Tensión extrema: la reforma de la Ley de Glaciares volvió a sacudir el escenario político nacional y tuvo a Santa Cruz como uno de los focos centrales. Tras más de cuatro horas de debate, el Senado otorgó media sanción a la modificación de la Ley 26.639 por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados.
El eje de la discusión estuvo en la redefinición del ambiente periglacial y en los alcances del Inventario Nacional de Glaciares. El dictamen incorporó cambios de último momento que generaron fuertes cuestionamientos en el recinto, especialmente por la nueva diferenciación entre áreas periglaciares y geoformas periglaciales, y por la decisión de que su incorporación al inventario quede sujeta al reconocimiento como reserva estratégica por parte de la autoridad ambiental de cada provincia.
Desde sectores que acompañaron la iniciativa señalaron que el objetivo es “precisar técnicamente qué debe considerarse ambiente periglacial” y otorgar mayor claridad normativa. En cambio, voces críticas advirtieron que la nueva redacción podría reducir la superficie efectivamente protegida y abrir márgenes de interpretación.
Uno de los puntos que se mantiene es el carácter obligatorio del Inventario Nacional de Glaciares, con la participación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en coordinación con las provincias. Además, el texto consolida el principio precautorio: todos los cuerpos incluidos en el inventario permanecerán protegidos hasta que estudios técnico-científicos determinen si cumplen funciones hídricas estratégicas.
El voto santacruceño y las críticas al texto
La votación dejó expuesta la división interna en distintos bloques y, particularmente, la posición de los representantes de provincias con actividad minera.
La senadora Alicia Kirchner adelantó su voto negativo y cuestionó el procedimiento legislativo. Habló de “retroceso institucional”, pidió que el proyecto volviera a comisión y defendió que el presupuesto mínimo ambiental debe ser fijado por el Estado nacional. En su intervención remarcó que el agua es un recurso estratégico en el contexto del cambio climático y sostuvo que su postura no implica un rechazo a la minería, sino la necesidad de reglas claras y control ambiental efectivo.
En la misma línea, el senador José María Carambia confirmó el rechazo del bloque Por Santa Cruz. Consideró que la nueva redacción es ambigua, que habilita “libre interpretación” y que podría abrir la puerta a decisiones discrecionales en zonas sensibles. Cuestionó especialmente la falta de diferenciación clara entre glaciar y zona periglaciar, y vinculó el debate con la realidad productiva de la provincia, señalando la necesidad de mayor cumplimiento en materia de empleo local y responsabilidad social empresaria.
Movilización en El Chaltén
La convocatoria reunió a asambleas, artistas y referentes comunitarios que expresaron preocupación por el impacto ambiental de la modificación. El mensaje fue claro: la defensa del agua como bien estratégico frente a cualquier posible flexibilización normativa.
Media sanción y nuevo escenario en Diputados
La aprobación en general contó con el respaldo del oficialismo y aliados, incluidos legisladores de provincias mineras. Durante la jornada también se registraron protestas en las inmediaciones del Congreso, lo que reflejó la sensibilidad social que genera la norma.
Tras la media sanción, organizaciones ambientalistas calificaron la iniciativa como regresiva y pidieron a Diputados que rechace el proyecto. Desde el otro sector, se insiste en que la reforma no elimina la protección de glaciares, mantiene su carácter de bienes públicos y refuerza la necesidad de estudios técnicos.
El debate que se abre ahora en la Cámara baja volverá a poner en tensión dos ejes estructurales: la protección de reservas hídricas estratégicas y el desarrollo productivo en provincias donde la minería representa una actividad central en términos de empleo, inversión y recaudación.
En Santa Cruz, donde la minería metalífera tiene casi tres décadas de desarrollo y donde el agua es un recurso clave en un contexto de cambio climático, el resultado final de la ley tendrá impacto directo en el marco regulatorio futuro y en la planificación de nuevos proyectos.
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