Durante décadas, Chubut sostuvo una posición firme frente a la minería metalífera a cielo abierto. La sanción en 2003 de la Ley XVII N° 68 (ex 5001) prohibió la actividad y el uso de cianuro en todo el territorio provincial, consolidando una identidad política y social que se reafirmó en diciembre de 2021 con el denominado “Chubutazo”, cuando una ley de zonificación minera fue aprobada y derogada en cuestión de días ante protestas masivas.
Sin embargo, el escenario energético y fiscal de 2024-2026 muestra una provincia bajo presión estructural. La producción convencional de hidrocarburos en la Cuenca del Golfo San Jorge mantiene una tendencia descendente natural, mientras el epicentro de inversiones nacionales y extranjeras se concentra en Neuquén y su desarrollo no convencional.
La consecuencia es concreta: menor dinamismo en actividad petrolera tradicional, tensión en el empleo regional y caída progresiva de regalías reales en términos comparativos. En ese marco, la discusión minera reaparece, ya no desde una lógica exclusivamente ideológica, sino vinculada a la sustentabilidad fiscal y productiva de la provincia.
El Proyecto Navidad y el peso de la meseta
El caso emblemático es el Proyecto Navidad, uno de los mayores depósitos de plata sin desarrollar del mundo, ubicado en la meseta central, principalmente en los departamentos de Gastre y Telsen. El proyecto pertenece a Pan American Silver y fue el eje central de la ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2021 durante la gestión de Mariano Arcioni.
Aquella norma habilitaba la actividad en una zona delimitada de la meseta, pero fue derogada días después tras una crisis institucional y movilizaciones sociales masivas. Desde entonces, el proyecto permanece técnicamente viable, pero jurídicamente bloqueado por la vigencia de la Ley XVII N° 68.
En paralelo, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei ha manifestado interés en el desarrollo de proyectos de oro (Suyai), plata (Navidad) y uranio (Laguna Salada) en la provincia, en el marco de una política pro-inversiones y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al cual Chubut adhirió en 2024, exceptuando explícitamente las actividades prohibidas por su legislación vigente.
La referencia política actual
El actual gobernador Ignacio Torres ha mostrado apertura al debate sobre minería de uranio y reclamó a la Comisión Nacional de Energía Atómica la transferencia de titularidad de yacimientos a la provincia. En febrero de 2025, mediante Decreto 326, creó la Dirección de Concesiones Mineras dentro de la estructura provincial, lo que evidencia una reorganización administrativa del sector.
En el plano municipal, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, planteó públicamente la necesidad de “discutir seriamente la minería en la meseta”, proponiendo estándares de control más estrictos y señalando la experiencia hidrocarburífera de la ciudad como antecedente técnico y operativo.
En el ámbito legislativo, distintos diputados votaron en 2021 la ley de zonificación que luego fue derogada. Entre ellos, referentes de distintos bloques políticos, lo que demuestra que el debate no se circunscribe a un único espacio partidario. Asimismo, en 2024 la Legislatura aprobó la adhesión al RIGI con respaldo mayoritario del bloque oficialista.
En el plano gremial y empresarial, dirigentes como Jorge Taboada (Camioneros), Jorge Ávila (Petroleros), Carlos Lorenzo (Federación Empresaria del Chubut) y Gerardo Caldera (CAPEM) han expresado públicamente la necesidad de abrir la discusión minera ante la caída del dinamismo petrolero convencional.
El dilema
La realidad es objetiva: Chubut enfrenta una matriz productiva altamente dependiente del petróleo convencional en declino, con menor competitividad frente a Vaca Muerta y restricciones fiscales persistentes. Al mismo tiempo, mantiene vigente una normativa que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo su territorio.
Modificar esa ley implicaría un debate político profundo y un desafío social de gran escala. Mantenerla sin discutir alternativas también tiene costos económicos concretos en términos de regalías potenciales, empleo en la meseta y diversificación productiva.
La encrucijada es clara: sostener la histórica postura restrictiva o redefinir el rumbo productivo bajo nuevos estándares ambientales y de control. Lo que resulta indiscutible es que el debate ya volvió a instalarse en la agenda pública, en un contexto donde la competencia energética regional y la presión fiscal no admiten soluciones simples.
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