Noticias, empresas y protagonistas de la minería argentina   ·   19 de octubre de 2026    ·   19:02 hs
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RIGI y proveedores mineros: qué oportunidades tiene Santa Cruz

RIGI y proveedores mineros: qué oportunidades tiene Santa Cruz

Skyper AMUTMIN
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RIGI ROSARIO

De acuerdo a la información recabada por nuestra redacción, más de 1.800 proveedores se inscribieron para participar de la ronda de negocios prevista para el 29 de octubre en Rosario, donde 41 compañías buscarán vincular sus necesidades de abastecimiento con la oferta nacional. La convocatoria abre nuevas posibilidades comerciales, pero también plantea una pregunta para las provincias mineras: cómo lograr que las grandes inversiones fortalezcan a las empresas que trabajan en sus territorios.

Tal como habíamos adelantado en una nota tiempo atrás, la primera ronda de negocios vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tendrá lugar el próximo 29 de octubre en Rosario y reunirá a proveedores argentinos con representantes de grandes proyectos de minería, industria e infraestructura. La iniciativa del Ministerio de Economía de la Nación apunta a generar contactos comerciales y ampliar la participación de empresas nacionales en las cadenas de abastecimiento de las inversiones comprendidas en el régimen.

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La convocatoria despertó un interés significativo entre las empresas. El 18 de septiembre, cuando se anunció la actividad, el Gobierno nacional informó que participarían 28 compañías. Menos de un mes después, el 14 de octubre, actualizó la información y comunicó que la ronda contaría con representantes de 41 compañías y más de 1.800 proveedores inscriptos. Por su parte, publicaciones del sector difundieron una cifra de 2.545 empresas registradas, un número que no pudimos confirmar en la comunicación oficial más reciente consultada.

La diferencia merece una aclaración, porque dimensionar correctamente la convocatoria también permite entender sus alcances. No es lo mismo contabilizar todas las inscripciones recibidas que conocer cuántas empresas fueron seleccionadas para mantener reuniones con potenciales compradores. La organización prevé cruzar las necesidades de abastecimiento declaradas por las compañías con los bienes y servicios que ofrecen los proveedores, de modo que la inscripción no garantiza una entrevista comercial.

La cantidad de interesados plantea, además, un desafío operativo. Si se tomara como referencia el anuncio inicial de 28 compañías y cada una mantuviera reuniones individuales de 20 minutos durante ocho horas, podrían realizarse hasta 672 entrevistas. Con encuentros de media hora, el máximo teórico sería de 448. Frente a los 2.545 inscriptos mencionados en publicaciones sectoriales, esos números representarían el 26,4% y el 17,6%, respectivamente.

El cálculo es ilustrativo y no describe la agenda definitiva: depende de la cantidad de compradores que efectivamente participen, de los tiempos asignados a cada encuentro y de la organización de la jornada. Con las 41 compañías informadas posteriormente por el Gobierno, la capacidad teórica también sería diferente. Lo que sí queda planteado es la importancia de conocer los criterios de selección, las agendas de reuniones y las alternativas disponibles para las empresas que no consigan un encuentro.

Para las pymes, especialmente aquellas que deben trasladarse desde otras provincias, esa información no es un detalle menor. Aunque la participación en la ronda no tenga costo de inscripción, viajar, alojarse y destinar personal a una jornada comercial implica gastos. Saber de antemano si existe una posibilidad concreta de reunirse con un comprador permite evaluar mejor el esfuerzo que demanda participar.

El abastecimiento nacional y el desafío de las provincias mineras

En Santa Cruz, la discusión sobre las oportunidades para los proveedores no empieza con esta convocatoria. Desde Extremo Minero venimos siguiendo el lugar que ocupa la provincia en la agenda nacional de desarrollo de la cadena de valor minera. En agosto, al abordar la representación de los proveedores santacruceños en los estudios y herramientas de promoción sectorial, planteamos una cuestión que sigue vigente: la minería argentina no se limita a los proyectos de cobre y litio, sino que también tiene una historia productiva consolidada en provincias como Santa Cruz, donde el oro y la plata sostienen operaciones, empleo y una red de empresas contratistas y prestadoras de servicios.

En septiembre informamos sobre la primera ronda de negocios del RIGI y las posibilidades de vinculación para los proveedores nacionales. Ahora, con una participación anunciada más amplia, corresponde profundizar el análisis y observar qué lugar tendrán las empresas de las provincias productoras en esta nueva instancia.

Para hacerlo, es necesario distinguir dos conceptos que suelen aparecer asociados, pero que no significan lo mismo: el abastecimiento nacional y el desarrollo de proveedores locales en cada territorio.

El RIGI establece, en el artículo 176, inciso l, de la Ley 27.742, un compromiso mínimo del 20% para la contratación de proveedores locales de bienes y obras, calculado sobre el monto total destinado al pago de proveedores del proyecto, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado en materia de precio y calidad. La reglamentación precisa los requisitos para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales a los efectos del régimen.

Esa definición responde a criterios nacionales y no implica, por sí misma, que el proveedor deba estar radicado en la provincia donde se desarrolla la inversión. Por lo tanto, una empresa de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires puede cumplir los requisitos establecidos y abastecer a un proyecto minero ubicado en Santa Cruz.

Esto no significa que la participación de empresas de otras jurisdicciones sea negativa. La industria metalmecánica, la fabricación de equipos, los servicios tecnológicos y otras especialidades industriales pueden aportar capacidades que complementen la oferta disponible en las provincias mineras. Integrar esas capacidades puede mejorar la competitividad de los proyectos y ampliar las oportunidades comerciales para el conjunto de la industria argentina.

La cuestión es cómo lograr que esa integración también impulse a las empresas que se encuentran cerca de los yacimientos. Una compra realizada a un proveedor nacional puede contribuir al cumplimiento del compromiso de abastecimiento previsto por el RIGI, pero no necesariamente fortalece en igual medida el entramado productivo de la provincia donde se desarrolla el proyecto.

Santa Cruz cuenta, además, con un marco normativo específico para la contratación de trabajadores, que incluye disposiciones sobre residencia provincial y local. Sin embargo, las obligaciones vinculadas con la mano de obra no deben confundirse con una garantía equivalente de compras a proveedores radicados en cada localidad. Son dimensiones diferentes y necesitan mecanismos de seguimiento propios.

Por eso, para evaluar el impacto de las grandes inversiones no alcanza con conocer el volumen de compras nacionales. También es necesario determinar cuántas empresas santacruceñas acceden a oportunidades comerciales, qué bienes y servicios pueden ofrecer, qué requisitos deben cumplir y qué posibilidades tienen de sostener contratos a lo largo del tiempo.

La ronda de Rosario representa una oportunidad para acercar a las empresas proveedoras con quienes toman decisiones de compra en grandes proyectos de inversión. Sin embargo, su resultado no debería medirse únicamente por la cantidad de inscriptos, las acreditaciones o las reuniones realizadas durante la jornada.

El verdadero alcance comercial se conocerá cuando pueda establecerse cuántos contactos derivaron en solicitudes de cotización, cuántos proveedores ingresaron en procesos de evaluación y cuántas oportunidades se transformaron finalmente en contratos. También será importante conocer si las vinculaciones generadas se mantienen después del encuentro y si permiten ampliar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de abastecimiento.

Para Santa Cruz, disponer de esa información permitiría evaluar con mayor precisión si las herramientas nacionales de promoción comercial están llegando a las empresas que ya trabajan en la actividad minera y qué obstáculos enfrentan para acceder a nuevos mercados. El Gobierno nacional cuenta con un tablero público de proveedores vinculados con proyectos RIGI aprobados que, con datos al 30 de junio de 2026, registraba 1.223 empresas distribuidas en 19 provincias. La información territorial constituye un punto de partida para analizar la participación provincial, aunque no permite por sí sola establecer cuántos contratos obtuvo cada empresa ni qué volumen de actividad generó.

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La ronda también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las empresas proveedoras conozcan con anticipación los requerimientos técnicos, comerciales y financieros de los compradores. Para competir por una contratación no basta con estar inscripto en una base de datos: cada compañía debe demostrar que puede responder a las especificaciones, los plazos, los estándares de calidad y las condiciones operativas que exige el proyecto.

En ese proceso, las organizaciones empresariales, las cámaras sectoriales y los organismos públicos pueden cumplir un papel relevante al facilitar información, identificar brechas de capacidad y acompañar a las pymes que necesitan mejorar sus condiciones para competir. El objetivo no es asegurar contratos sin considerar los requisitos de cada compra, sino generar condiciones para que las empresas locales puedan presentarse y competir con posibilidades reales.

La convocatoria del 29 de octubre abre una nueva instancia de vinculación comercial entre grandes inversiones y proveedores argentinos. Para Santa Cruz, el desafío será conocer qué empresas de la provincia logran participar, qué oportunidades consiguen desarrollar y si esos contactos se traducen en actividad económica concreta.

Porque el desarrollo de proveedores no se mide solamente por la cantidad de empresas interesadas en venderle a la minería. También se mide por su capacidad de acceder a nuevos compradores, sostener contratos, invertir, incorporar tecnología y generar empleo. Esa es la información que permitirá determinar si las oportunidades que abre el RIGI se convierten, efectivamente, en una herramienta de desarrollo para las provincias mineras.

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