Estalla el reclamo…
La discusión sobre el empleo local volvió a instalarse con fuerza en Santa Cruz. El conflicto surgido en operaciones de Pan American Energy por el ingreso de personal proveniente de otras provincias generó una reacción inmediata de distintos sectores sindicales y reavivó el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 3141, conocida como la Ley del 90/10.
La normativa establece la prioridad de contratación de trabajadores santacruceños en las actividades extractivas que se desarrollan dentro del territorio provincial. En este contexto, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), conducido por Rafael Güenchenen, encabezó las primeras acciones gremiales exigiendo el respeto de la legislación vigente.
Desde la organización señalaron que la defensa del empleo local resulta indispensable en un escenario económico complejo para la provincia y remarcaron que las inversiones deben traducirse en oportunidades concretas para las comunidades donde se generan los recursos.
“El trabajo santacruceño se debe defender más que nunca. No puede haber inversión, producción ni reactivación pasando por encima de los trabajadores locales ni desconociendo la Ley 3141”, manifestó Güenchenen.
El dirigente aclaró además que el reclamo no está dirigido contra trabajadores de otras provincias, sino contra decisiones empresariales que, según sostuvo, avanzan sin respetar el marco legal vigente.
La Ley 3141 fue sancionada originalmente en 2010 y modificada en 2025 para elevar la exigencia de contratación de mano de obra local al 90%, incorporando además el requisito de acreditar seis años de residencia efectiva en Santa Cruz. Desde enero de 2026 cuenta con una reglamentación específica que obliga a las empresas a informar sus nóminas laborales mediante el Sistema de Registro de Empleo Local, bajo supervisión del Ministerio de Trabajo provincial.
Sin embargo, distintos sectores sindicales sostienen que las herramientas administrativas no han sido acompañadas por controles suficientes en territorio. Según expresan, la falta de fiscalización favorece situaciones que terminan vulnerando el espíritu de la norma.
El reclamo encontró rápidamente respaldo en otros gremios. El secretario general de Camioneros Santa Cruz, Sergio Sarmiento, responsabilizó a la operadora por la situación y consideró que el conflicto podría haberse evitado mediante una planificación acorde a la legislación provincial.
“Pan American Energy es la culpable. Desconocen lo que es Santa Cruz”, expresó el dirigente.
También la UOCRA Zona Norte manifestó públicamente su apoyo al reclamo y advirtió sobre los riesgos de impulsar procesos de reactivación económica sin contemplar la participación de trabajadores radicados en la provincia.
Desde la organización remarcaron que el empleo local debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de desarrollo productivo y que la normativa vigente fue creada precisamente para proteger las oportunidades laborales de los santacruceños.
Los sindicatos coinciden en que el impacto de la Ley 90/10 trasciende al sector petrolero. Su cumplimiento repercute directamente sobre actividades vinculadas como la construcción, el transporte, los servicios y el comercio, fortaleciendo la circulación de ingresos dentro de la economía provincial.
El reclamo también encuentra respaldo en antecedentes recientes. Durante 2025, diversos operativos de fiscalización detectaron más de 1.100 trabajadores extraprovinciales sin la residencia requerida desempeñándose en actividades extractivas dentro de Santa Cruz. Para las organizaciones sindicales, estos registros evidencian que las irregularidades no constituyen casos aislados, sino una problemática recurrente que afecta el objetivo central de la ley.
En este escenario, el debate vuelve a enfocarse en la responsabilidad de las empresas de cumplir con la normativa vigente y en la obligación del Estado provincial de garantizar controles efectivos. Mientras la actividad productiva busca recuperar dinamismo, el frente sindical santacruceño sostiene que el verdadero desarrollo debe reflejarse también en la generación de empleo para quienes viven y apuestan diariamente al crecimiento de la provincia.
¿El tiro por la culata?
Más allá del conflicto puntual, la situación también coloca al Gobierno Provincial frente a una contradicción política de difícil resolución. La modificación de la Ley 3141, impulsada por la propia administración y acompañada por un fuerte discurso de defensa del empleo santacruceño, elevó las expectativas de los trabajadores respecto de su cumplimiento efectivo. Sin embargo, ahora son los sindicatos quienes exigen que el Estado haga valer una norma que el mismo Gobierno promovió y reglamentó.
El escenario resulta especialmente sensible porque el reclamo se produce en medio de otros frentes abiertos con distintos sectores estatales y gremiales, entre ellos docentes y fuerzas de seguridad, en un contexto económico complejo y con crecientes demandas vinculadas al empleo y los ingresos. En ese marco, cualquier señal de flexibilidad o falta de control sobre la aplicación de la Ley 90/10 podría convertirse en un nuevo foco de cuestionamientos hacia la gestión provincial.
Paradójicamente, una herramienta presentada como un avance para garantizar oportunidades laborales a los santacruceños hoy se transforma en un factor de presión para las propias autoridades, que deben encontrar un delicado equilibrio entre atraer inversiones, sostener la actividad productiva y demostrar que las normas que impulsan están efectivamente siendo cumplidas.
