Amadeo Gravino, presidente de CAPROMISA, analizó el escenario que dejó la inspección provincial en Cerro Negro y la posterior desmovilización de personal. Desde la cámara de proveedores advierten por la situación de las Pymes y los trabajadores, reclaman mayor desarrollo local y plantean que el conflicto debe abrir una instancia de diálogo entre todos los actores de la actividad.
El conflicto que atravesó a Cerro Negro durante los últimos días dejó una preocupación que excede a la relación entre el Gobierno provincial y la operadora. Para el sector proveedor, el principal interrogante ahora es qué consecuencias tendrá el escenario generado sobre el empleo, las empresas contratistas y la economía de las localidades que dependen de la actividad minera.
Desde esa perspectiva, el presidente de CAPROMISA, Amadeo Gravino, considera que el momento exige bajar la tensión y abrir una instancia de diálogo que permita encauzar las diferencias sin poner en riesgo la continuidad de la actividad.
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“La situación es crítica”, plantea el dirigente empresario, quien además es titular de una Pyme vinculada a la actividad. Su diagnóstico parte de una realidad que, según explica, atraviesa actualmente a buena parte del entramado proveedor: empresas que mantienen sus estructuras, sostienen puestos de trabajo y cumplen con sus compromisos, pero con márgenes de rentabilidad cada vez más reducidos.
En ese contexto, una interrupción prolongada de la actividad minera podría tener un efecto inmediato sobre empresas y trabajadores.
“Estamos luchando por sostener el trabajo y sostener el negocio”, sostiene Gravino. Y advierte que las Pymes son particularmente vulnerables frente a una situación de estas características porque no cuentan con capacidad financiera suficiente para absorber durante mucho tiempo una caída de actividad.
La discusión que queda después de la inspección
Para CAPROMISA, sin embargo, el episodio de Cerro Negro no debería reducirse a la discusión sobre la inspección realizada por el Estado provincial.
Gravino reconoce que la seguridad de los trabajadores debe ser una prioridad y que el Gobierno tiene la responsabilidad de controlar y hacer cumplir las normas. La discusión, señala, pasa por otro lugar: las formas utilizadas, la intensidad de las medidas y la necesidad de que las diferencias puedan resolverse dentro de canales institucionales.
“Hay que cambiar las formas. El diálogo es el camino”, resume.
La preocupación de la cámara también está vinculada con el impacto que imágenes como las registradas durante los momentos de mayor tensión pueden generar sobre la percepción de Santa Cruz como destino de inversión.
Para Gravino, la provincia necesita simultáneamente dos cosas que no deberían ser contradictorias: controles efectivos y reglas claras para las empresas; pero también previsibilidad para quienes invierten, generan empleo y desarrollan proyectos productivos.
En ese sentido, plantea que Cerro Negro es un actor económico demasiado importante como para que una disputa termine trasladándose al conjunto de la cadena de valor.
La operación sostiene empleo directo, contrataciones y demanda de bienes y servicios, pero además tiene impacto sobre empresas y trabajadores de distintas localidades santacruceñas. Una paralización, por lo tanto, no quedaría circunscripta al yacimiento.
Más desarrollo local, pero también condiciones para invertir
La posición de CAPROMISA tampoco implica dejar de lado los reclamos históricos del sector proveedor.
Gravino sostiene que todavía existe una deuda pendiente en materia de integración de empresas santacruceñas a la cadena minera. Para la cámara, las operadoras deben profundizar el desarrollo de proveedores locales, generar oportunidades para las Pymes y procurar que una mayor proporción del valor generado por la actividad permanezca en Santa Cruz.
“Hay que exigirle desarrollo, integración y trabajo local”, sostiene.
Pero esa exigencia, entiende, debe formar parte de una relación institucional que permita discutir los problemas y encontrar soluciones antes de llegar a escenarios de máxima tensión.
Allí aparece uno de los principales reclamos de CAPROMISA: la necesidad de contar con una mesa de trabajo permanente que reúna al Gobierno, las operadoras, los gremios y las cámaras empresarias.
Gravino señala que CAPROMISA mantuvo contactos con funcionarios provinciales, aunque sin una continuidad suficiente que permita consolidar un ámbito de trabajo conjunto.
Para la cámara, ese espacio debería servir no solamente para intervenir frente a una crisis, sino para discutir de manera anticipada empleo, seguridad, contratación de proveedores, capacitación, inversión y desarrollo territorial.
Trabajadores y Pymes, en el centro de la preocupación
La desmovilización de personal registrada después de la inspección agregó otro elemento de incertidumbre.
Para CAPROMISA, es necesario conocer cómo continuará la actividad y, fundamentalmente, qué ocurrirá con los trabajadores y las empresas contratistas que fueron afectados por la situación.
“Los más vulnerables son los trabajadores y las pequeñas empresas que están en crisis”, sostiene Gravino.
La preocupación tiene una explicación concreta: detrás de cada Pyme hay salarios, impuestos, alquileres, vehículos, proveedores y familias que dependen de que el contrato minero continúe.
Por eso, desde la cámara entienden que cualquier salida debe contemplar también a ese entramado que muchas veces queda fuera de las discusiones centrales entre el Estado, las operadoras y los sindicatos.
El escenario abierto en Cerro Negro, en definitiva, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Santa Cruz todavía tiene pendiente: cómo transformar la riqueza minera en mayor desarrollo económico local sin deteriorar las condiciones necesarias para que la inversión continúe llegando.
Para Gravino, no se trata de elegir entre controles o inversión, ni entre empresas y trabajadores. El desafío es construir un esquema donde cada actor cumpla su responsabilidad y donde existan reglas previsibles para todos.
“Hay que cuidar las formas e invitar las inversiones a Santa Cruz, no espantarlas”, plantea.
Después de una semana atravesada por inspecciones, medidas preventivas, tensión y desmovilización, la mirada de CAPROMISA apunta ahora a lo que viene: recuperar el diálogo, garantizar la continuidad del trabajo, fortalecer la participación de los proveedores santacruceños y aprovechar el conflicto como una oportunidad para ordenar una relación que necesita reglas claras y canales institucionales permanentes.
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Porque, en definitiva, para una provincia que necesita empleo, inversión y actividad productiva, el desafío no es solamente que la minería siga funcionando. También es conseguir que una mayor parte de ese movimiento económico se traduzca en oportunidades concretas para los santacruceños.
