La reciente acción de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Energético, Minero y Ambiental (CAPPEMA), que a comienzos del mes bloqueó el acceso al yacimiento Cerro Vanguardia, pone nuevamente sobre el tapete, interrogantes serios sobre las metodologías de protesta en los sectores productivos de Santa Cruz. Más allá de la posible legitimidad de los reclamos, la naturaleza coercitiva de este tipo de medidas merece una reflexión profunda, especialmente en un contexto donde la provincia debería buscar erradicar este tipo de acciones.
Bloqueo y presión: una táctica peligrosa
El corte encabezado por CAPPEMA, que paralizó temporalmente la operación en Cerro Vanguardia, refleja un método de presión que, si bien efectivo para atraer la atención, pone en jaque el funcionamiento de la minería en la región. No se trata solo de una protesta; el bloqueo de rutas y accesos a un yacimiento es una acción que roza la coerción, un tipo de medida que podría fácilmente escalar en intensidad y consecuencias.
Esta metodología, para forzar negociaciones plantea un precedente preocupante. En este caso, la intervención del gobierno provincial, encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, permitió la apertura de una mesa de trabajo. Sin embargo, ¿a qué costo? La utilización de tácticas extorsivas para conseguir que una empresa ceda a demandas puede abrir la puerta a futuros conflictos donde el diálogo quede relegado y la fuerza sea la primera opción, sentando así un precedente negativo y complejo, que otros sectores o actores del ámbito productivo pudieran imitar a futuro.
El rol estatal
Lo que inquieta aún más es el papel del gobierno en esta situación. Si bien la intervención estatal en la resolución del conflicto puede parecer positiva a primera vista, es esencial cuestionar si esta acción no legitima, indirectamente, el uso de la presión y el bloqueo como herramientas válidas en las negociaciones. La relación entre CAPPEMA y las autoridades provinciales parece indicar una connivencia que podría estar orientada más hacia la obtención de beneficios políticos y económicos que hacia el establecimiento de prácticas justas y sostenibles en la industria.
El silencio de la ley y la necesidad de regulación
Resulta preocupante que este tipo de bloqueos no solo persistan, sino que se realicen sin mayores consecuencias legales. La falta de un marco regulatorio claro que impida este tipo de acciones pone en riesgo no solo la operatividad de las minas, sino también la imagen de Santa Cruz como una provincia donde prevalecen el diálogo y las reglas claras. El reclamo de CAPPEMA sobre la falta de oportunidades para las PYMES locales puede ser legítimo, pero las acciones coercitivas utilizadas para visibilizar esta problemática son cuestionables. Si bien la búsqueda de una mayor inclusión de empresas santacruceñas en la industria minera es un objetivo válido y necesario, el camino elegido por la Cámara amenaza con minar la confianza y la estabilidad necesarias para un desarrollo sostenible del sector.
La situación en Cerro Vanguardia deja al descubierto una realidad incómoda: la protesta, cuando se convierte en coerción, cruza una línea que no se debería permitir. Es imperativo que Santa Cruz fortalezca sus instituciones y establezca límites claros para evitar que el bloqueo y la extorsión se conviertan en herramientas válidas de negociación. La legitimidad de un reclamo no puede justificar la adopción de métodos que ponen en peligro la paz social y el desarrollo económico de la región.
