La política de empleo local 90/10 en Santa Cruz atraviesa un momento clave, donde el debate comienza a correrse del plano discursivo para adentrarse en una dimensión más concreta: su viabilidad real.
En ese marco, el presidente de CAPROMISA, Amadeo Gravino, introdujo una pregunta tan simple como estructural: quién paga el costo de construir el 90/10. Lejos de cuestionar el objetivo de fortalecer el empleo y los proveedores locales, su planteo apunta a una cuestión que en la práctica condiciona todo el proceso.
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Integrar trabajadores y empresas de la provincia implica inversión, tiempo y una curva de aprendizaje inevitable. No se trata únicamente de incorporar mano de obra o contratar proveedores locales, sino de desarrollar capacidades, formar perfiles y sostener un proceso que, al menos en sus primeras etapas, impacta en la productividad y en los costos operativos. Cuando esa dimensión no está contemplada desde el inicio, lo que aparece no es desarrollo genuino, sino tensiones, desajustes y, muchas veces, cumplimiento parcial.
La cuestión de fondo, entonces, no es el objetivo, sino el camino. Y en ese camino aparece el punto que Gravino pone sobre la mesa: el costo del desarrollo local no desaparece, alguien lo asume. Puede recaer en las operadoras, en los proveedores, en los trabajadores durante sus etapas de adaptación o en el Estado a través de políticas activas. También puede distribuirse, pero en todos los casos requiere definición, previsibilidad y acuerdos claros. Sin esa base, el riesgo es que el 90/10 funcione más como una meta declarativa que como un proceso sostenible.
A esto se suma una limitación que incluso desde el propio sector empresario se reconoce: la falta de perfiles técnicos y jerárquicos en la provincia. Mientras que en muchos casos los niveles de empleo local en tareas operativas son elevados, el verdadero desafío aparece en posiciones clave, donde la escasez de ingenieros en mina y personal altamente calificado obliga a recurrir a profesionales de otras provincias. Esto refuerza la idea de que el desarrollo local no puede forzarse en el corto plazo, sino que requiere planificación y formación sostenida.
De acuerdo a CAMICRUZ, las operadoras asumirían los costos?
En paralelo, las declaraciones de Verónica Nohara, al frente de CAMICRUZ, sumaron otro elemento al escenario. Desde la entidad se destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial en el marco de la Ley 3.141 y se afirmó que existe un acompañamiento general del sector, con empresas alineadas en el objetivo de avanzar en el empleo local.
En ese punto, la inquietud que comienza a instalarse —aunque todavía sin respuestas explícitas— es si serán finalmente las operadoras quienes deban absorber una parte significativa de ese costo de transición. De ser así, el interrogante no es menor: implicaría revisar estructuras de costos, márgenes operativos y, en algunos casos, la dinámica de inversión y planificación de los proyectos.
También podría trasladar tensiones a la cadena de valor, impactando en contratistas y proveedores. Sin una definición clara y compartida sobre cómo se distribuye ese esfuerzo, el riesgo es que el debate deje de ser técnico para transformarse en un nuevo foco de conflicto dentro de la industria.
Sin embargo, a partir de consultas realizadas por la redacción de Extremo Minero a referentes de distintas compañías que participaron de las reuniones vinculadas al esquema de multas y la implementación del 90/10, emergen matices que no terminan de coincidir con esa visión. Varias de esas voces plantearon diferencias en torno a los tiempos, la forma en que se están llevando adelante las medidas y el nivel de previsibilidad del proceso.
En ese contexto, surge una pregunta inevitable que empieza a circular en el sector: si la posición expresada por CAMICRUZ refleja efectivamente a la totalidad de las empresas que operan en Santa Cruz o si, por el contrario, existen posturas diversas que aún no se expresan públicamente.
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El escenario actual muestra que la discusión está lejos de saldarse. El 90/10 sigue siendo un objetivo compartido en términos generales, pero su implementación expone desafíos concretos que requieren algo más que voluntad política o declaraciones de consenso. Requiere definir costos, establecer mecanismos de financiamiento, generar capacidades locales y, sobre todo, construir acuerdos reales entre todos los actores involucrados.
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