El gobernador, Claudio Vidal, respaldó públicamente los controles realizados en Cerro Negro, reivindicó el rol del Estado como autoridad de aplicación y sostuvo que Santa Cruz acompaña los proyectos productivos, pero con una condición central: seguridad, empleo local y cuidado ambiental.
Por primera vez desde que comenzó la escalada de tensión en Cerro Negro, el gobernador Claudio Vidal se refirió públicamente a la situación que involucra a Newmont, trabajadores, organizaciones gremiales, proveedores y al propio Gobierno provincial.
Lo hizo en diálogo con LU14 Radio Provincia, donde defendió el accionar de los organismos provinciales y dejó una definición política que atraviesa buena parte de la discusión de los últimos días: la actividad minera tiene respaldo, pero la prioridad del Estado son los trabajadores.
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“Primero los trabajadores”, sintetizó Vidal al explicar la posición del Gobierno frente a los controles realizados en el yacimiento.
El gobernador sostuvo que el objetivo central de la provincia es “defender a nuestros trabajadores, resguardar su integridad física, generar mano de obra local y cuidar el medio ambiente”. Y ubicó esas prioridades dentro de una mirada que, al menos en su planteo, no cuestiona la actividad minera ni los proyectos productivos.
“Yo soy una persona que viene del sector privado, del sector extractivo, apoyo y acompaño los proyectos productivos, pero con cuidado”, señaló.
La definición adquiere particular relevancia después de una semana en la que Cerro Negro quedó en el centro de una situación que fue escalando desde reclamos vinculados con trabajadores y condiciones laborales hasta una intervención provincial de amplio alcance.
Una semana que puso al Estado en el centro
La inspección provincial involucró a distintos organismos y derivó en observaciones y medidas preventivas sobre cuestiones relacionadas con seguridad, higiene, documentación, transporte y cumplimiento de normativa laboral. También participaron representantes gremiales y se produjo una fuerte tensión alrededor del acceso al yacimiento y la continuidad de determinadas actividades.
En ese escenario, el Gobernador provincial no se había manifestado hasta ahora con alguna definición pública sobre el conflicto en particular. Hoy el mandatario provincial se expresó públicamente y reivindicó el papel de la provincia como autoridad de aplicación.
“Lo único que hicimos, como autoridad de aplicación, fue ingresar al lugar y controlar lo que tenemos que controlar, nada más y nada menos”, afirmó.
La frase apunta directamente a uno de los puntos centrales de la discusión: si los controles realizados constituyen una intervención excepcional sobre una operación minera o, por el contrario, forman parte de las responsabilidades habituales del Estado provincial.
Para Vidal, la respuesta es clara: controlar es una obligación de la autoridad de aplicación.
El gobernador también cuestionó la utilización política del conflicto. “Después que algunos actores de la política quieran hacer un circo de esto, a mí me da lo mismo”, expresó, para volver inmediatamente al eje que eligió para explicar su posición: “Yo, primero como trabajador, defiendo a los demás trabajadores”.
Minería si, pero con condiciones
La declaración de Vidal también permite ubicar el conflicto dentro de una discusión más amplia sobre el modelo minero que Santa Cruz pretende sostener.
El Gobierno provincial viene planteando la necesidad de incrementar el empleo local, fortalecer la participación de proveedores santacruceños y garantizar que la actividad genere un impacto económico mayor sobre las comunidades donde se desarrolla.
En ese sentido, las palabras del gobernador conectan tres reclamos que durante los últimos días aparecieron de manera recurrente: seguridad laboral, cumplimiento de las normas de empleo local y mayor participación de la economía santacruceña en la actividad minera.
No es un planteo contra la minería. Vidal fue explícito al señalar que acompaña los proyectos productivos y que proviene del sector extractivo.
La discusión pasa por otro lugar: qué condiciones deben acompañar esa inversión y quién debe garantizar que se cumplan.
Y allí el gobernador coloca al Estado provincial en un papel activo.
La definición llega además después de que distintos sectores vinculados a la actividad —desde organizaciones gremiales hasta cámaras de proveedores— reclamaran que la salida al conflicto se construya mediante el diálogo, el cumplimiento de las normas y reglas claras para todos los actores de la cadena minera.
En ese escenario, la frase de Vidal funciona también como una señal hacia el sector empresario: Santa Cruz sostiene la producción y la inversión, pero espera que ese acompañamiento tenga como contrapartida el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales, ambientales y de contratación local.
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El desafío ahora será que esa posición pueda traducirse en una salida institucional al conflicto que permita corregir las situaciones observadas, garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores y recuperar previsibilidad para la operación.
Porque después de una semana de alta tensión, el debate ya no pasa solamente por lo ocurrido en Cerro Negro.
También empieza a definir qué reglas quiere Santa Cruz para su minería en los próximos años y qué lugar ocuparán el Estado, las empresas, los trabajadores y los proveedores dentro de ese esquema.
