos vinculados con la actividad. También se discutieron proyectos concretos de cobre, el futuro del oro y la plata y las condiciones necesarias para que Argentina pueda transformar sus recursos geológicos en inversiones y producción.

En ese contexto, la intervención de Lucero adquiere especial relevancia: el cuestionamiento a las leyes de compre y empleo local apareció dentro de un debate más amplio sobre cómo preparar al país para una eventual ola de inversiones mineras y cómo construir una cadena de proveedores y trabajadores capaz de acompañarla. De hecho, uno de los paneles estuvo específicamente dedicado al rol de los proveedores frente al crecimiento esperado de la industria, mientras que otros abordaron la disponibilidad de trabajadores, infraestructura, capital y seguridad jurídica.

Esa discusión recién comienza. Y Santa Cruz, por el peso de su producción minera y por la profundidad de sus leyes de empleo y compre local, probablemente sea uno de los principales escenarios donde deberá resolverse.