La seguridad laboral minera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de Santa Cruz a partir del reclamo de Gisela Ochoa, hermana de Daniel Ochoa, uno de los trabajadores que falleció, junto a Rosana Ledesma en el yacimiento Cerro Negro, en abril de 2024.
En una entrevista con el medio TVeo de Río Gallegos, Ochoa planteó la necesidad de avanzar con la aplicación de la Ley Provincial N° 3926, sancionada en abril de 2025, que estableció el Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera y dispuso la realización de campañas de prevención en los yacimientos de la provincia.
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La iniciativa legislativa surgió a partir de una propuesta que, según relató Ochoa, le realizó un compañero de su hermano en Cerro Negro antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia.
“En 2025, antes de que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Dani y de Rosana, un compañero de Daniel de Cerro Negro me tira la idea de esto, de hacer este día un día de conmemoración”, recordó.
A partir de esa propuesta comenzó un trabajo que derivó en el tratamiento legislativo de la iniciativa. El proyecto fue impulsado por el diputado Santiago Aberastain y aprobado por unanimidad por la Legislatura provincial el 10 de abril de 2025.
“Fue durísimo trabajarlo y también fue muy emotiva la sesión donde se aprueba”, contó Ochoa, quien recordó además la participación de su madre durante aquella jornada.
La norma fue posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo provincial el 7 de mayo de 2025.
La Ley N° 3926 establece el 9 de abril como Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera, en memoria de los trabajadores fallecidos, y dispone que durante la segunda semana de abril de cada año se realicen campañas de visibilización de riesgos y sistemas de seguridad en todos los yacimientos mineros de Santa Cruz.
La normativa prevé que esas acciones deben ser llevadas adelante por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, en conjunto con las empresas mineras que operan en territorio santacruceño. De acuerdo con el testimonio de Ochoa, durante 2026 esas actividades no se realizaron.
“En el 2026 no se hizo y ahora estamos como intentando de que se reglamente esto y que el año que viene se pueda empezar a hacer”, señaló.
El planteo, por lo tanto, apunta ahora a que la normativa vigente pueda traducirse en acciones concretas dentro de las operaciones mineras.
Capacitación y participación de los trabajadores
Para Ochoa, las campañas previstas por la ley deberían ser espacios de capacitación, pero también de intercambio con quienes desarrollan diariamente sus tareas en los yacimientos.
“Esta campaña de visibilización es una charla que se puede dar en los yacimientos mineros”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que podrían participar profesionales de distintas especialidades relacionadas con la seguridad minera.
“Con un licenciado de Seguridad e Higiene, un ingeniero en ventilación, que poco se habla de eso, pero finalmente fue lo que terminó matando a mi hermano”, explicó.
También mencionó la posibilidad de incorporar integrantes de equipos de rescate minero e ingenieros vinculados con la actividad.
“Quizás alguien del equipo de rescate minero también, algún ingeniero en minas o algo que se pueda contratar para llevar esa segunda semana a dar una charla”, planteó.
Pero el objetivo, según remarcó, no debería limitarse a que los trabajadores reciban información.
“También le debería dar lugar a los trabajadores”, afirmó.
Para Ochoa, la participación de quienes trabajan en los yacimientos es una parte fundamental de la propuesta, porque permitiría generar espacios donde puedan plantearse situaciones que muchas veces no llegan a ser expuestas.
“La idea es también que los trabajadores hablen lo que no podían hablar o lo que no pudieron hablar”, expresó.
En esa línea, planteó que los trabajadores deberían sentirse respaldados cuando advierten que una determinada tarea puede representar un riesgo.
“Que tengan quizás hasta por ahí el, sientan que están protegidos cuando, por ejemplo, se tienen que negar a realizar un trabajo de alto riesgo, sin temor a que después los echen”, sostuvo.
La cuestión de la participación de los trabajadores constituye uno de los aspectos más sensibles del planteo, ya que coloca en discusión la importancia de contar con canales efectivos para comunicar riesgos y detener tareas cuando las condiciones de seguridad no resultan adecuadas.
El reclamo por controles efectivos
Durante la entrevista con TVeo, Ochoa también se refirió a los controles laborales y expresó una crítica respecto de la manera en que, según su percepción, se desarrollan algunas inspecciones.
“Siempre dicen que cuando va el Ministerio de Trabajo a hacer una inspección, siempre lo llevan a un lugar, al lugar más lindo, digamos, del yacimiento, a hacer la inspección”, afirmó.
Y agregó: “Los otros, que son los que trabajan realmente, los que conocen los trabajadores, pasan desapercibidos. No los ven”.
Se trata de una apreciación expresada por Ochoa en el marco de la entrevista y no de una conclusión oficial sobre el funcionamiento de las inspecciones laborales en los yacimientos de Santa Cruz.
Sin embargo, el planteo introduce otro aspecto del debate: la necesidad de que las políticas de prevención y fiscalización puedan alcanzar de manera efectiva los distintos sectores de una operación y contemplen la experiencia de quienes conocen cotidianamente las tareas y sus riesgos.
La Ley N° 3926 establece precisamente una participación directa del Estado provincial en las campañas de concientización, a través del Ministerio de Trabajo, en conjunto con las empresas mineras.
De una tragedia a una política de prevención
La iniciativa que comenzó como una propuesta surgida entre trabajadores de Cerro Negro terminó convirtiéndose en una ley provincial. Ahora, el desafío planteado por Ochoa es que esa norma se transforme en una herramienta concreta para toda la actividad minera santacruceña.
La legislación no se limita a establecer una fecha de conmemoración. También dispone la realización anual de campañas de visibilización de riesgos y sistemas de seguridad en los yacimientos, con el objetivo de fortalecer la prevención y el conocimiento de los trabajadores.
Para Ochoa, esas jornadas deberían permitir abordar cuestiones específicas de la actividad y, al mismo tiempo, generar un espacio de diálogo entre trabajadores, especialistas, empresas y organismos públicos. Su experiencia personal después de la muerte de su hermano la llevó a poner especial énfasis en aquellos aspectos de la seguridad minera que considera que requieren mayor conocimiento y atención.
“Poco se habla” de la ingeniería en ventilación, señaló, al referirse a uno de los aspectos que considera centrales a partir de lo ocurrido con Daniel.
La propuesta también contempla la participación de especialistas en seguridad e higiene, rescate minero e ingeniería, de manera que las jornadas puedan abordar diferentes dimensiones de la prevención.
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A más de dos años de la tragedia de Cerro Negro y más de un año de la sanción y promulgación de la Ley N° 3926, el reclamo vuelve a poner el foco en la necesidad de transformar las normas de seguridad en acciones sostenidas.
“Esa era como la idea principal de esto”, resumió Ochoa y dejó una última expresión que sintetiza el objetivo de su planteo: “Ojalá se cumpla pronto”.
La aplicación efectiva de la ley dependerá ahora de la articulación entre el Estado provincial y las empresas mineras, tal como establece la propia norma. Para el sector, el desafío consiste en que una fecha nacida de una tragedia pueda convertirse en una instancia permanente de prevención, capacitación y participación de los trabajadores.
Fuente: TVeo de Río Gallegos, entrevista a Gisela Ochoa.
Fuente normativa: Ley Provincial N° 3926.
