La minería en Santa Cruz, uno de los pilares económicos de la provincia, enfrenta un complejo escenario desde sus prometedores inicios, hace más tres décadas. La falta de apoyo efectivo tanto por parte del gobierno provincial como nacional, junto con una alarmante desconexión entre las políticas públicas y las necesidades del sector, está sumiendo a la provincia en un estancamiento que amenaza con perjudicar su desarrollo sostenible a largo plazo.
Días atrás, la Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz, anunció la coordinación de acciones con autoridades nacionales, como la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), con el objetivo de fomentar la radicación de nuevos proveedores mineros en la región. Si bien esta iniciativa puede sonar positiva a primera vista, su anuncio se produce en un contexto donde la falta de visibilidad y apoyo real al sector es palpable. Mediante un comunicado de prensa, las autoridades provinciales destacan su intención de promover la llegada de empresas que generen empleo y reactiven las economías regionales. Sin embargo, esta acción se contradice con la ausencia de los principales referentes del gobierno provincial en la Expo Patagonia Minera 2024, el evento más importante para la industria minera de la región, que se llevó a cabo, por segundo año consecutivo, en Perito Moreno y reúne a todos los actores clave del sector. La falta de representación oficial de la provincia en este evento clave refleja, de manera clara y preocupante, la desconexión entre las autoridades y los principales actores de la minería local.
En paralelo, el secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, al inaugurar la Expo Patagonia Minera 2024, pronunciaba un discurso duro y reflexivo, donde se subrayó la necesidad urgente de reactivar la exploración minera y fortalecer la capacitación local, aspectos vitales para garantizar un futuro sostenible para el sector. Castro instó a la unidad de los distintos actores, incluidos políticos, empresarios y trabajadores, para abordar la crisis que enfrenta la minería en la provincia. Sin embargo, mientras el gremio y las empresas del sector claman por atención y compromiso de los gobiernos, las autoridades parecen estar en otra sintonía, dando la impresión de que Santa Cruz y sus problemas mineros se encuentran en dos realidades paralelas.
Mientras tanto, en la esfera nacional, la realidad no es mucho mejor. La gestión del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sigue siendo criticada por su falta de comunicación con los sectores clave de la minería, como medios y gremios. Después de varios meses de acefalía en la conducción de la cartera minera nacional, apareció la figura de Luis Lucero quien lamentablemente, a seis meses de asumir su cargo, no ha logrado posicionarse de manera firme sobre temas cruciales, como la realidad que afecta a Santa Cruz o el desarrollo del litio en el país. Su silencio en momentos clave, como el Día del Trabajador Minero, ha reforzado la percepción de desconexión con el sector. La reciente salida de Carlos Cuburu de la Secretaría, tras su derrota en las elecciones internas del COFEMIN, solo añade incertidumbre a una gestión marcada por la inestabilidad y la falta de rumbo.
Este panorama de descoordinación entre los distintos niveles de gobierno, sumado a la ausencia de políticas claras de fomento, no solo agrava las perspectivas para Santa Cruz, sino que pone en riesgo el futuro integral de la minería en una provincia, donde el litio y el cobre no son, al menos por ahora, una opción viable. Las promesas de atraer nuevos proveedores y generar empleo parecen quedarse en meras declaraciones, cuando lo que se necesita con urgencia son medidas concretas y un compromiso real para revitalizar la actividad minera, que constituye un importante motor económico de la región.
Tal como hemos venido señalando desde Extremo Minero en diferentes publicaciones desde hace ya muchos meses, el sector minero en Santa Cruz necesita más que palabras: requiere un plan de acción integral, estabilidad fiscal, trabajo conjunto e interrelacionado entre el sector pública y privado y un apoyo institucional firme y políticas públicas que garanticen su sostenibilidad. La falta de dirección y el vacío institucional no solo están poniendo en jaque la minería, sino también el futuro de las generaciones que dependen de ella para su desarrollo.
