En la provincia de Santa Cruz, la industria minera ha enfrentado y aún enfrenta desafíos significativos en la implementación de la Ley 70/30, una normativa diseñada para fomentar la contratación de trabajadores locales.
Expectativa
La Ley N° 3141, diseñada principalmente para accionar en la industria minera, petrolera y pesquera, fue modificada en julio del 2019 por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, atravesando, desde la sanción inicial hasta la posterior promulgación y vetos parciales por parte del Poder Ejecutivo, varias etapas. Sin embargo, tras un proceso legislativo que incluyó la aceptación de textos alternativos propuestos, la normativa final fue aprobada y promulgada.
Uno de los cambios más destacados se encuentra en su artículo N° 3, el cual especifica los años de residencia requeridos para la contratación local, que previamente establecía dos años, fue posteriormente aumentado a tres años de residencia efectiva en la provincia, con el correspondiente domicilio inscrito en el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Otro de los cambios significativos en la actualización de la normativa fue la destinación del dinero proveniente de las multas recaudadas, que sería canalizado hacia el Fondo para la Capacitación y Reconversión Productiva de Trabajadores Santacruceños, con el fin de implementar programas de capacitación que impulsen el desarrollo laboral en la región.
Además, las sanciones por incumplimiento también han sido revisadas y fortalecidas. El Artículo 7 de la Ley, que antes establecía compensaciones económicas, ahora prevé la aplicación de sanciones y procedimientos según lo dispuesto en el Pacto Federal del Trabajo. Las multas resultantes se destinarán al mencionado Fondo para la Capacitación y Reconversión Productiva de Trabajadores Santacruceños.
Realidad
Con todos sus cambios y aspiraciones, la Ley del 70/30 ha presentado históricamente obstáculos considerables en su aplicación, lo que ha generado un intenso debate sobre la empleabilidad local y el impacto económico y social de las distintas actividades económicas en la región. A pesar de los esfuerzos por preservar las fuentes de ingresos santacruceñas la realidad es que muchos trabajadores son foráneos, provenientes de otras provincias argentinas e incluso de países vecinos como Chile y Bolivia. Esta situación ha generado dudas sobre el verdadero impacto económico y social de la actividad minera en la región, ya que gran parte de los recursos generados se dirigen fuera de la provincia, dejando pocos beneficios tangibles para la comunidad local.
Hecha la ley…
El incumplimiento de la normativa y la falta de control estatal han sido temas recurrentes en el panorama minero de Santa Cruz. Es sabido que los trabajadores a menudo realizan cambios de residencia en sus documentos para cumplir con los requisitos de la ley, pero sin una real vinculación con la provincia. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de las regulaciones destinadas a proteger los empleos locales y ha puesto en tela de juicio la equidad en el mercado laboral.
Futuro… ¿Incierto?
En respuesta a esta situación, el gobierno provincial, actualmente conducido por el gobernador Claudio Vidal, ha propuesto modificar la ley 70/30, aumentando el porcentaje de empleo local a un ambicioso 90/10. Esta propuesta busca promover la inclusión laboral local y potenciar el desarrollo económico de la provincia. Sin embargo, enfrenta desafíos logísticos y económicos para las empresas del sector, como la escasez de recursos humanos locales y la necesidad de garantizar su competitividad.
Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha enfatizado la importancia del cumplimiento de esta tarea, señalando que «el 90% de los trabajadores de la Provincia deberán ser santacruceños, o deberán vivir en la provincia». Esta declaración refleja el compromiso del gobierno provincial con la protección de los empleos locales y el desarrollo sostenible de la industria minera en Santa Cruz.
En medio de este debate, es fundamental que las autoridades correspondientes supervisen de cerca el cumplimiento de estas regulaciones y tomen medidas efectivas contra las empresas que no las respeten. Además, se deben establecer mecanismos transparentes y accesibles para que los trabajadores puedan denunciar cualquier violación de sus derechos laborales.
El futuro de la industria minera en Santa Cruz y su impacto en la comunidad local dependen en gran medida de la capacidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los empleos locales y la viabilidad económica de las empresas. Es necesario un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
