En la tarde de ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Santa Cruz dio un paso significativo al otorgar despacho favorable al proyecto de Ley N° 289/24. Esta iniciativa, impulsada por el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz), busca adherir a la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido a nivel nacional a través de la Ley Bases.
El RIGI, una política del gobierno de Javier Milei, ya fue aprobada en el Congreso Nacional y ahora cada provincia debe decidir si se adhiere o no a este régimen. Según Boffi, la adhesión de Santa Cruz al RIGI representa una oportunidad estratégica para atraer grandes inversiones, aprovechando los vastos recursos naturales y el potencial industrial de la provincia. El proyecto destaca los beneficios fiscales y económicos que acompañarían esta adhesión, apuntando a potenciar el desarrollo regional, la creación de empleo y la modernización de la infraestructura industrial.
El despacho favorable en la comisión es solo el primer paso, ya que el proyecto deberá ser tratado en sesiones futuras en la Cámara de Diputados. A pesar del avance, el RIGI ha enfrentado críticas por parte de organizaciones sindicales y sectores de izquierda en Santa Cruz. Durante la jornada de ayer, estos grupos se hicieron presentes en la Cámara para expresar su rechazo, argumentando que el régimen podría beneficiar principalmente a grandes corporaciones en detrimento de los intereses locales y pymes, y que aún existe incertidumbre sobre su implementación efectiva en la provincia.
El diputado Boffi, en sus fundamentos, destacó que el RIGI «incentivará a las empresas, nacionales e internacionales, a invertir en la provincia, fomentando la modernización y expansión de la infraestructura industrial». Sin embargo, voces críticas como la del referente del MST en Santa Cruz, Alejandro Schweitzer, señalaron que la falta de una reglamentación clara del RIGI genera incertidumbre, y advirtieron sobre los posibles impactos negativos en la economía regional y las pymes locales.
El RIGI, tal como fue aprobado a nivel nacional, ofrece una serie de ventajas fiscales y aduaneras para las empresas que realicen inversiones superiores a los U$S 200 millones, incluyendo una significativa reducción del impuesto a las ganancias y la eliminación de retenciones para exportaciones. Mientras tanto, la oposición al régimen continúa creciendo en varias provincias del país, donde organizaciones de izquierda han realizado manifestaciones en contra de lo que consideran un régimen que favorece a las grandes corporaciones por encima de los intereses locales.
Con el avance en la comisión, Santa Cruz se acerca un paso más hacia la posible adhesión al RIGI, un proceso que continuará en debate en las próximas semanas mientras se espera una reglamentación más detallada a nivel nacional.
