Vidal y Santillan
El gobernador Claudio Vidal se reunió con Sebastián Santillán, referente del Ministerio de Trabajo en la Zona Norte de Santa Cruz, para revisar las tareas de fiscalización a las empresas y reforzar los controles sobre el cumplimiento de la Ley 90/10. El encuentro se produce después de varios meses de inspecciones y actuaciones administrativas vinculadas con la contratación de trabajadores locales, en una provincia donde el acceso al empleo minero continúa siendo uno de los principales reclamos de la sociedad y de los sectores vinculados a la actividad.
Según informó el Gobierno provincial, desde la llegada de Santillán al área se intensificaron las inspecciones para verificar las obligaciones laborales y procurar que las nuevas incorporaciones prioricen a los trabajadores santacruceños. La agenda incluye, además, el fortalecimiento de los controles de seguridad e higiene mediante la incorporación de técnicos especializados, con el objetivo de ampliar la supervisión sobre las condiciones en las que se desarrollan las tareas.
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La reunión no representa el inicio de una política nueva, sino la continuidad de un proceso de fiscalización que tuvo antecedentes concretos durante los últimos meses. En septiembre, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, informó que había 37 sanciones en trámite contra 37 empresas mineras por presuntos incumplimientos del régimen 90/10. El funcionario sostuvo entonces que el objetivo debía ser no solamente sancionar a las compañías, sino también garantizar que las oportunidades laborales generadas por la actividad alcanzaran a los trabajadores de Santa Cruz.
Aquellas actuaciones constituyen un antecedente relevante para dimensionar el alcance de los controles, aunque es necesario distinguir entre sanciones en trámite y sanciones firmes. Tampoco se difundió, en la información disponible sobre la reunión de Vidal y Santillán, una actualización que permita establecer cuántas de esas actuaciones concluyeron, qué medidas se aplicaron o si hubo una mejora comprobable en los niveles de contratación local.
En octubre, el Ministerio de Trabajo anunció la conformación de equipos por localidad, integrados por inspectores laborales y técnicos en Seguridad e Higiene. La incorporación de estos perfiles amplía el alcance de las intervenciones, que no se limitan a revisar la documentación de los trabajadores, sino que también comprenden las condiciones de seguridad en los establecimientos. El 22 de octubre, la cartera laboral informó que una inspección a la empresa Quintana había detectado irregularidades en esa materia y que avanzaría con las actas de infracción correspondientes.
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Estos antecedentes permiten entender el contexto en el que se desarrolló la reunión. La Provincia ya había desplegado operativos sobre la Ruta Nacional 3 para verificar el traslado de trabajadores hacia yacimientos mineros y petroleros, además de avanzar en la coordinación territorial de las delegaciones laborales. El refuerzo anunciado ahora apunta a sostener esas tareas y ampliar la capacidad de supervisión, aunque el comunicado oficial no precisa cuántos equipos se encuentran efectivamente operativos ni qué resultados adicionales produjeron las últimas inspecciones.
La Ley Provincial 3.141, modificada por la Ley 3.960, establece el régimen de empleo local conocido como 90/10, que prioriza la contratación de trabajadores santacruceños que reúnan los requisitos de residencia previstos en la normativa. Su cumplimiento involucra a las empresas alcanzadas por el régimen y exige controles que permitan verificar las nóminas laborales, la documentación correspondiente y las condiciones aplicables a los puestos especializados. En una actividad como la minería, donde las operadoras dependen de una extensa red de contratistas y subcontratistas, la fiscalización debe contemplar también esa cadena de servicios.
El desafío consiste en que la prioridad establecida por la ley se traduzca en oportunidades laborales concretas. Para eso, los controles deben acompañarse de información actualizada sobre las empresas inspeccionadas, las irregularidades detectadas, las sanciones aplicadas y la evolución de las contrataciones de personal local. También resulta importante distinguir entre quienes tienen domicilio en la provincia y quienes acreditan la residencia efectiva exigida por la normativa, así como identificar las necesidades de capacitación que permitan cubrir puestos que demandan formación técnica o experiencia específica.
La decisión de reforzar la fiscalización expresa la posición del Gobierno provincial frente a una demanda que atraviesa a las comunidades mineras: que la actividad genere trabajo para quienes viven en Santa Cruz y que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y de seguridad.
La reunión entre Vidal y Santillán reafirma la continuidad de los controles sobre el empleo local y las condiciones laborales. El resultado de esa política dependerá de que la fiscalización sostenida se traduzca en cumplimiento verificable de la Ley 90/10, mayor seguridad en los lugares de trabajo y oportunidades concretas para los trabajadores de Santa Cruz.
