La designación de un contratista de fuera de Santa Cruz para la dirección de obra del montaje de una nueva planta de trituración en la operación Calandria, dentro de Minera Don Nicolás, reabrió un debate que en la provincia está lejos de saldarse.
La obra, que implica la incorporación de una segunda planta dentro del yacimiento, se inscribe en la lógica de crecimiento operativo, pero vuelve a dejar expuestas decisiones que generan incomodidad en el entramado minero provincial.
La dirección del proyecto y su correspondiente supervisión quedó en manos de una firma con base en Catamarca, liderada por Walter Suárez, lo que vuelve a poner en discusión el rol que están teniendo los proveedores santacruceños en una de las actividades económicas más importantes de la provincia.
En un contexto donde existe capacidad instalada, experiencia técnica y empresas con trayectoria local, la reiteración de contrataciones por fuera del territorio empieza a ser leída como algo más que una decisión puntual.
Detrás de estos movimientos aparece nuevamente Cerrado Gold, operadora del yacimiento, cuya política de contratación viene siendo observada por distintos actores del sector. No se trata únicamente de quién ejecuta una obra, sino del impacto acumulativo que estas decisiones tienen sobre el desarrollo de proveedores, el empleo y la sustentabilidad del modelo minero en Santa Cruz.
Una señal que se repite y preocupa
El escenario se complejiza aún más si se lo analiza en paralelo con un episodio reciente que también tuvo como protagonista a la operación Don Nicolás: las dificultades en torno al abastecimiento de agua.
En los últimos días, distintas fuentes del sector señalaron que el suministro habría dependido de un esquema intensivo de camiones cisterna, con movimientos que —de manera extraoficial— rondarían cerca de diez unidades diarias. También trascendió que estos servicios estarían vinculados a la conocida empresa de transporte, aunque sin confirmación oficial por parte de la compañía.
Más allá de los detalles finos, lo que genera preocupación es el trasfondo: la falta de previsibilidad en un insumo crítico como el agua dentro de una operación minera. Este tipo de esquemas no solo implican mayores costos logísticos y presión operativa, sino que además exponen a la actividad a cuestionamientos evitables, especialmente en una provincia donde la gestión de recursos hídricos es un tema particularmente sensible.
En ese marco, la combinación de ambos factores —contratación de proveedores externos y tensiones en la logística operativa— empieza a configurar un escenario que trasciende lo puntual. Lo que está en juego no es solo la eficiencia de una operación, sino la percepción general de la actividad minera en Santa Cruz.
La minería ha logrado sostener su licencia social en la provincia en base a un delicado equilibrio: producción, empleo local y desarrollo de proveedores. Cuando ese esquema se ve alterado, incluso en situaciones aisladas, el impacto se amplifica.
El avance de una nueva planta en Calandria confirma que Don Nicolás sigue en movimiento. Pero también deja en evidencia que hay decisiones que, lejos de fortalecer al sector, vuelven a abrir interrogantes en un momento donde la actividad necesita previsibilidad, coherencia y un fuerte anclaje local.
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