En un contexto de creciente tensión en Santa Cruz, la Legislatura provincial optó por enviar a comisión el decreto que modifica el régimen laboral para los trabajadores mineros y petroleros, evitando así un tratamiento directo en la sesión. La medida, impulsada por el gobierno santacruceño, propone una significativa reducción en los días de trabajo consecutivos, pasando de un esquema de 14×14 a uno de 7×7, hecho que generó controversia y una fuerte oposición por parte de los trabajadores, sindicatos y empresas, quienes rechazan la iniciativa por considerarla inconsulta y perjudicial para su sector.
El trasfondo de este conflicto refleja una lucha por la participación activa de los actores sociales en las decisiones que afectan sus condiciones laborales. De acuerdo a información recabada por la redacción de Extremo Minero, para los trabajadores nucleados en AOMA, la modificación no solo implica un cambio en su rutina laboral, sino también en la organización familiar y personal. “Es una decisión que no puede tomarse de manera unilateral”, aseguraron desde el sindicato, al tiempo que calificaron el decreto como «arbitrario» y «contrario a las necesidades de los trabajadores».
Por otro lado, desde el oficialismo argumentan que la medida busca modernizar el régimen laboral en beneficio de la productividad y la seguridad de los trabajadores, aunque reconocen la necesidad de un debate profundo antes de implementarlo. El gobernador Vidal, en declaraciones previas, defendió la resolución al señalar que un esquema más reducido de días trabajados puede mejorar el bienestar general de los mineros, garantizando un equilibrio más saludable entre trabajo y descanso.
El debate no ha estado exento de tensiones políticas. Diputados opositores, como Carlos Godoy y Elba Ponce de Unión por la Patria, manifestaron su desacuerdo con la decisión de postergar el tratamiento y pidieron la derogación del decreto. Según estos legisladores, la invisibilización de los trabajadores en decisiones que afectan su vida diaria es «inaceptable» y piden que cualquier cambio se construya en consenso con los actores involucrados.
Sin embargo, el envío del decreto a las comisiones de la Legislatura busca crear un espacio de diálogo más amplio, donde se pueda profundizar en las implicancias de la medida. Para algunos analistas, este movimiento podría ser una oportunidad para que el gobierno, los sindicatos y los representantes políticos encuentren un punto medio que beneficie tanto a los trabajadores como a la economía provincial.
En el corto plazo, las comisiones legislativas se enfrentarán al reto de conciliar intereses, garantizando que las decisiones que afecten al sector minero y petrolero no solo consideren la productividad y las metas económicas, sino también el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Mientras tanto, la provincia de Santa Cruz sigue expectante, con un sector laboral clave que pide ser escuchado y una Legislatura que deberá buscar soluciones equilibradas.
