La reforma de la ley de glaciares en Argentina avanzó un paso decisivo con la aprobación en el Senado de un proyecto que otorga nuevas facultades a las provincias para definir los criterios de protección de zonas periglaciares y habilitar actividades económicas en áreas que hoy permanecen vedadas. Según informó Minería Sustentable, la iniciativa fue aprobada por 40 votos contra 31 en la Cámara Alta, impulsada por gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, provincias con alta vocación minera y proyectos en cartera bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que estableció los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. La norma vigente prohíbe de manera automática cualquier actividad extractiva en zonas periglaciares, lo que ha sido cuestionado por las provincias productoras como un obstáculo estructural para el desarrollo de inversiones mineras de envergadura.
El cambio central que propone la reforma es la eliminación de esa prohibición automática. En su lugar, se habilitaría el desarrollo de actividades económicas en áreas periglaciares siempre que cuenten con aprobación mediante evaluación de impacto ambiental (EIA). De este modo, la protección ya no dependería de una restricción general sino de estudios técnicos que demuestren si el área cumple una función hídrica relevante. Este debate se enmarca en el proceso más amplio de modernización regulatoria que atraviesa el sector, donde iniciativas como la validación EITI 2025 con 80 puntos reflejan la necesidad de Argentina de fortalecer sus estándares de gobernanza para atraer capital internacional de largo plazo.
Descentralización y autonomía provincial
Otro de los ejes del proyecto es la transferencia de facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central. Esta descentralización es vista por los gobernadores impulsores como un reconocimiento de la arquitectura federal del país y como condición necesaria para avanzar en la cartera de proyectos mineros que hoy aguarda resolución. Los mandatarios firmantes —Jalil (Catamarca), Orrego (San Juan), Sáenz (Salta) y Cornejo (Mendoza)— representan jurisdicciones que concentran la mayor parte de los proyectos mineros de escala en etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Los críticos de la iniciativa advierten que el inventario nacional de glaciares está desactualizado y que la habilitación de actividades en zonas periglaciares podría comprometer reservas hídricas estratégicas para comunidades y sistemas productivos de las cuencas andinas. El debate ha movilizado a decenas de miles de ciudadanos: más de 65.000 personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas en Diputados.
El RIGI como motor estratégico de las reformas
La urgencia de la modificación está directamente ligada al RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones incluido en la Ley Bases de 2024. Numerosos proyectos en litio, cobre y oro están en etapas avanzadas de evaluación y requieren certezas jurídicas sobre el régimen ambiental. Las restricciones de la ley vigente representan, para los inversores institucionales, un riesgo legal que demora la toma de decisiones de asignación de capital. Salta, una de las provincias más activas en la atracción de inversiones mineras estratégicas, observa con especial atención el avance legislativo, dado que varios de sus proyectos en litio y minerales críticos requieren claridad normativa para avanzar hacia las etapas de construcción.
El debate sobre la reforma de la ley de glaciares expresa con claridad la tensión entre desarrollo productivo y protección ambiental que atraviesa la política minera argentina. La resolución que adopte el Congreso definirá el mapa de posibilidades para una generación de proyectos que podría transformar la estructura exportadora del país en la próxima década.
Fuente: Minería Sustentable
