El Gobierno de Santa Cruz puso en marcha una serie de operativos para hacer cumplir la recientemente sancionada Ley 90/10, que modifica la Ley Provincial N° 3.141 de Empleo Santacruceño. El cambio, aprobado por unanimidad en la Legislatura, eleva del 70% al 90% el cupo obligatorio de trabajadores con residencia comprobada en la provincia para todas las empresas que desarrollen actividades en su territorio, especialmente en los sectores de minería, hidrocarburos, pesca y construcción.
De acuerdo con la nueva redacción del Artículo 3°, la norma dispone que “las empresas deberán emplear un noventa por ciento (90%) de trabajadores santacruceños, entendiéndose por tales a quienes acrediten residencia comprobada en la provincia de Santa Cruz con una antigüedad no inferior a seis (6) años”. Además, “de ese porcentaje, el treinta por ciento (30%) deberá corresponder a residentes de la localidad o ciudad donde se encuentre radicado el proyecto”.
La aplicación fue inmediata. Durante las últimas semanas, inspectores del Ministerio de Trabajo comenzaron a verificar domicilios y certificados de residencia en distintas localidades. Según explicó el propio gobernador, “las empresas enviaban información al Ministerio de Trabajo que no era certera. Figuraban veinte o treinta trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real. Esta vez, con la 90/10, se va a controlar con rigurosidad”.
El Artículo 3° ter, incorporado por la Ley 3.704 y ratificado en esta reforma, establece que “si la autoridad laboral verificare la existencia de trabajadores cuyo domicilio coincida con el de la empresa, se presumirá que no se cumple con el requisito de residencia establecido”. En la práctica, esto significa que los trabajadores en situación irregular —aquellos que no pueden acreditar los seis años de residencia efectiva o que poseen domicilios “simulados”— dejarán de computar dentro del 90% de mano de obra local exigido por ley.
Frente a esa presunción, la empresa se considera en incumplimiento y puede ser pasible de sanciones. Para evitar penalidades, la norma obliga a las compañías a reemplazar a los empleados que no cumplan con los requisitos por personal que sí posea residencia efectiva. Es por eso que, en los yacimientos y obras donde se iniciaron los controles, crece la preocupación por posibles desvinculaciones.
El Ministerio de Trabajo provincial implementará además el Sistema Integral de Registro Laboral (SIREL), una plataforma digital destinada a monitorear en tiempo real el cumplimiento del cupo de empleo santacruceño. Desde el Gobierno explicaron que el sistema “permitirá cruzar información de registros laborales, domicilios y certificados de residencia, para asegurar que cada puesto ocupado por un trabajador local sea genuino y verificable”.
Aunque la ley incluye un artículo que prevé excepciones “cuando no existan en la provincia trabajadores capacitados para ocupar determinados puestos técnicos o profesionales”, esas disposiciones aún deben ser reglamentadas por el Ejecutivo. El decreto reglamentario, que deberá emitirse dentro de los 60 días desde la promulgación, definirá los mecanismos concretos para aplicar las excepciones y los plazos de adecuación para las empresas.
En el sector minero, donde la demanda de técnicos, geólogos e ingenieros especializados supera la disponibilidad local, existe preocupación por el alcance real de las inspecciones. Dirigentes gremiales y trabajadores señalaron que muchos empleados con varios años de residencia en Santa Cruz podrían quedar fuera del cómputo por no alcanzar el nuevo umbral de seis años o por no contar con la documentación respaldatoria completa.
Incertidumbre y preocupación
En distintas localidades, los operativos fueron interpretados como una medida intempestiva. Entre los trabajadores circula la expresión “caza de brujas” para describir la forma en que se iniciaron los controles, sin un período previo de regularización ni campañas de información. En los hechos, la incertidumbre se instaló en sectores clave como la minería, la pesca y los servicios petroleros.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la norma busca fortalecer el empleo genuino y asegurar que los beneficios de las inversiones queden en la provincia. “Miles de trabajadores vienen de afuera, y está bien si quieren venir, pero que se radiquen, que vivan en nuestra tierra y dejen su salario en Santa Cruz, porque el recurso es de los santacruceños”, afirmó el gobernador durante la presentación de los primeros controles.
Sin embargo, mientras se avanza en la reglamentación, los efectos inmediatos ya se sienten. Entre las empresas y los trabajadores predomina una sensación de desconcierto ante la rapidez del proceso, el endurecimiento de los requisitos y la falta de claridad sobre las consecuencias para quienes hoy no puedan acreditar residencia efectiva. La expectativa está puesta en que la aplicación final de la ley logre equilibrar el objetivo de empleo local con la estabilidad laboral de quienes hace años sostienen la producción provincial.
