El secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, fue contundente. Confirmó multas, sumarios y nuevas exigencias a la operadora Newmont tras las inspecciones realizadas en Cerro Negro y aseguró que recibió instrucciones directas del gobernador Claudio Vidal para no cesar en los controles sobre la seguridad laboral en toda la actividad minera.
La definición fue clara. Lo que no parece tan claro es otra cuestión que comienza a generar interrogantes dentro del sector.
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Si los controles alcanzan a toda la minería santacruceña, ¿por qué cada vez que se conocen inspecciones, sanciones o irregularidades el foco termina puesto sobre la misma empresa?
Durante las últimas semanas, Newmont volvió a ocupar el centro de la escena. Primero fue la inspección integral realizada entre el 21 y el 28 de mayo en Cerro Negro. Luego llegaron las observaciones, los sumarios, las multas y una nueva reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para exigir explicaciones sobre las medidas correctivas que deberá implementar la compañía.
Según confirmó el propio Aravena, las actuaciones derivaron en siete multas de importancia vinculadas a cuestiones de seguridad e higiene laboral. Además, el funcionario adelantó que se firmarán decenas de sanciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 90/10, normativa que establece prioridades para la contratación de mano de obra santacruceña.
Todo esto ocurre mientras el propio Gobierno provincial sostiene que existe una política de fiscalización permanente sobre toda la industria minera.
Y los antecedentes parecen darle la razón.
A comienzos de mayo, la Secretaría de Estado de Minería informó oficialmente una inspección integral en Cerro Moro, donde equipos técnicos recorrieron labores subterráneas, rajos abiertos, planta de procesamiento, campamento y dique de colas para verificar condiciones operativas y estándares de seguridad.
Del mismo modo, durante el último año las autoridades provinciales difundieron controles realizados en distintas operaciones de Santa Cruz, entre ellas Cerro Vanguardia, San José, Don Nicolás, Cerro Moro y otros proyectos en diferentes etapas de desarrollo.
Es decir, los controles existen y no se limitan a una sola empresa.
Sin embargo, la pregunta sigue vigente.
Si las inspecciones alcanzan a varias minas, ¿por qué la mayor parte de las sanciones, los sumarios administrativos, las reuniones de seguimiento y los comunicados oficiales con mayor repercusión pública terminan vinculados a Newmont?
Existen varias explicaciones posibles.
La primera es que Cerro Negro efectivamente concentre una mayor cantidad de observaciones o incumplimientos que otras operaciones, situación que justificaría una intervención más intensa por parte de los organismos de control.
La segunda es que las fiscalizaciones sean similares en toda la industria, pero que sólo algunos procedimientos trasciendan públicamente.
Y existe una tercera alternativa: que la principal productora de oro de la provincia, por su dimensión, cantidad de trabajadores e importancia económica, quede naturalmente más expuesta al escrutinio estatal, sindical y mediático que el resto de las operadoras.
Por ahora no existen datos públicos que permitan determinar cuál de estas hipótesis es la correcta.
Lo que sí resulta evidente es que desde el inicio de la actual gestión provincial, Newmont aparece reiteradamente asociada a inspecciones, observaciones, controles ambientales, controles laborales, sumarios y exigencias vinculadas tanto a seguridad e higiene como al cumplimiento de la Ley 90/10.
La cuestión no pasa por cuestionar las inspecciones. De hecho, si existen irregularidades, corresponde que el Estado actúe y exija soluciones.
La verdadera discusión parece ser otra.
Si la decisión política es controlar a toda la industria con la misma firmeza, quizás haya llegado el momento de que también se conozcan con el mismo nivel de detalle los resultados de las fiscalizaciones realizadas sobre todas las operaciones mineras de Santa Cruz.
¿Cuántas multas recibió cada minera de Santa Cruz?
Más allá de las inspecciones realizadas en distintas operaciones mineras durante los últimos meses, la discusión parece desplazarse hacia otro terreno: el de la transparencia y el acceso a la información pública.
Si los controles alcanzan a toda la industria, una pregunta comienza a cobrar cada vez más fuerza dentro del sector: ¿cuántas multas, actas de infracción y sumarios administrativos se iniciaron contra cada operadora minera durante los últimos 18 meses?
La respuesta permitiría saber si Newmont concentra efectivamente la mayor cantidad de incumplimientos detectados por el Estado o si, por el contrario, existe una diferencia entre la intensidad de los controles y la visibilidad pública que adquieren sus resultados.
Hasta que esos datos sean difundidos, el interrogante seguirá abierto.
Hay controles en varias minas de Santa Cruz. Sin embargo, cuando se habla de sanciones, infracciones, sumarios y exigencias oficiales, el nombre que aparece una y otra vez es el mismo.
Y esa es una pregunta que todavía espera respuesta.
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