La denuncia de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) sobre la pérdida de aproximadamente 3.000 puestos de trabajo desde el cambio de Gobierno volvió a poner en discusión la relación entre la actividad minera, las inversiones y el empleo. Sin embargo, la cifra nacional no describe por sí sola la situación de cada provincia. En Santa Cruz, los datos oficiales disponibles muestran una evolución diferente: en marzo de 2026 se registraron 8.887 empleos mineros directos formales, un 3,1% más que en el mismo mes del año anterior.
La diferencia obliga a mirar más allá de los números generales. La minería argentina reúne actividades con características muy distintas, desde la extracción de oro y plata hasta la producción de cal, piedra y otros materiales destinados a la construcción. Cada una responde a condiciones de mercado, necesidades de inversión y estructuras laborales propias, por lo que una caída del empleo en determinados segmentos no necesariamente se reproduce en el conjunto del sector.
La advertencia de AOMA apunta, precisamente, a las dificultades que atraviesan empresas vinculadas con las canteras y la producción de insumos para la construcción, afectadas por la contracción de la obra pública y la menor demanda. El gremio también cuestionó el ritmo de ejecución de las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su secretario Gremial e Interior, Alejandro Santillán, sostuvo que no se había concretado ni el 10% de las inversiones prometidas, aunque esa proporción requiere una metodología y un universo de proyectos definidos para poder verificarse de manera independiente.
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Por ahora, no se dispone de un desglose oficial que permita establecer cuántos de los aproximadamente 3.000 puestos denunciados por AOMA corresponden a cada provincia, qué actividades fueron las más afectadas o cómo se distribuyeron las bajas a lo largo del período. En consecuencia, no sería riguroso atribuir esas pérdidas exclusivamente a las canteras ni trasladarlas directamente a los grandes yacimientos metalíferos de Santa Cruz.
El panorama nacional ofrece, no obstante, algunos elementos para comprender las diferencias. El informe de empleo minero elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera contabilizó 40.141 puestos directos formales en marzo de 2026, un 1,2% más que un año antes. Dentro de ese total, la minería metalífera registró 13.026 empleos, con un crecimiento interanual del 6,6%, mientras que el litio alcanzó 5.382 puestos, un 6,5% más. En cambio, las rocas de aplicación registraron una caída del 5,2% y los minerales no metalíferos, del 3,1%.
Estos resultados muestran que la evolución del empleo no fue uniforme. También permiten entender por qué la denuncia sindical y los registros oficiales pueden reflejar situaciones diferentes: una cifra de puestos perdidos durante un período no equivale necesariamente a la variación neta del empleo que surge de comparar dos meses. Para conocer la relación entre ambos indicadores es necesario identificar las bajas, las incorporaciones y las actividades involucradas.
Crecimiento «sin gente»
La brecha entre el crecimiento de la actividad y la generación de empleo también fue señalada por economistas que analizaron el desempeño de distintos sectores de la economía argentina. Jorge Paz, fundador del Instituto de Estudios Laborales y para el Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), describió el fenómeno como una expansión económica “sin gente”: según los datos que citó, la minería empleaba alrededor de 4.400 personas en Salta, apenas el 0,64% de los 680.000 puestos de trabajo estimados en esa provincia.
En la misma línea, el economista Christian Buteler advirtió que algunas actividades con fuerte crecimiento habían reducido su empleo asalariado formal y señaló que minería y petróleo registraban un aumento del 27,8% en su actividad, pero acumulaban 7.200 puestos formales menos desde noviembre de 2023. No obstante, y esto es importante aclararlo, estas cifras corresponden al agregado nacional de minería y petróleo y no permiten atribuir esas pérdidas exclusivamente a la minería metalífera ni a Santa Cruz.
Santa Cruz: qué dicen los registros y qué falta saber
En marzo de 2026, Santa Cruz contabilizó 8.887 empleos mineros directos formales, equivalentes al 22,1% del total nacional. La variación interanual fue positiva, con un incremento del 3,1% respecto de marzo de 2025, según el informe oficial de empleo minero.
El dato es relevante porque impide describir la situación provincial como una caída generalizada del empleo minero sobre la base de la denuncia nacional de AOMA. Pero también tiene límites: corresponde a un mes determinado y no demuestra que todas las operaciones hayan mantenido sus planteles, que no se hayan producido despidos en empresas contratistas o que la tendencia se haya sostenido durante el resto del año.
La evolución histórica también aconseja prudencia. Los registros recopilados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras muestran que Santa Cruz promedió 9.379 empleos mineros directos en 2022 y 9.000 en 2023. Para el período comprendido entre enero y octubre de 2024, el promedio fue de 8.865 puestos. Estas cifras corresponden a períodos diferentes y no deben confundirse con el registro puntual de marzo de 2026, pero sirven para recordar que una variación interanual positiva no alcanza, por sí sola, para establecer una tendencia de largo plazo.
La información disponible permite afirmar que Santa Cruz registró más empleos mineros directos formales en marzo de 2026 que en marzo de 2025. No permite concluir, sin una serie mensual completa y comparable, que el empleo haya crecido de manera sostenida durante todo el año. Tampoco permite determinar cuántos trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones o finalizaciones de contratos en las distintas operaciones de la provincia.
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La discusión sobre el empleo tiene otra dimensión importante para Santa Cruz: la relación entre la actividad minera y las oportunidades laborales para los residentes de la provincia. El número de empleos directos no permite conocer por sí solo cuántos trabajadores viven efectivamente en el territorio, qué proporción corresponde a las empresas operadoras o a sus contratistas ni cómo se distribuyen los puestos entre las distintas localidades.
La Ley provincial 3141 y su modificación por la Ley 3960 establecen condiciones de contratación de mano de obra local, con una exigencia del 90% para las actividades comprendidas en la normativa y un requisito de residencia efectiva de seis años. Sin embargo, para evaluar sus resultados hacen falta datos sobre las nóminas de personal, las contrataciones y desvinculaciones, y los controles realizados. La existencia de una norma no demuestra, por sí sola, el grado de cumplimiento ni su impacto efectivo sobre el empleo.
Algo similar ocurre con el RIGI. La aprobación de un proyecto no significa que toda la inversión prevista ya se haya ejecutado, del mismo modo que el inicio de una obra no garantiza que se hayan alcanzado los niveles de contratación esperados. La construcción de una mina puede generar una demanda importante de trabajadores para obras civiles, montaje y movimiento de suelos; una vez iniciada la operación, las necesidades cambian y dependen de las características de cada yacimiento. Por eso, para medir el impacto laboral de las inversiones se necesita información sobre desembolsos efectivos, obras iniciadas, contratos adjudicados y puestos generados.
En Santa Cruz, esa evaluación también debe contemplar el movimiento económico que se produce a través de las empresas proveedoras. Los contratos de transporte, mantenimiento, logística, alimentación y otros servicios forman parte de la cadena de valor minera y pueden generar oportunidades para las PyMEs locales. Sin embargo, no corresponde afirmar que esos segmentos están perdiendo empleo en la provincia sin datos específicos que lo demuestren.
La denuncia de AOMA pone sobre la mesa una preocupación concreta por el empleo minero, pero los datos disponibles no permiten atribuir a Santa Cruz las pérdidas denunciadas a escala nacional. Por el contrario, el registro oficial de marzo de 2026 muestra que la provincia tenía 8.887 puestos de trabajo mineros directos formales, un 3,1% más que un año antes.
Esa evolución no invalida la denuncia gremial ni demuestra que todos los segmentos de la actividad hayan seguido la misma tendencia. Para establecer el alcance real de las bajas denunciadas, es necesario contrastar los datos de AOMA con los registros oficiales y obtener precisiones sobre los sectores, las empresas y las provincias afectadas. La discusión sobre el empleo minero necesita datos verificables, y la distancia entre las inversiones anunciadas y los puestos de trabajo efectivamente generados debe medirse con la misma rigurosidad.
