El gobernador de Chubut aseguró que está dispuesto a discutir el desarrollo minero de la provincia, aunque advirtió que cualquier avance deberá contar con licencia social y contemplar el impacto ambiental, el destino de los recursos y los efectos sobre las comunidades. Sus declaraciones se produjeron durante el encuentro AmCham Energy, en un contexto en el que distintos sectores vuelven a instalar la minería en la agenda productiva chubutense.
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El debate sobre la minería vuelve a ganar espacio en Chubut. Esta vez, la definición llegó del propio gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien aseguró estar dispuesto a discutir el desarrollo de la actividad en la provincia, aunque puso como condición central la existencia de licencia social.
“No le tengo miedo a esa discusión”, sostuvo el mandatario durante el encuentro de AmCham Energy, según consignó La Opinión Austral, medio que realizó la cobertura especial del evento a través de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.
La posición expresada por Torres combina una apertura al debate productivo con una advertencia respecto de las condiciones bajo las cuales debería desarrollarse cualquier eventual proyecto. “Hay un potencial muy importante y es trabajo”, señaló el gobernador, aunque inmediatamente vinculó esa posibilidad con la necesidad de analizar también el impacto ambiental.
Torres recordó que Chubut mantiene vigente una legislación que prohíbe el uso de cianuro asociado a determinadas modalidades de minería metalífera, aunque remarcó que la actividad minera provincial no se limita exclusivamente a ese segmento.
En ese marco, planteó que la discusión no debería quedar circunscripta a la cuestión ambiental. También debería incorporar qué beneficios concretos quedan en la provincia, cómo se administran los recursos obtenidos y cuál puede ser el eventual impacto social de los proyectos.
“Yo soy pro desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien”, resumió el gobernador.
La referencia al desarrollo de la Meseta también ocupó un lugar destacado en sus declaraciones. Torres reconoció el enorme potencial minero de esa región y señaló que se trata de un recurso de relevancia internacional. Sin embargo, evitó plantear un avance inmediato y volvió a colocar el consenso social como uno de los factores determinantes.
El antecedente que funciona como límite político es el conflicto de 2021. Torres recordó la crisis desatada luego de la aprobación de la zonificación minera durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, proceso que terminó con fuertes protestas, ataques a edificios públicos y la posterior derogación de la norma.
Para el actual gobernador, aquel episodio dejó una enseñanza sobre la forma en que debe abordarse una discusión de semejante sensibilidad.
“Por dar mal esa discusión en su momento la Casa de Gobierno terminó prendida fuego y se perdió una oportunidad muy importante porque se hizo a oscuras, en una votación a las tres de la mañana, sin dar las discusiones que se tenían que dar”, afirmó.
Torres sostuvo que su gestión no repetirá ese esquema y que cualquier discusión sobre minería deberá realizarse públicamente y con participación social.
El planteo aparece además en un momento en que distintos actores políticos y sindicales de Chubut comenzaron a reclamar una revisión de la matriz productiva provincial y una mayor apertura hacia actividades capaces de generar empleo e inversiones.
Uno de ellos es el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, quien volvió a reclamar públicamente que la provincia discuta alternativas productivas más allá de sus actividades tradicionales.
Ávila señaló, durante una intervención en El Comodorense Stream, que existe temor dentro de la dirigencia política a asumir el costo de abrir el debate minero. A su criterio, Chubut necesita una discusión amplia sobre su futuro productivo y no puede depender exclusivamente de las actividades que históricamente sostuvieron su economía.
En ese contexto, el dirigente petrolero puso la mirada directamente sobre Santa Cruz como referencia regional.
“Miremos Santa Cruz cómo avanza con el tema minería, y acá nosotros esperando un milagro”, sostuvo Ávila, según la publicación de PoderLocal.
La comparación resulta particularmente significativa porque Santa Cruz lleva décadas desarrollando minería metalífera a escala industrial, principalmente vinculada a oro y plata, y cuenta actualmente con una estructura productiva, laboral y de proveedores asociada a esa actividad.
Para Chubut, en cambio, el debate continúa atravesado por la experiencia de la zonificación de 2021 y por la vigencia de la Ley 5001, que establece restricciones para determinadas modalidades de explotación minera metalífera.
El escenario también presenta nuevas discusiones vinculadas con el uranio y otros recursos de la Meseta, que durante 2026 comenzaron a ocupar un lugar creciente dentro de la agenda energética y minera provincial. El gobernador Torres viene planteando públicamente que existen alternativas que deben ser analizadas bajo el marco legal vigente y con una construcción previa de consenso social.
La cuestión de la licencia social, por lo tanto, aparece como el concepto que articula la actual posición del Gobierno chubutense. No se trata solamente de habilitar inversiones o identificar recursos con potencial económico, sino de construir las condiciones políticas, sociales, ambientales e institucionales necesarias para que una eventual actividad pueda desarrollarse.
La diferencia con el proceso de 2021, según el propio Torres, debería estar precisamente en la forma de discutir.
En ese punto, la experiencia de Santa Cruz vuelve a aparecer como referencia inevitable dentro del debate patagónico. La provincia vecina ha construido durante años una economía minera basada en proyectos productivos activos, empleo directo e indirecto, contratación de proveedores y exportaciones, aunque también enfrenta sus propios desafíos en materia de desarrollo de proveedores, infraestructura, empleo local, control ambiental y distribución territorial de los beneficios.
La comparación planteada por Ávila no implica que ambos modelos provinciales sean directamente trasladables. Las estructuras productivas, marcos regulatorios y realidades sociales son diferentes. Pero sí muestra que la minería ya forma parte de la matriz económica de Santa Cruz mientras Chubut continúa discutiendo bajo qué condiciones podría ampliar su propia actividad.
Por ahora, Torres no anunció un proyecto concreto de habilitación de la minería metalífera ni planteó una modificación inmediata del marco legal. Su definición es política: está dispuesto a discutir.
Pero también dejó establecido el límite que, según su visión, deberá acompañar cualquier eventual avance: hacerlo de frente a la sociedad, con evaluación ambiental, transparencia, participación y licencia social.
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En una Patagonia que busca ampliar sus fuentes de inversión, empleo y generación de divisas, el debate minero vuelve así a ocupar un lugar central. Y Santa Cruz, por cercanía geográfica y experiencia productiva, aparece nuevamente como uno de los principales puntos de comparación para la discusión que Chubut comienza a transitar.
