Uocra Puerto Deseado
El sector sindical que respalda a Franco Moreyra y a otros cuatro imputados volvió a denunciar una presunta persecución política y judicial. El reclamo reaviva las controversias alrededor de la investigación por la violenta agresión sufrida por Fabio Dante Cattani en agosto de 2025, mientras persisten interrogantes sobre la situación procesal actual de los acusados.
La causa judicial por la agresión sufrida por el contratista Fabio Dante Cattani en Puerto Deseado vuelve a cobrar protagonismo público a partir de un nuevo pronunciamiento de trabajadores y allegados a los cinco integrantes de la UOCRA investigados por el hecho. A través de una publicación difundida por el perfil de Facebook “Uocra Presente”, el sector reclamó la libertad de sus compañeros, cuestionó el desarrollo de la investigación y sostuvo que existe una persecución política y sindical detrás de las detenciones.
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El mensaje, de fuerte contenido emocional, menciona a Franco, Fabián, Oscar, Carlos y “Ñery”, en referencia a los cinco hombres vinculados con una investigación penal que comenzó en agosto de 2025 y que provocó una profunda conmoción en la comunidad de Puerto Deseado. Sin embargo, las afirmaciones contenidas en el comunicado corresponden a la posición de quienes respaldan a los imputados y no constituyen, por sí mismas, una demostración de irregularidades judiciales.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 11 de agosto de 2025, cuando Cattani fue agredido mientras desarrollaba tareas en una obra vinculada al Sindicato de Judiciales. Según los antecedentes publicados, el ataque involucró a varias personas relacionadas con el ámbito sindical de la construcción y dejó al contratista con lesiones de extrema gravedad, que requirieron intervenciones quirúrgicas e internación en terapia intensiva.
La investigación avanzó sobre la presunta responsabilidad de cinco hombres, entre ellos Franco Moreyra, quien había tenido una participación pública destacada como referente de la UOCRA en Puerto Deseado. Los imputados fueron vinculados con una acusación de tentativa de homicidio agravada por la intervención premeditada de dos o más personas y, durante septiembre de 2025, se conocieron resoluciones que dispusieron su prisión preventiva.
La gravedad de los hechos investigados constituye un aspecto central que no puede quedar relegado frente a los cuestionamientos posteriores. Cattani fue víctima de una agresión cuyas consecuencias físicas fueron severas y cuyo esclarecimiento exige determinar las responsabilidades individuales mediante las pruebas reunidas en el expediente. Al mismo tiempo, la prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una condena, por lo que los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
En su nuevo pronunciamiento, quienes respaldan a los detenidos aseguran que el conflicto fue provocado por personas que mantenían enfrentamientos previos con la delegación sindical. Sostienen que existían denuncias y restricciones de acercamiento, cuestionan el comportamiento de quienes consideran responsables de generar los enfrentamientos y reclaman que la Justicia investigue todas las circunstancias que precedieron a la agresión.
“Exigimos que la Justicia actúe con la misma rapidez para todos. Que se escuche a nuestros compañeros, que se investigue a los verdaderos responsables”, expresa la publicación, que también reclama el fin de lo que sus autores describen como una persecución política y sindical.
Estos planteos encuentran antecedentes en la estrategia judicial de la defensa. Los abogados de algunos de los imputados cuestionaron oportunamente el procesamiento y las medidas de prisión preventiva, señalaron presuntas contradicciones testimoniales y discutieron la interpretación de las pruebas incorporadas a la causa. En particular, respecto de Moreyra, sostuvieron que su presencia en el lugar habría estado relacionada con un intento de mediación y no con la organización de la agresión.
Se trata de argumentos que deben ser evaluados en el ámbito judicial y contrastados con el resto de las evidencias. La existencia de una disputa interna por la representación sindical puede contribuir a comprender el contexto del enfrentamiento, pero no permite establecer por sí sola la inocencia de los acusados ni desvirtuar la gravedad del ataque denunciado.
La situación también expuso diferencias dentro del propio universo sindical. Tras conocerse la agresión, la conducción nacional de la UOCRA manifestó su repudio a los hechos de violencia y reclamó su esclarecimiento. Esa posición institucional contrasta con el respaldo expresado ahora por el sector identificado como “Uocra Presente”, por lo que resulta necesario distinguir ambas manifestaciones y evitar atribuir a toda la organización gremial una postura que no necesariamente comparte.
Para Puerto Deseado, el caso tiene además una dimensión que trasciende el expediente penal. La representación de los trabajadores de la construcción ha estado históricamente vinculada con los reclamos por empleo local, la participación en obras y la incorporación de mano de obra santacruceña a los proyectos productivos, incluida la actividad minera. En ese escenario, los conflictos internos y los episodios de violencia no solamente afectan a sus protagonistas, sino también a la confianza de los trabajadores en las instituciones que deben representarlos.
Extremo Minero abordó anteriormente la situación laboral del sector y recogió declaraciones de Franco Moreyra sobre las dificultades que atravesaban los trabajadores de la construcción en Puerto Deseado, particularmente frente a la falta de oportunidades y la necesidad de una mayor participación local en las actividades económicas de la región. Aquellos antecedentes permiten comprender su exposición pública como dirigente, aunque deben diferenciarse de los hechos que actualmente son materia de investigación penal.
El nuevo reclamo pone nuevamente sobre la mesa una cuestión que requiere información judicial actualizada. Los antecedentes públicos conocidos permiten reconstruir las detenciones, los fundamentos generales de la acusación y algunos de los cuestionamientos presentados por las defensas, pero no alcanzan para determinar con certeza qué resoluciones posteriores pudieron modificar la situación procesal de cada imputado. Tampoco permiten confirmar que exista una persecución política o sindical, como sostiene la publicación.
A más de un año del ataque, el derecho de Cattani a obtener justicia y el derecho de los acusados a un proceso con todas las garantías no son principios contrapuestos. Ambos forman parte de las obligaciones que debe cumplir el sistema judicial. La investigación tiene que establecer qué ocurrió, quiénes participaron, cuál fue la responsabilidad de cada persona y si las medidas restrictivas de libertad mantienen los fundamentos legales que justificaron su aplicación.
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Mientras tanto, el reclamo de familiares, trabajadores y allegados demuestra que las consecuencias del episodio siguen presentes en Puerto Deseado. La respuesta definitiva no puede surgir de las acusaciones cruzadas ni de las manifestaciones públicas de respaldo o rechazo, sino de una investigación capaz de esclarecer los hechos y ofrecer decisiones debidamente fundamentadas.
En una comunidad donde el trabajo, la representación sindical y las oportunidades de desarrollo constituyen preocupaciones permanentes, conocer la verdad sobre lo ocurrido resulta indispensable tanto para la víctima como para los imputados y para los propios trabajadores.
