El reciente conflicto en el ámbito portuario de Santa Cruz, con epicentro en Caleta Olivia y repercusiones en Puerto Deseado, volvió a instalar un debate que en la minería lleva años desarrollándose en silencio: el impacto real de los controles de alcoholemia y consumo en actividades de alto riesgo.
La polémica, atravesada por denuncias cruzadas, versiones contrapuestas y un comunicado sindical que desmintió irregularidades, no puede analizarse de forma aislada. Lo que está en juego excede al sector pesquero y conecta directamente con lo que ocurre en la minería santacruceña, donde los controles son una práctica consolidada y no negociable.
En operaciones mineras, el estándar es claro: tolerancia cero. No se trata de una decisión local, sino de protocolos internacionales que buscan garantizar la seguridad en entornos donde se manipulan explosivos, equipos pesados y procesos complejos. En ese marco, los controles no están en discusión.
Pero el conflicto actual permite poner el foco en una dimensión menos visible.
¿Qué pasa cuando un trabajador da positivo?
En la práctica, la mayoría de los casos deriva en la desvinculación o suspensión inmediata. El sistema está diseñado para proteger la operación, reducir riesgos y evitar incidentes. Sin embargo, esa respuesta, aunque lógica desde el punto de vista operativo, deja un vacío en el plano social.
Porque detrás de cada resultado positivo hay una persona que, en muchos casos, queda fuera del circuito laboral sin herramientas reales de acompañamiento.
En localidades donde la minería, el petróleo y los puertos concentran gran parte del empleo —como sucede en buena parte de Santa Cruz— esa exclusión tiene un efecto multiplicador. No solo impacta en el trabajador, sino también en su entorno familiar y en la comunidad.
El problema de fondo es que el control, por sí solo, no resuelve el consumo.
En algunos casos, incluso, puede profundizarlo. La pérdida del empleo, la incertidumbre y la falta de contención pueden agravar situaciones que ya eran problemáticas.
La realidad en otras provincias
En provincias con mayor trayectoria minera, como San Juan, algunas empresas han incorporado programas de asistencia al empleado que contemplan instancias de evaluación, seguimiento y derivación a tratamiento. Estos esquemas no reemplazan las sanciones, pero introducen una lógica distinta: intervenir antes de que la única salida sea la expulsión.
En Santa Cruz, en cambio, ese enfoque todavía no está plenamente desarrollado.
Los dispositivos de prevención son limitados, los espacios de atención para consumos problemáticos no siempre están disponibles de manera accesible y sostenida, y la reinserción laboral prácticamente no forma parte de la agenda.
Ahí es donde el rol del Estado se vuelve central.
La prevención no puede depender exclusivamente de las empresas. Requiere políticas públicas activas, presencia territorial y articulación con sindicatos y sector privado. También implica generar canales de consulta temprana, facilitar el acceso a tratamiento y, sobre todo, construir alternativas para quienes necesitan reinsertarse laboralmente.
Hoy, ese entramado presenta debilidades.
El conflicto en los puertos, con posiciones enfrentadas entre empresas y sindicatos, expone esa falencia estructural. Mientras unos ponen el foco en la seguridad —con argumentos sólidos en actividades de riesgo— y otros advierten sobre posibles vulneraciones de derechos, el sistema en su conjunto muestra dificultades para ofrecer una respuesta integral.
La discusión, entonces, no debería quedar atrapada en esa polarización.
No se trata de flexibilizar controles ni de relativizar la seguridad. Tampoco de naturalizar situaciones de consumo en entornos donde no hay margen para el error.
Se trata de ampliar la mirada.
Porque si la única respuesta es dejar afuera a quien no cumple, el problema no desaparece. Se desplaza y se profundiza.
En una provincia donde la minería es uno de los pilares productivos, pensar en comunidades sostenibles implica también hacerse cargo de estas situaciones. La seguridad operativa es indispensable, pero no puede ser el único eje.
El desafío es construir un sistema que, además de controlar, prevenga, acompañe y recupere.
Porque detrás de cada trabajador que queda fuera, hay una historia que no se resuelve con un resultado positivo.
Y en Santa Cruz, esa es una discusión que ya no se puede postergar.
Para conocer más sobre empresas que brindan servicios y soluciones en el sector, te invitamos a recorrer el directorio de proveedores mineros, un espacio clave para fortalecer el entramado productivo y generar nuevas oportunidades en la industria.
