Desalojo en Las Heras – La mañana de hoy, 17 de abril de 2026, volvió a poner en primer plano una problemática que se viene profundizando en el norte de Santa Cruz. Un grupo de trabajadores desocupados fue desalojado por fuerzas de seguridad mientras intentaba sostener un corte sobre la Ruta Provincial 43, en el acceso a Las Heras, uno de los puntos neurálgicos de la actividad minera en la región.
El operativo, llevado adelante por Infantería de la Policía de Santa Cruz, se produjo de manera temprana, evitando que el bloqueo se consolidara como en jornadas anteriores. Sin embargo, lejos de desactivar el conflicto, el hecho vuelve a evidenciar un escenario de creciente tensión social vinculado a la falta de empleo en una de las principales zonas productivas del país.
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Desde comienzos de abril, más de 400 desocupados autoconvocados de Las Heras y Pico Truncado vienen protagonizando marchas, acampes y cortes intermitentes. Se trata de un colectivo heterogéneo, integrado por ex trabajadores de la construcción —muchos de ellos desvinculados de obras vinculadas al sector—, desocupados históricos y familias completas que atraviesan una situación crítica.
A diferencia de otros movimientos, no responden a estructuras sindicales tradicionales ni a organizaciones sociales consolidadas. Su carácter autoconvocado y su persistencia en el tiempo configuran una dinámica particular, marcada por la desconfianza hacia los canales institucionales y una fuerte demanda de respuestas concretas.
En ese marco, los cortes sobre la Ruta 43 no son casuales. Se trata del corredor clave que conecta Las Heras con los principales yacimientos, lo que convierte a la protesta en una herramienta directa de presión tanto hacia las empresas como hacia el Estado. los manifestantes sostienen que no se estaría cumpliendo con el principio de priorización de mano de obra local, habitualmente vinculado al esquema conocido como “90/10”, que establece que el 90% del personal debería ser de origen santacruceño.
El reclamo central gira en torno al acceso a puestos de trabajo en las empresas mineras. Si bien Las Heras no se encuentra adyacente a una operación en producción directa —como ocurre con localidades como Perito Moreno, Puerto San Julián o Puerto Deseado—, su ubicación dentro del corredor norte del Macizo del Deseado le otorga un rol estratégico. Cualquier situación que afecte su dinámica social o logística puede tener impacto tanto en las actividades de exploración como en las operaciones en producción a escala regional.
En este esquema regional se destacan operaciones activas como Cerro Negro, operada por Newmont, junto a otros desarrollos en producción como Don Nicolás, y una amplia cartera de proyectos en exploración avanzada —entre ellos La Manchuria, Las Calandrias y La Josefina— que consolidan a la región como uno de los principales polos auríferos del país.
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“No queremos bolsones ni subsidios, queremos trabajo digno”, es una de las consignas que se repite entre los manifestantes y sintetiza el rechazo explícito al asistencialismo. La demanda apunta a empleo formal, con condiciones laborales claras, y a la posibilidad de insertarse en una actividad que, paradójicamente, convive con altos niveles de desocupación en su área de influencia.
El conflicto también tiene raíces más profundas. Desde hace meses —e incluso con antecedentes desde 2025— los desocupados vienen sosteniendo distintos tipos de medidas para visibilizar su situación. La falta de respuestas sostenidas, sumada a la percepción de incumplimientos por parte de las operadoras y contratistas, ha ido consolidando un clima de malestar que hoy se expresa con mayor intensidad.
En paralelo, se observa una incipiente articulación con otros sectores en conflicto, como trabajadores vinculados a la UOCRA o actividades hidrocarburíferas, lo que podría ampliar el alcance de las protestas en el corto plazo.
Lo ocurrido este 17 de abril no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo de un proceso que interpela tanto a las empresas como al Estado provincial y municipal. En regiones como el norte de Santa Cruz, donde la minería representa uno de los principales motores económicos, la discusión sobre empleo local, capacitación y desarrollo territorial vuelve a ocupar un lugar central.
El desafío, en este contexto, no solo pasa por descomprimir la conflictividad inmediata, sino por abordar de manera estructural una problemática que combina expectativas sociales, dinámica productiva y planificación a largo plazo.
