El malestar en San Juan, que cobrara relevancia días atrás en distintos medios periodísticos, ocasionado por los despidos en las minas Los Azules y Pachón pone sobre el tapete una situación que de una manera u otra se repite en otras regiones mineras, como Santa Cruz. En ambas provincias, las comunidades, los propios trabajadores y los sindicatos mineros expresan su frustración ante la preferencia de las grandes empresas por contratar servicios de fuera de la zona, en lugar de dar prioridad a la mano de obra local.
En Santa Cruz, al igual que en Calingasta (San Juan), a pesar de las exigencias gubernamentales para cumplir con la ley del 70/30, se ha detectado una tendencia inquietante en la que los trabajadores locales son desplazados en favor de aquellos provenientes de otras regiones o incluso de otros países. Esta situación no solo afecta la estabilidad laboral de la comunidad local, sino que también mina el desarrollo económico y social de la región. Incluso, el titular de la cartera de trabajo en Santa Cruz, Julio Gutiérrez, ha expresado en repetidas ocasiones la intención del gobierno provincial de revisar estos parámetros para establecer un nuevo estándar de 90/10.
Cómo podría resolverse el problema?
Si bien se trata de una problemática compleja que requiere un estudio serio del tema, sería útil considerar algunos puntos importantes que a continuación detallamos con la finalidad de mejorar la empleabilidad local y promover el desarrollo sostenible en las regiones mineras:
Incentivos para la contratación local: Las autoridades provinciales y las empresas mineras deben establecer incentivos fiscales y financieros para fomentar la contratación de trabajadores locales. Esto podría incluir beneficios impositivos o subsidios para las empresas que demuestren un compromiso genuino con la contratación local.
Capacitación y formación: Es necesario invertir en programas de capacitación y formación profesional para la comunidad local, de modo que los trabajadores estén preparados para ocupar puestos en la industria minera. Esto incluye la creación de centros de formación técnica y la colaboración con instituciones educativas para adaptar los programas de estudio a las necesidades del sector minero.
Participación comunitaria: Las empresas mineras deben involucrar activamente a la comunidad local en el proceso de toma de decisiones y en la planificación de sus operaciones. Esto garantizará que las necesidades y preocupaciones de la población local sean tenidas en cuenta, y que se promueva un desarrollo sostenible y equitativo.
Transparencia y rendición de cuentas: Es fundamental que las empresas mineras sean transparentes en sus procesos de contratación y que rindan cuentas ante la comunidad y las autoridades provinciales. Esto incluye la publicación de informes sobre la contratación de mano de obra y el impacto socioeconómico de sus operaciones.
Alianzas estratégicas: Las empresas mineras, el gobierno provincial y las organizaciones comunitarias deben trabajar en conjunto para diseñar e implementar políticas y programas que promuevan la contratación local y el desarrollo económico en las regiones mineras. Esto podría incluir la creación de mesas de diálogo y la firma de acuerdos de colaboración.
En resumen, para lograr una contratación de mano de obra realmente local en las regiones mineras como San Juan y Santa Cruz, es necesario un enfoque integral que combine incentivos, capacitación, participación comunitaria, transparencia y colaboración entre todos los actores involucrados. Solo así se podrá garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en estas importantes zonas mineras.
